IU reclama al PP que «tome medidas inmediatas» sobre sus tres cargos públicos premiados por la Fudación Francisco Franco por saltarse la Ley de Memoria Histórica

Izquierda Unida, a través de su Secretaría de Memoria Democrática y de los/as diputados de esta formación en el Congreso, reclama al PP que “tome medidas inmediatas” sobre los tres cargos públicos de esta formación que lidera Mariano Rajoy que asistieron a la cena organizada por la Fundación Francisco Franco y fueron galardonados por ésta con el diploma de ‘Caballero y Dama de Honor’ por incumplir de forma sistemática en sus municipios la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el Congreso en 2007, así como por honrar la figura del dictador con el ejercicio de su labor pública.

Estos tres dirigentes y cargos públicos ‘populares’ son el secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales; el alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, y la alcaldesa de Alberche del Caudillo, Ana Rivelles, galardonados todos ellos/as en la mencionada cena celebrada en Madrid el pasado día 2.

Esther López Barceló, responsable federal de Memoria Democrática de IU, advierte con contundencia que “desde IU no podemos permitir que a estas alturas se legitimen actos de esta naturaleza. Además, si el PP y el Gobierno de Rajoy lo consienten, no actúan de forma contundente a nivel interno en su partido y permiten esta flagrante vulneración de la legalidad, deben dar explicaciones públicas de los motivos por los que lo hacen”.

De igual forma, López Barceló recuerda que “la ley, pese a sus lagunas, deja muy claro los principios democráticos que deben regir las políticas públicas” y, desde luego, “entre ellos no hay cabida para cualquier relación ni flirteo con la sangrienta dictadura de Francisco Franco que su condena más absoluta”.

Además de las actuaciones políticas que Izquierda Unida ha decidido poner en marcha a nivel estatal, desde la Secretaría de Memoria Democrática de esta formación se ha dado traslado ya de estos lamentables hechos al Relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Pablo De Greiff, para su total conocimiento y con la intención de que se pueda pronunciar sobre ellos.

López Barceló detalla que “parece que algunos desoyen conscientemente y miran para otro lado ante cuestiones concretas, que se escapan del debate partidista, como las “claras consideraciones y exigencias de Naciones Unidas a través del ‘Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición’”.

La dirigente federal de IU apostilla que, entre sus puntos concretos, insta al Gobierno a  evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica y su uso por parte de las víctimas en aras de ajustar los modelos y medidas a los reclamos de las víctimas, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y asociaciones”.

Esther López Barceló considera fundamental, como establece el Relator, “que se eviten disparidades profundas en las leyes relativas al tema entre niveles autonómicos y nacional, asegurando una protección igualitaria y homogénea para todas las víctimas”.

En esta línea, y partiendo de este mismo caso concreto de la Fundación Francisco Franco y las vinculaciones del Partido Popular con ella, los/as parlamentarios/as de Izquierda Unida Alberto Garzón, Eva García Sempere y Ricardo Sixto han registrado ya una proposición no de ley para su debate en la Comisión Constitucional para que el Congreso de los Diputados:  

1.- Repruebe cualquier acto de enaltecimiento del franquismo, como el que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre en el Hotel Novotel en Madrid a través de la fundación Francisco Franco, y ratifique la expresa condena del franquismo ya realizada por esta Cámara en el año 2002.

2.- Rechace la actitud de cualquier cargo público que participe en actos de homenaje al dictador, repruebe la actividad de la fundación Francisco Franco, e inste al Gobierno a que revise cualquier tipo de ayuda pública que reciba dicha fundación.

3.- Inste al Gobierno a tomar las medidas necesaria para que se cumplan las recomendaciones de la ONU establecidas en el ‘Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición’.