Las conclusiones de la Comisión Nacional de la Verdad se confirman en un informe de la CIA

El informe de la CIA (Agencia de Inteligencia de Estados Unidos) que se publicó el pasado jueves (10) fue considerado como la confirmación de una tesis defendida por los historiadores y la Comisión Nacional de la Verdad, de que la ejecución y la tortura contra los opositores de la dictadura militar no era aleatoria o practicada de forma independiente por militares más violentos, pero aprobada por la cúpula del poder. Es lo que dice José Carlos Dias, que fue presidente de la Comisión Nacional de la Verdad.

“Viene a referir lo que la Comisión Nacional de la Verdad colocó en su informe. La tortura, las muertes formaban parte de una política de Estado.”

El documento, enviado por el ex director de la CIA al secretario de Estado de Estados Unidos, relata dos reuniones en las que la alta cúpula del gobierno brasileño afirma que al menos 104 opositores del régimen fueron ejecutados. Y el presidente brasileño recién egresado, general Ernesto Geisel, ordena al entonces jefe del Servicio Nacional de Información (SNI) y sucesor de Geisel en la presidencia, general João Baptista Figueiredo, que los asesinatos deberían continuar.

En el informe de la Comisión Nacional de la Verdad, se hacen varias recomendaciones al gobierno brasileño. Y José Carlos Dias espera que esta nueva revelación presione al Estado para adoptar las orientaciones. En particular, una de ellas.

“Una de las recomendaciones de la Comisión está en la revisión de la Ley de Amnistía. Es un momento en que esperamos del Supremo Tribunal Federal revisar la colocación anteriormente asumida con referencia a la Ley de Amnistía.”

La Ley de Amnistía es de 1979, promulgada por el general Figueiredo tras una intensa campaña de la sociedad. Ella dio el perdón a todos los que cometieron crímenes políticos desde 1961. El entendimiento actual es que la ley perdona incluso torturadores y asesinos de la dictadura.

La revisión de la Ley de Amnistía es solicitada en el Supremo Tribunal Federal (STF). La OAB, Orden de los Abogados de Brasil, entró con una acción en el STF y perdió en 2010. Otra acción, presentada por el PSOL, está parada en el gabinete del relator, ministro Luiz Fux.

El presidente de la OAB, Claudio Lamachia, defendió que se abra una investigación para confirmar los hechos narrados en el informe de la CIA y cree que el documento puede contribuir a la discusión sobre la Ley de Amnistía en el Supremo.

“Sin duda alguna, a partir de esos hechos nuevos, tendremos, si se confirman estos hechos, un desdoblamiento más arriba de esa discusión que se libra en el Supremo.”

El Instituto Vladimir Herzog también defendió en nota la re-interpretación de la Ley de Amnistía, además del reconocimiento de la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas. Herzog era periodista y fue uno de los asesinados por la dictadura en 1975, tras el orden descrito en el documento de la CIA.

De parte del gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, habló con periodistas, y dijo que es necesario un intercambio de informaciones oficiales para que el gobierno se pronuncie.

Sonora: “Estos son documentos de la CIA. El gobierno no tiene un conocimiento oficial de nada que se refiere a ello. Para que se pronuncie oficialmente sobre ese asunto es necesario tener acceso oficial de gobierno al gobierno para poder hacer un comentario en el caso de que las informaciones sean, de hecho, confirmadas.

Jungmann afirmó además que las Fuerzas Armadas son un activo democrático. Al ser preguntado si el gobierno brasileño iba a averiguar el informe, él dijo que el ministro de Defensa es quien debe responder, pero que, en su opinión, debería tomarse alguna medida.

El Ministerio de Defensa ya había respondido, por medio de nota, que se destruyeron los documentos confidenciales referentes al período del informe y que podrían comprobar si los hechos narrados son verdaderos. La destrucción, según la nota, ocurrió de acuerdo con las normas existentes en la época.

Edición: Redacción EBC