Víctimas del Franquismo recurrirán a Tribunales Internacionales ante «la falta de respuesta a sus demandas» en España

Hace dos años comenzamos a denunciar a conocidos torturadores del franquismo, aún vivos, ante los tribunales del Estado español. De los más de 35 casos documentados y denunciados, solo uno fue admitido a trámite, para ser cerrado inmediatamente por un juez sustituto. Ha ocurrido lo mismo con las querellas municipales: en las únicas dos admitidas a trámite, se ha sustituido a los jueces que habían «osado» hacerlo.

A este bloqueo no es ajena la Circular de la Fiscalía del Estado que hace un par de años fue enviada a todos los juzgados, instruyéndoles a rechazar querellas por crímenes del franquismo, con argumentos que han sido rebatidos repetidamente por los organismos internacionales de derechos humanos: los crímenes de lesa humanidad como los denunciados, ni prescriben, ni pueden ser amnistiados.

Vamos a seguir reclamando justicia ante los tribunales españoles, incluyendo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y tras ser rechazados por éste (como ya ha sucedido en 5 casos), vamos a elevar nuestra reclamación a los tribunales internacionales: En concreto, ante los Comités de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Contra la Tortura, y Para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea.

Ello obligará a querellantes, abogados y abogadas a trasladarse hasta las sedes de dichos tribunales (Ginebra, Estrasburgo y Nueva York). Sufragar los gastos aparejados a estas comparecencias es la razón de esta campaña de recaudación de fondos.

Mantenemos el objetivo principal que ya tuvimos con la primera parte de este proceso:

Conseguir que los crímenes del franquismo sean juzgados

Conseguir que se juzgue un delito de lesa humanidad sucedido en nuestro país debería ser tan básico como respirar. Sin embargo, tras pasar por todos los tribunales internos, tenemos que tratar de conseguir que, al menos en un tribunal internacional, podamos tener acceso a la Justicia. Es este uno de los derechos que se nos están vulnerando desde hacer años en los tribunales estatales.

Gran parte de la normativa internacional ya define claramente lo que es un delito de lesa humanidad, que los mismos no prescriben y que no son aplicables las llamadas «Leyes de Punto Final» como se puede considerar a nuestra Ley de Amnistía de 1977, que perdona todos los delitos del franquismo «en pro del avance democrático».

Objetivos específicos:

Permitir el acceso a la justiciade las víctimas (o de sus familiares) que sufrieron tortura por la policía política de la dictadura
Llevar a los torturadores del tardo-franquismo ante la justicia.
Desvelar ante la sociedad las prácticas criminales de la dictadura

El simple hecho de que sean llevados ante un juez nos ha sido negado. Por lo tanto, se considera como un paso esencial para el proceso de justicia y de verdad.

Entendemos que los tribunales internacionales no tienen el peso
Por eso, consideramos que es factible que los delitos de tortura sean juzgados por estos tribunales internacionales. Porque no podemos rendirnos.

La motivación última es abrir una brecha en la justicia respecto a los crímenes del franquismo, mediante su investigación y condena, incluyendo la determinación de las culpabilidades y la reparación de las víctimas, en ejercicio del derecho irrenunciable a la verdad, justicia y reparación.

Nos dirigimos a todas aquellas personas que consideran que la justicia española tiene una gran falta de independencia, y que el poso del franquismo está en algunas de sus actuaciones. También a aquellas y aquellos que consideran que el cumplimiento de los Derechos Humanos es la base para que la humanidad pueda seguir adelante, sin dar pasos hacia atrás en esos derechos fundamentales de las personas, restaurados tras la II Guerra Mundial, y que parecen tambalearse ahora con las políticas ultraderechistas.

El impacto de la consecución de que se juzguen los delitos de torturas puede abrir una vía para la verdadera reconciliación de nuestra sociedad, que mantiene una ruptura en la que los «vencedores» creen tener aún derecho sobre los «vencidos». Rompamos esas dinámicas desde la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La Comuna, asociación de presxs y represaliadxs del franquismo nació en 2010, integrada por personas que lucharon por la democracia aún a costa de su propia vida y salud.

Ante el permanente rechazo de la jurisdicción penal española para procesar los crímenes del franquismo (amparándose en la Ley de Amnistía citada), interpusimos, en base al principio de justicia universal, una querella criminal en Buenos Aires (conocida como La Querella Argentina), en 2011, único proceso penal abierto contra los crímenes del franquismo.

Se cuenta con un equipo sumamente solvente de juristas, fogueado en el derecho internacional de los derechos humanos a través del trabajo realizado en la Querella Argentina y en el resto de iniciativas jurídicas emprendidas desde la plataforma ya citada de CEAQUA, equipo ampliado recientemente con la la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina en Galicia y su asentamiento en Aragón.

El equipo que lleva más tiempo trabajando lo hace desde que se inició la Querella Argentina, que también es la que ha hecho un trabajo imprescindible en los distintos ámbitos políticos (Europa, Congreso de los Diputados, Cámaras autonómicas, ayuntamientos…) y en la difusión de la labor contra el franquismo que ya no puede pasar inadvertida.

El trabajo del grupo de voluntariado con que contamos en Madrid como en otras ciudades del estado está bien articulado y coordinado. Además hay tres personas que realizan labores permanentes de coordinación, comunicación y difusión.

Las personas que formamos parte de La Comuna (junto con personas de otras entidades) estamos trabajando junto con los directores y la productora de El Silencio de Otros para la difusión de esta lucha a través de la proyección del documental y su debate posterior. Esta ayudando mucho a que se sumen al trabajo nuevas personas voluntarias.