La amnistía de febrero del año 1936

El 19 de febrero de 1936, Portela Valladares presidía el que sería su último Consejo de Ministros. En la reunión se dio cuenta del deterioro del orden público porque se habían producido algunos motines en distintas cárceles españolas. Al parecer, en Zaragoza los disturbios en la calle habían sido de importancia. La manifestación que había ocupado unos días antes la Puerta del Sol madrileña había sido un grito por la amnistía. Portela creía que todo esto era obra de los líderes del Frente Popular, victorioso en las elecciones del 16 de febrero. Portela decidió que había que dimitir y no esperar al proceso legal, ni a los plazos para el relevo del poder. Así pues, Alcalá-Zamora se vio obligado a encargar a Azaña la formación de un nuevo gobierno, aunque sabemos que éste hubiera preferido que se hubiera cumplido la legalidad. Era consciente de que las condiciones en las que se produjo el relevo no eran las más adecuadas.

Formado el nuevo gobierno, se comenzó a actuar. En este trabajo nos referiremos a la amnistía aprobada a los pocos días.

La Diputación Permanente de las Cortes aprobaba el 21 de febrero de 1936 la amnistía de todos los condenados por los sucesos de la Revolución de Octubre de 1934, por propuesta de Azaña, y que constituía uno de los puntos más destacados del programa político del Frente Popular para las elecciones:

“A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas. “

Debe tenerse en cuenta que esta amnistía fue demandada por la calle desde el primer momento en el que se produjo la victoria electoral de la izquierda, como hemos señalado. Era evidente que el encarcelamiento de miles de personas a raíz de aquellos hechos había generado un intenso malestar social, muy agudizado en Cataluña con el encarcelamiento de sus principales autoridades.  

El Decreto-ley fue aprobado por la Diputación Permanente, presidida por Santiago Alba. Se produjo por unanimidad. Constaba de un solo artículo, y se tuvo que debatir de forma muy rápida, con una convocatoria del día anterior hecha por telegrama, provocando que no pudieran acudir todos los diputados, aunque los no asistentes mandaron votos favorables. Al final, se reunieron dieciocho diputados, cumpliendo lo exigido por la ley, ya que se necesitaba un mínimo de catorce. Los propios diputados de la CEDA votaron favorablemente, animados por la necesidad de mantener el orden público, y porque era evidente que había sido una demanda que había ganado en las elecciones.