El Tribunal Superior de Justicia de Valencia falla contra el uso del SEPE y LABORA para seleccionar a trabajadores públicos

Esta decisión refuerza la obligatoriedad de respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la función pública.

El fallo estima el recurso interpuesto por el Sindicato de Administración Pública de la CGT Alicante contra el Ayuntamiento de Alicante, declarando nulo el proceso de selección llevado a cabo a través de LABORA para la cobertura interina de una plaza de profesor de trompeta en la Banda Municipal de Música. La sentencia deja claro que el uso de estos mecanismos no puede sustituir las bolsas de empleo establecidas, ni vulnerar los procedimientos reglados de selección.

Un problema recurrente en la Administración Pública

La utilización del SEPE y los servicios de empleo autonómicos como LABORA para contratar trabajadores públicos se ha convertido en una práctica habitual en diversas administraciones, desde ayuntamientos hasta la Administración General del Estado (AGE). A través de este método, las administraciones han eludido sistemáticamente el uso de bolsas de empleo temporal, establecidas con el objetivo de garantizar un acceso justo y transparente a los puestos públicos.

En numerosas ocasiones, este sistema ha permitido restringir la participación a candidatos en situación de desempleo o residentes en un ámbito territorial específico, lo que vulnera el artículo 23.2 de la Constitución Española, que establece el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos. Asimismo, la práctica es contraria al artículo 103 de la Constitución, que exige que la administración actúe con objetividad y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

El precedente de la Administración General del Estado y otros casos

En la AGE, se han documentado situaciones en las que los ministerios y organismos públicos han recurrido al SEPE para realizar contrataciones temporales, evitando convocatorias abiertas y restringiendo el acceso solo a determinados colectivos. Un caso emblemático es el de la contratación de administrativos en la Seguridad Social mediante este procedimiento, lo que ha generado recursos y quejas de sindicatos y opositores.

En otras comunidades autónomas y administraciones locales, también se han denunciado procesos similares. En la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, se han registrado contrataciones de interinos sin recurrir a las bolsas de empleo existentes, generando controversia y litigios por parte de afectados que ven vulnerado su derecho a participar en igualdad de condiciones.

Un fallo que sienta jurisprudencia

Este pronunciamiento judicial supone un paso adelante en la lucha por la legalidad y la transparencia en los procesos selectivos de la administración pública. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia marca un precedente relevante para futuras impugnaciones de procesos irregulares y refuerza la necesidad de garantizar procedimientos de selección justos y transparentes.

Desde el Sindicato de Administración Pública de CGT Alicante celebramos esta victoria, que refuerza la lucha contra la precarización del empleo público y las prácticas opacas en la selección de personal. Instamos al Ayuntamiento de Alicante y al resto de administraciones a cumplir con la legalidad y evitar procedimientos de selección que vulneren los derechos de los aspirantes.

El Ayuntamiento de Alicante ha sido condenado al pago de las costas procesales, fijadas en un máximo de 800 euros.