La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica contra las declaraciones sobre la Guerra Civil del Ministro de Interior

En el día de hoy, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo, contra unas declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, llevó a cabo unas declaraciones en el día de ayer, 21 de septiembre de 2016, en las que crítica a quienes pretenden exhumar entre otros los restos de los generales golpistas, Emilio Mola y José Sanjurjo, cuyos restos descansan en el Monumento a los Caídos de la Ciudad de Pamplona, sostenidos con fondos públicos.

La decisión del ayuntamiento de la ciudad de poner fin al rendimiento de honores a dos de los promotores de una sangrienta dictadura nace del mandato de los valores democráticos, de la afirmación del deber de reconocimiento a quienes defendieron las libertades y del respeto a las miles de víctimas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas, en fosas comunes.

Que el ministro de un Gobierno democrático critique a quienes van a llevar a cabo dicha actuación, con el argumento de que “hay quienes pretenden ganar la guerra muchos años después”, representa un ataque a lo que representa la democracia y a quienes sufrieron durante cuarenta años  la falta de libertades, la persecución política, la imposibilidad de enterrar dignamente a un ser querido y la falta de oportunidades por el hecho de no haber apoyado un golpe de Estado ni celebrar la instauración de una larga dictadura.

Como representante de un Gobierno democrático, el ministro Jorge Fernández tiene que ser estrictamente respetuoso con los valores democráticos y con las víctimas de cualquier hecho violento, independientemente de la ideología que tengan quienes ejerzan la violencia. Su deber es proteger a las víctimas de hechos violentos, respetarlas, y mantener su rechazo hacia quienes destruyeron una democracia en la que por primera vez votaron los hombres y las mujeres con sufragio universal, hubo alternancia de ideologías en el Gobierno y un avance sin precedentes y cuestiones educativas y de protección social.

Tampoco puede servir desde una institución pública el discurso de que debemos mirar hacia el futuro, porque con ese argumento habría que cerrar los juzgados en los que se instruyen causas por hechos y delitos pasados o desactivar la policía que investiga crímenes  que ya han sido cometidos. Las 114.226 personas que permanecen desaparecidas lo están hoy y los estarán mañana y por eso el derecho penal internacional considera las desapariciones forzadas un delito imprescriptible, porque se sigue cometiendo mientras la familia del desaparecido no pueda saber qué le ocurrió y tenga la posibilidad de enterrarlo y llorarlo dignamente.

Tampoco se debería llevar a cabo desde un Gobierno la afirmación de que ya nos reconciliamos en la transición, puesto que los golpistas siguen honrados en grandes monumento erigidos por una dictadura y quienes no apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 permanecen en caminos y cunetas, sin la sepultura digna a la que tiene derecho todo ser humano, independientemente de su ideología. No podemos llamar reconciliación al proceso que deja impunes gravísimas violaciones de derechos humanos y no garantiza los mínimos derechos a decenas de miles de familias.

El relator especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantía de No Repetición, Pablo de Greiff, indicaba al Gobierno español la necesidad de terminar con la discriminación entre víctimas de graves delitos:

“En las transiciones, es crucial para la consolidación democrática y la reconciliación promover una concepción amplia de víctima, que logre abarcar el universo completo de las mismas, sin distinción sobre la base de su afiliación política, su bando, o el de su perpetrador.

Si bien España ha realizado notables esfuerzos para reparar discriminaciones iniciales, propias del régimen franquista, en la actualidad muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como “víctimas de segunda categoría”. Este sentimiento vendría alimentado por una serie de medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a otra categoría de víctimas de delitos graves como el terrorismo.

En este sentido, el Relator Especial alienta a que se aprovechen los debates y revisiones del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito como oportunidad para incluir todas las categorías de víctimas, incluyendo las de la Guerra Civil y el franquismo, promoviendo la participación de las mismas en la elaboración de la ley”

Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. 22 de julio de 2014.

Por todo ello, manifestamos ante la oficina del Defensor del Pueblo nuestra queja como forma de exigir el máximo respeto a todas y cada una de las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin hacer electoralismo ni utilizar diferentes discursos ni recursos para crímenes de extrema gravedad.