Presentan queja ante el Defensor del Pueblo por el Ducado de Franco
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) extiende su queja sobre el Ducado de Franco al Defensor del Pueblo solicitando que intervenga para proteger a las víctimas de la Dictadura.
El colectivo argumenta que es hora de acabar con la discriminación entre víctimas de graves delitos y que no es justificable la discriminación del Estado que protege a unas, como son las del terrorismo, y desprotege y desampara las del Franquismo.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado esta mañanas una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo para soliciitar su intervención en la renovación del título del Ducado de Franco que ha iniciado el Ministerio de Justicia. El escrito, que se adjunta en formato pdf argumenta que:
Desde cualquier punto de vista democrático es intolerable un reconocimiento que se concede “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos”, que no son otros que el haber dado un golpe de Estado el 18 de julio de 1936, haber asesinado a 114.226 personas que fueron hechas desaparecer, haber violado y humillado a decenas de miles de mujeres, haber enviado al exilio a medio millón de personas, haber encarcelado a homosexuales e ingresado en centros psiquiátricos a lesbianas, haber robado a punta de pistola cientos de miles de propiedades, que hoy no están en manos de sus legítimos dueños, haber utilizado esclavos políticos hasta 30 años después de terminada la guerra, y haber sido parte de una familia que se aprovechó de cuarenta años de terror y de corrupción política y económica para obtener una fortuna construida desde el saqueo, la violencia y sucesivas apropiaciones indebidas.
Por todas esas razones, entendemos que la colaboración de las instituciones del Estado con el proceso por el que los descendientes del dictador tratan de constituir una dinastía nobiliaria agrede a la dignidad de las víctimas de la dictadura y a los valores democráticos, por tratarse de un acto de enaltecimiento de un sangriento golpe de Estado, de la violencia política, del terrorismo de Estado; así como por considerar ejemplar el secuestro de una democracia durante cuarenta años, o de sus miles de asesinatos, violaciones y torturas.
También es una forma de maltrato a las víctimas de los delitos más graves que pueden cometerse contra un ser humano, como son las desapariciones forzadas; compuestas por una detención ilegal, seguida de torturas, del asesinato y de la ocultación del cadáver para provocar más daño y dolor a sus seres queridos. Nadie imagina la concesión de un título nobiliario a un asesino terrorista o machista “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en él concurrieran”.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos incorporó en el año 2000 el Protocolo 12, que prohíbe la discriminación en la aplicación de cualquier derecho reconocido legalmente. Por eso reclamamos el fin de la discriminación que sufren en España las víctimas de la dictadura franquista, porque la protección a la que tienen derecho por parte de un Estado democrático, quienes han sufrido graves crímenes o sus consecuencias, no puede depender del discurso político del autor del daño, que es lo que hasta ahora ha llevado a cabo el Estado español. Si las víctimas del terrorismo merecen una protección de su dignidad, compatible con la libertad de expresión y opinión, las víctimas del terrorismo franquista, de las bandas armadas de paramilitares y falangistas, merecen el mismo trato. No puede ser que el Estado colabore en el enaltecimiento, la promoción o la denominación de “grande de España” hacia quienes sólo tienen como mérito ser descendientes de un general fascista, que de la mano de Adolf Hitler y Benito Mussolini destruyó una democracia, cometió terribles violaciones de Derechos Humanos, convirtió el Estado español en un gigantesco cementerio repleto de fosas comunes e impidió el ejercicio de las libertades fundamentales durante 40 años.
La ARMH continuará con su campaña teniendo en cuenta que transcurrido el plazo de 30 días, desde la publicación de ayer en el Boletín oficial del Estado, el Ministerio renovará la titularidad del Ducado.
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