Piden retirada del nombre franquista de una residencia de estudiantes

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado para que determine si debe actuar contra el incumplimiento del ministerio de Defensa que mantiene un nombre de un ministro franquista en una residencia de estudiantes de la Armada.

Se trata de la residencia Teniente General Barroso, ubicada en Santiago de Compostela, que fue inaugurada en la dictadura cuando el citado mando del ejército franquista era ministro del Ejército; un militar que se sumó al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y ocupó incluso el puesto de jefe de la casa del dictador.

En el escrito la ARMH señala:

El teniente general Antonio Barroso y Sánchez Guerra se sumó al golpe de Estado del 18 de julio de 1936, para derrocar al Gobierno legítimo. Ocupó diversos puestos de responsabilidad en la dictadura, alcanzando el grado de teniente general, que da nombre a la residencia de estudiantes, en 1955, poco antes de ser nombrado jefe de la Casa Militar del dictador Francisco Franco. Ocupó además el cargo de ministro del Ejército y fue miembro de unas Cortes que durante cuarenta años no respetaron la libertad.

Es por eso por lo que ponemos en conocimiento de la Fiscalía la citada situación por si debe tomar las medidas pertinentes contra el Ministerio de Defensa, por el incumplimiento de la Ley (de memoria histórica) y el mantenimiento de un reconocimiento a un militar que rechazó sus obligaciones de defender la legalidad para sumarse al uso de la violencia con el objeto de ocupar el poder. Por ello, entendemos que la permanencia de ese nombre, con el agravante de que se le otorga a un centro de estudiantes de la armada, incumple el artículo 15 de la citada ley y el Ministerio de Defensa debe ser sancionado por tal incumplimiento, cuando han transcurrido más de doce años desde su aprobación y es tiempo más que suficiente para haberla aplicado.

La ARMH cree que es un agravante que las instituciones del Estado incumplan la ley y que se siga otorgando reconocimiento público a quien asaltó y ocupó el poder mediante el uso de la violencia e impidió durante cuarenta años la celebración de elecciones democráticas.

 Adjuntamos el documento presentado a la fiscalía. Y una imagen de la web de la residencia en la que se cuenta su historia.