Arturo Peinado (Foro por la Memoria): “La salida del dictador es sólo el primer paso”

Entrevista en El siglo futuro. 10 de octubre, 2019

Sus declaraciones sobre las 13 Rosas pueden sentar a Javier Ortega Smith en el banquillo de los acusados. O no. Porque las víctimas del franquismo no tienen el reconocimiento jurídico del que sí gozan otros colectivos para poder perseguir el delito de injurias esgrimido en una querella prevista contra el número dos de Vox. Desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria reclaman soluciones a problemas que, como éste, seguirán pendientes tras la salida de Franco de Cuelgamuros. Su presidente, Arturo Peinado, anuncia que para el 20 de noviembre y como vienen haciendo desde hace una docena de años,“estaremos en la puerta del Valle de los Caídos exigiendo su desmantelamiento como lugar de peregrinación fascista”.

La Asociación Trece Rosas de Asturias ya ha iniciado los trámites para querellarse contra Javier Ortega Smith por injurias a las 13 Rosas, 13 jóvenes fusiladas en Madrid por el régimen franquista en 1939. ¿Por qué cree que el secretario general de Vox haga estas declaraciones a punto de exhumarse Franco y de que se celebren elecciones? ¿Cree que es tan potente el franquismo sociológico en España?
El franquismo sociológico en España es bastante potente porque no se ha tocado desde el punto de vista de la transición. La democracia no ha juzgado la impunidad criminal y política, el expolio masivo a las propiedades de los republicanos y los beneficios por el trabajo en condiciones de esclavitud no se han cuestionado. Ni siquiera se ha cuestionado cómo la familia Franco ha adquirido propiedades como el Palacio de Cornide, el Pazo de Meirás, las estatuas de la catedral de Santiago… Hay mucha gente que se vio beneficiada por un sistema plagado de corruptelas y eso, al cabo de 40 años, creó un amplio sector de franquismo sociológico que estaba dentro del PP.

¿Cree que ha cambiado algo en la derecha española? Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, sólo se ha escuchado en el PP una reacción polémica por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando de quemar iglesias como en el 36.
Sí, los franquistas estaban antes en el PP y Vox es ahora la parte más ultrarreaccionaria y sin complejos. Respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid ya hemos visto sus permanentes meteduras de pata y estas declaraciones son una mezcla de mala fe y maldad con bastante indigencia intelectual.

Hablando de iglesias. ¿Cómo compara el papel que jugó la jerarquía católica durante la guerra y la dictadura y el que ha jugado ahora, desde que el Gobierno anunció su intención de sacar a Franco de la basílica del Valle? Sin mencionar al prior, que ha ido por libre durante este proceso.
Uno de los grandes problemas de la sociedad española es que la Iglesia no se haya planteado pedir perdón por aquello. Hubo una declaración en los años 70 por parte de un grupo de sacerdotes, pero no llegó a ser unánime. Ahora hay un arzobispado en Madrid bastante menos reaccionario que el de Antonio María Rouco Varela y entiendo que habrá habido presiones por parte del Gobierno y del Vaticano para que este tema se solucione. Nosotros hemos constituido una plataforma  llamada ‘Ni Valle ni Almudena’ donde estamos más de cien asociaciones de todo tipo; sindicatos, partidos políticos, asociaciones feministas, vecinales… y varios grupos de católicos de base. Fuimos a presentar una petición al arzobispado contra la intención de la familia Franco de inhumarlo al dictador en la basílica de la Almudena y entre las seis personas que llevamos el documento había dos sacerdotes. Entiendo que ha cambiado mucho respecto al franquismo, pero continúan existiendo rémoras en la Iglesia porque se benefició con riqueza, poder y fundamentalmente el control del sistema educativo.

Ni Valle ni Almudena. ¿Y Mingorrubio? Porque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se opone a la inhumación en un cementerio público.
Los restos de Franco han de dejar de ser un problema público para convertirse en un asunto privado. Cuando sea trasladado a Mingorrubio se debe dejar de financiar. Y el Ayuntamiento de Madrid, que durante estos años ha sostenido económicamente el mantenimiento del mausoleo familiar, debe dejar de hacerlo. Si se dice que no a Mingorrubio, habrá que decir algún sitio. Nosotros decimos Mingorrubio pero con un cambio en las condiciones de propiedad y gestión.

¿Cree que el número dos de Vox podría ser condenado por la vía penal? La reforma de 1995 elimina la posibilidad de iniciar un procedimiento por injurias o calumnias contra una persona fallecida. ¿Existe también la posibilidad de proceder por un delito de odio?
Un equipo de abogados nuestros y de otras organizaciones memorialistas están trabajando sobre este asunto, pero es complicado. El de injurias es un delito privado y tiene que ser el ofendido el querellante. En cuanto al delito de odio lo veo poco factible porque no ha prosperado en casos anteriores. ¿Por qué? Porque para que se dé tiene que ir contra un colectivo reconocido por el Estado, como los judíos o las víctimas del terrorismo, y las víctimas del franquismo no cuentan con ese reconocimiento. Nosotros consideramos que el asunto tiene una muy complicada salida desde el punto de vista judicial. Estamos viendo cómo abordar las declaraciones de Ortega Smith, pero entendemos que la solución es política. Hay que hacer una ley de víctimas del franquismo que las reconozca jurídicamente y les dé unos derechos similares o del mismo nivel que las víctimas del terrorismo. De este modo sería perseguible penalmente la calumnia y la injuria, pero nos encontramos en un país donde mentir y falsificar la historia sale gratis.

“Las declaraciones de Ortega Smith tienen una muy complicada salida penal porque nos encontramos en un país donde mentir y falsificar la historia sale gratis”.

¿Están entonces estudiando la vía civil?
Sí, vemos que ir por la vía civil por vulneración del derecho al honor es bastante más factible. Hace diez o doce años, después de que Pío Moa dijera que las víctimas del franquismo habían sido escarmentadas, presentamos una denuncia que acabó siendo desestimada por el juez, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo digo no porque hiciera una lectura conservadora, sino porque prácticamente es inviable ese procedimiento con la legislación que tenemos. Si se pudiese actuar por delito de odio, calumnias o difamaciones, podríamos haber conseguido condenas contra muchos de estos pseudohistoriadores revisionistas que han publicado infamias de manera permanente con gran respaldo de medios de comunicación.

El Supremo tumbaba estos días los últimos intentos por impedir la exhumación del dictador. ¿Qué representa una noticia así para su federación?
Para nosotros y para todos los compañeros de la plataforma ‘Ni Valle ni Almudena’ supone una alegría y un éxito de muchas asociaciones de memoria histórica. Mi organización y otras más llevamos más de una docena de años concentrándonos cada 20 de noviembre en la puerta del Valle de los Caídos, mandando comunicados de prensa, celebrando reuniones y concentraciones de todo tipo… y eso ha cuajado en el conjunto de la sociedad. Nos parece también que es un primer paso. La salida del dictador es lo primero de todo lo que queda por hacer. El estatus jurídico de los religiosos de la basílica, la simbología franquista, la propia cruz… Son elementos que hay que abordar y resolver de manera satisfactoria. Siempre hemos defendido que tiene que ser un lugar de memoria democrática dedicado a las víctimas del franquismo y muy concretamente a los trabajadores esclavos que lo construyeron. Peleamos por eso y por dar una salida a los restos de los miles de republicanos que allí se trasladaron en los años 50 y 60.

¿Dónde van a estar el próximo 20 de noviembre?
Hablaremos con los compañeros del Foro Social de la Sierra del Guadarrama, pero el sábado anterior o posterior, ya lo acordaremos, estaremos en la puerta del Valle de los Caídos exigiendo su desmantelamiento como lugar de peregrinación fascista y franquista.

Si el PP gana las elecciones derogará la ley de memoria histórica y la sustituirá por la llamada ley de concordia. ¿Qué opina de esta propuesta?
Es la vieja equidistancia de la Transición. Son los organismos internacionales de derechos humanos los que han dicho que hay un sector de la sociedad, un colectivo de varios cientos de miles de personas como son las víctimas del franquismo, que han sido maltratadas y abandonadas por parte del Estado español, al que han mandando una serie de recomendaciones para que cumpla con ellas. Esa es la idea a seguir. Nosotros, como decía antes, apuntamos que tiene que haber una ley de víctimas del franquismo.

Si por el contrario es el PSOE el que logra formar Gobierno, ¿cree que abordará las grandes demandas pendientes, como las exhumaciones de las víctimas, la reforma de la Ley de Amnistía o la anulación de los juicios franquistas?
Parte sí. También dependerá de la composición del futuro Gobierno.

 ¿Cree que sin Unidas Podemos el PSOE no lo haría?
Sí, en buena parte. El 26 de agosto participé en la reunión sobre memoria histórica que convocó el presidente del Gobierno en funciones con una treintena de personas. El PSOE ya había presentado el 19 de julio una nueva ley de memoria que ha quedado en nada con la disolución de las Cortes, pero creo que si forma Gobierno su propuesta va a ir por ahí. Yo en cambio defendí una ley de víctimas para la equiparación de sus derechos con los de otros colectivos como las víctimas del terrorismo. También reclamamos la nulidad de la ley de amnistía, que está funcionando como una ley de punto final por ejemplo con las peticiones de extradición desde Argentina, y consideramos que las exhumaciones de las fosas del franquismo tiene que hacerla un juzgado o fiscalía especializada. Es inaceptable que intenten vendernos el sistema que se aprobó en la ley de memoria de 2007, que incumple la ley de enjuiciamiento criminal donde se dice que, si se encuentran restos con signos de violencia, se tiene que hacer cargo un juez y la policía judicial. No es lógica la derivación a la vía administrativa que aplicó la ley de memoria, con la cual y tras solicitar un permiso, una administración subvenciona a una asociación particular o agrupación de familiares. Tanto Podemos como Izquierda Unida, formando parte el mismo grupo parlamentario, han presentado dos iniciativas independientes en el Congreso, pero todavía nos parece que hay elementos bastante mejorables.

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