El Gobierno responde a Carles Mulet tras denunciar la recuperación de la denominación fascista de la calle Cañero en Córdoba

La plaza de Cañero dejó de denominarse así el día 4 de junio, cuando los operarios de Movilidad sustituyeron el rótulo que tuvo desde los años ochenta por otro con el que empezaría a conocerse como de los Derechos Humanos. Sin embargo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba estimó el recurso presentado por Aurora Cañero López, sobrina del rejoneador Antonio Cañero, y la Asociación Campera y de Rejoneo Antonio Cañero, que dejó sin efecto el acuerdo aprobado por el 13 de febrero del 2018 por el pleno del Ayuntamiento y “el posterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de denominar a la referida plaza como De los Derechos Humanos”. Así lo contamos el pasado 31 de julio de 2019, dejando constancia de que el Artículo 32, Capítulo III, de la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática dice textualmente «las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad», y entre otros aspectos, concreta estos elementos en «alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la Dictadura franquista«.

Este flagrante incumplimiento de las leyes de memoria estatal y autonómica fue llevado al Senado el pasado 16 de diciembre de 2019 por el Carles Mulet. Hoy, conocemos la respuesta al escrito: «el tema planteado debe ser resuelto en el ámbito municipal, por lo que el Gobierno no puede actuar en este caso ni en otros semejantes«. Así pues, desde el Gobierno central solo se añade que «se han hecho las recomendaciones oportunas» a los ámbitos autonómico y local  a través de una «misiva dirigida a más de 650 ayuntamientos repartidos por la geografía española solicitando que acreditaran la existencia o inexistencia de vestigios a los que se refiere el artículo 15 y, en el caso de que los hubiera, procedan a dar cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, elaborando un catálogo de vestigios para su ulterior retirada».

Efectivamente, la Ley de Memoria de 2007 contempla «recomendaciones» para que se retiren símbolos o -en este caso- nombres en el callejero que ensalzan a criminales como Antonio Cañero, pero no establece ningún tipo de medida que garantice el cumplimiento de la norma. Así, como en el caso de Cañero, otras dos calles acaban de perder en Córdoba sus nuevas denominaciones –Foro Romano y la avenida del Flamenco- tras decisión del consistorio gobernado por PP y Ciudadanos para recuperar los nombres franquistas que el anterior ayuntamiento (PSOE-IU) eliminó tras un minucioso examen encargado a una Comisión de Memoria el año pasado.

Operarios del Ayuntamiento de Córdoba rotularon el pasado 11 de marzo de nuevo estas dos vías tras ordenanza municipal con los nombres de Cruz Conde y Vallellano. Son otros dos casos claros de incumplimiento de las leyes de memoria; Vallellano fue alcalde de Madrid y Ministro de Obras Públicas durante la dictadura franquista, mientras que José Cruz Conde fue el principal organizador del golpe de 1936 contra el Gobierno democrático y legítimo de la II República en Córdoba. A Cruz Conde se le atribuye un papel de coordinación en el golpe militar, con una represión que en Córdoba se saldó con unas cuatro mil víctimas.

A continuación, la pregunta escrita dirigida al Senado y la respuesta;

PREGUNTA ESCRITA

(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

Expediente:

684/000243

El Artículo 32, Capítulo III, de la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática dice textualmente «las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad», y entre otros aspectos, concreta estos elementos en «alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la Dictadura franquista». Independientemente de su actividad como regoneador o de sus donaciones de terrenos, está – sin embargodemostrado y recogido por fuentes escritas y testimonios orales que Antonio Cañero participó en las matanzas contra civiles en varios pueblos de la provincia de Córdoba encabezando una columna de paramilitares, la llamada «Columna Cañero de caballistas y garrocheros. Dicha columna sembró el terror en los alrededores de Córdoba y pueblos de la provincia durante el levantamiento militar contra el gobierno elegido por el pueblo en 1936. Así lo recge, entre otros, el riguroso historiador Francisco Moreno en su libro «1936, el genocidio franquista en Córdoba» (pags. 190-191) o el testimonio de un testigo de la época, también recogido por Moreno, en la que declara, «Al Algabeño y a Cañero los he visto yo tirotear con fusiles de montería a los presos de la cárcel de Antequera, donde yo estaba de guardia…».

En el hipotético caso de que se retirase una placa denominada «de los Derechos Humanos» para recolocar una a Adolf Hitler en cualquier calle de una ciudad en Alemania, creemos que ningún juzgado alemán tendría la ocurrencia de reponerlas porque no se colocaron por su papel de genocida, sino por su faceta como defensor de la agricultura orgánica, el vegetarianismo y el culto a la naturaleza. Lo mismo para cualquier otro asesino bajo las órdenes del III Reich.

En esos años tras el golpe fascista del 36, la prensa republicana recogió una parodia en verso que lo describe a la perfección: «Llena las calles de Córdoba, con regodeos de los finos; fascistas de a caballo, entre escuadrón de asesinos» […]

Ante este insulto y humillación a las víctimas del franquismo, dentro de sus competencias, ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno?

Firmado electrónicamente por:

CARLES MULET GARCÍA

Fecha Reg: 16/12/2019 14:04 Ref.Electrónica: 93627 –

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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe indicar que teniendo en cuenta que la denominación “Antonio Cañero” identifica una vía pública de la ciudad de Córdoba, el tema planteado debe ser resuelto en el ámbito municipal, por lo que el Gobierno no puede actuar en este caso ni en otros semejantes.

No obstante, y con carácter general, es preciso indicar que desde la aprobación de la „Ley de Memoria Histórica‟, en diciembre de 2007, se han reducido de manera muy notoria el número de vestigios relativos a la guerra civil y a la dictadura en nuestro país. Como Estado de Derecho debemos atenernos a las reglas sobre distribución de competencias que rige en nuestro sistema normativo, encabezado por la Constitución Española de 1978 y, en tal sentido, es cabe señalar que la elaboración del catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y a la dictadura corresponde a cada una de las Administraciones con competencia territorial.

La actuación de la Administración General del Estado en relación con los vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura resultó efectivamente acotada en el informe correspondiente de la Comisión Técnica de Expertos, creada en el seno del Ministerio de Cultura y Deportes, donde se evaluaron y catalogaron aquellos símbolos o restos dependientes de la Administración General.

Cabe añadir, como ya se hizo en respuesta a sus preguntas, que en el espacio autonómico y municipal se han hecho las recomendaciones oportunas.

En este sentido, la Dirección General de Memoria Histórica remitió, a comienzos de 2019, una misiva dirigida a más de 650 ayuntamientos repartidos por la geografía española solicitando que acreditaran la existencia o inexistencia de vestigios a los que se refiere el artículo 15 y, en el caso de que los hubiera, procedan a dar cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, elaborando un catálogo de vestigios para su ulterior retirada. El objeto de la misiva consiste en obtener la información precisa de cara a la futura elaboración de un informe final sobre el cumplimiento de la Ley en materia de vestigios (que será dado a conocer de forma pública). La fase de respuesta permanece abierta en la actualidad.

Por último, cabe indicar que existe la voluntad de dar traslado formal de toda comunicación recibida sobre la existencia de estos vestigios a las Comunidades Autónomas o municipios afectados, con ocasión de las reuniones en que participen ambas Administraciones a fin de que, en el ejercicio de sus competencias, adopten las decisiones oportunas.

Madrid, 11 de marzo de 2020.