Una modificación de la Ley del Suelo para continuar con un urbanismo distópico

El Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para ‘el impulso y reactivación de la actividad urbanística’, es un texto que modifica 13 artículos (del 151 al 163) de la vigente Ley del Suelo, y cuenta con tres disposiciones finales y una derogatoria. El Anteproyecto fue aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 13 de mayo y será tramitado por el procedimiento de urgencia y lectura única, en la Asamblea de Madrid.

Este acuerdo alcanzado por el Gobierno regional, no incluido en el Plan Anual Normativo 2019-2020, impide el debate político y social sobre el urbanismo que necesitan la región y sus habitantes. El exiguo plazo de información pública, 15 días naturales, en pleno confinamiento, no es participación social. Tampoco habrá un verdadero debate político porque el procedimiento de lectura única impide posibles modificaciones del texto, dejando a los grupos parlamentarios casi como meros observadores.

El principal cambio que se plantea con la modificación propuesta es reducir los mecanismos vigentes de control municipal sobre los actos de uso del suelo, construcción y edificación. En muchos de estos actos, se sustituye la Licencia Urbanística, que supone una supervisión municipal desde el inicio de la solicitud del promotor, por la Declaración Responsable. En esta última, el control del ayuntamiento es posterior, una vez iniciada la construcción o la actividad, y siempre que el municipio cuente con medios suficientes de inspección, cosa que en general no sucede, y por lo tanto implica un elevado riesgo de que se realicen intervenciones ilegales que conlleven efectos irreparables (demoliciones, daños a terceros…).

A juicio de Ecologistas en Acción, no se puede cambiar la Licencia Urbanística por la Declaración Responsable ignorando la situación de los ayuntamientos y de la propia Comunidad de Madrid. Sabiendo que los servicios administrativos de control urbanístico carecen de medios personales y tecnológicos suficientes, lo que en la práctica supondrá más caos y más impunidad en el urbanismo madrileño.

El Anteproyecto de modificación de la Ley se justifica por el objetivo de la reanimación económica, vinculando – sin evidencia alguna – el relajamiento de los controles públicos con la reactivación del sector inmobiliario. En otras palabras, se consideran dichos controles un estorbo para la actividad urbanística.

La agilización de los trámites administrativos es, por supuesto, un objetivo deseable, pero la experiencia en la Comunidad de Madrid, y sus abundantes desaguisados urbanísticos en los últimos años, no aconseja la reducción de los mecanismos públicos de intervención. Al menos hasta que se pueda garantizar que el control de la actividad urbanística se lleva a cabo, y se mejoren los servicios de administración electrónica, facilitando los trámites administrativos a ciudadanos, profesionales y empresas. Y en esta materia, la reforma de la Ley del Suelo no avanza nada, al contrario, favorecerá mayor grado de indisciplina y generará inseguridad jurídica.

En el periodo de información pública, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid – al igual que muchos otros colectivos ciudadanos y profesionales – ha presentado alegaciones en las que solicita la retirada del Anteproyecto de Ley y la apertura de un proceso participativo para debatir, entre todos los sectores interesados, el urbanismo que necesitan las personas y el entorno urbano y rural de la región. A juicio de la organización “no debemos seguir ahondando en el urbanismo distópico que, durante décadas se ha generado a base de golpe de poder de quienes realmente dirigen la ciudad, las grandes constructoras, inmobiliarias e inversores”.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se aprobó en 2001, siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón. Desde entonces, y prácticamente todos los años, la Ley del Suelo ha sufrido cambios en su articulado. Esta nueva modificación supone la décimo séptima modificación que sufre la norma, en diecinueve años de vigencia.

En todos los casos los cambios se han tramitado por la puerta de atrás -aprovechando la aprobación de leyes de medidas fiscales y leyes de medidas urgentes- hurtando el debate social y político que requiere una ley que regula la transformación del territorio, y por lo tanto de la vida para sus habitantes. La Ley del Suelo dibuja cómo serán nuestras ciudades y pueblos, sus zonas verdes, espacios públicos, dotaciones educativas, sanitarias, culturales, deportivas, el comercio y el ocio, los centros de trabajo, la movilidad, el tipo de vivienda, las redes de transportes y comunicaciones, etc. En los últimos diecinueve años, los cambios de la Ley del Suelo solo han servido para crear desregulación y caos en el urbanismo. Han sido cambios introducidos generalmente con el objetivo de beneficiar intereses particulares y facilitar los negocios inmobiliarios.

Ya es hora de abrir un debate sereno y democrático sobre esta legislación, con la vista puesta en el bienestar general y en los retos comunes e inaplazables de la sostenibilidad y la desigualdad, y no de abordar con nocturnidad una nueva chapuza bajo el señuelo de una recuperación económica que nunca debe hacerse al precio de los derechos ciudadanos.