IU exige explicaciones al Gobierno por la “involución en la transparencia” que impone Defensa al restringir ahora el acceso a documentos que se podían consultar desde 1939

Miércoles, 11 de abril 2018.

Izquierda Unida, a través de su diputada Eva García Sempere y de su senadora Vanessa Angustia, responsables de esta formación en ambas cámaras de los temas de Memoria Histórica, denuncian la “involución en la transparencia” puesta en marcha por el Estado Mayor del Ejército, con la “colaboración necesaria” del Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal. Ambas parlamentarias se refieren a la imposición para que todos los documentos históricos en archivos militares que lleven alguna marca de clasificación sean tratados como ‘clasificados’, a pesar de que hasta ahora podían ser consultados libremente.

De esta forma, al aplicar ahora una decisión tomada en junio de 2016, quedan fuera del alcance de los investigadores y del conjunto de la ciudadanía buena parte de la documentación sobre la Guerra Civil que se custodia en el Archivo General Militar de Ávila, así como toda la documentación clasificada con marcas de ‘secreto’ o ‘reservado’ conservada en otros archivos dependientes del Ejército de Tierra y anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

García Sempere y Angustia exponen que “desde IU hacemos nuestra la grave preocupación manifestada recientemente por el Cuerpo de Archiveros y los/as trabajadores/as destinados en archivos militares, que denuncian con amplio conocimiento de causa esta rocambolesca e inadmisible situación favorecida por el Gobierno del PP”.

Así, por ejemplo, desde la Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal) se ha advertido de esta restricción en el acceso a documentos bajo custodia de centros militares que los investigadores sí podían consultar y reproducir desde 1939. Esta asociación avisó en un comunicado reciente que esto supone un ‘retroceso de décadas en lo que se refiere al acceso de los ciudadanos a la información y a la cultura, así como un grave menoscabo de la esencia misma de un archivo público, abierto en principio a todos los ciudadanos para asegurar la memoria individual y colectiva’.

En este contexto, el pasado 2 de abril el Instituto de Historia y Cultura Militar, órgano responsable de la protección, conservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico del Ejército de Tierra, comenzó a asumir la gestión del Archivo General Militar de Ávila.

Por todos estos motivos, las parlamentarias de Izquierda Unida han registrado una serie de preguntas parlamentarias escritas dirigidas al Ejecutivo desde sus respectivas cámaras. Entre otras cuestiones, piden explicaciones precisas sobre “¿qué normas regirán a partir de ahora el acceso a los fondos documentales de la Guerra Civil Española que se conservan en el Archivo General Militar de Ávila?” y “¿qué limitaciones se impondrán al acceso y consulta de dichos fondos?”

Exigen también que el Gobierno aclare “¿qué cambios supondrá la nueva gestión del Archivo General Militar de Ávila por parte del Instituto de Historia y Cultura Militar?” y si piensa respetar “el Reglamento de Archivos Militares del Ministerio de Defensa para garantizar el acceso de investigadores e investigadoras a estos archivos y la realización de sus labores?”

La situación ha llegado a tal punto que hasta los/as trabajadores/as de los archivos militares mostraron su desacuerdo de forma pública recientemente en redes sociales de un modo muy efectivo y ocurrente:

Hoy 2 de abril, cautivo y desarmado el Cuerpo de Archiveros, el @IHyCM_ET ha ocupado las últimas posiciones. El Archivo General Militar de Ávila ha terminado…. por claudicar al despropósito. Se limita el acceso a los fondos de la Guerra Civil. @PubliPatDef @Defensagobpic (@ArchiMilEsp)