Enrique Santiago explica el “total respaldo” de Unidas Podemos a la proposición de ley sobre bebés robados registrada por ser una “obligación ética, histórica, política y jurídica”

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha reiterado a las puertas del Congreso el “total respaldo” de su grupo parlamentario a la proposición de ley que impulsa la sociedad civil para abordar los casos de robos de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia. Explicó que hacerlo es “una obligación ética, histórica, política y jurídica”.

El también responsable federal de Justicia e Interior de IU participó junto a las también diputadas de Unidas Podemos Sofía Castañón y Martina Velarde en la presentación y posterior registro de esta iniciativa,  impulsada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CeAQUA) y que apoyan también el resto de grupos, con la excepción de PP, Ciudadanos y Vox. El texto ya fue registrado en septiembre de 2018 y admitido a trámite, aunque decayó por el fin de la legislatura tras la convocatoria de elecciones.

Santiago describió el robo de bebés como uno de los “grandes problemas de impunidad” que se arrastran desde la dictadura franquista, que se concibió como represión política en su origen y luego derivó en una “industria” con ánimo de lucro, cuya persecución “nunca ha sido atendida por las administraciones”.

Sobre el texto de la iniciativa parlamentaria registrada hoy resumió que “propone introducir que este crimen sea imprescriptible y de lesa humanidad, lo que facilitará la reparación y las garantías de no repetición”.

“Es una ley -apuntó- pensada para atender a las víctimas, repararlas y recuperar el máximo de aquellos bebés robados que hoy en su inmensa mayoría son adultos”.

Destacó la importancia de que en el texto se incluya facilitar el acceso a la información para contribuir a la buscar a día de hoy a aquellos bebés que ya son adultos. Detalló así que se garantice “el acceso a los archivos públicos y privados, especialmente a los archivos de la Iglesia católica, los municipales y los del Estado”, además de que se plantee la creación de “instituciones especializadas, una base de datos de ADN”, entre otras medidas necesarias”.