El Ayuntamiento de Alcobendas insta a la Asamblea de Madrid a debatir la Iniciativa Legislativa Popular de Vivienda

Distintas asociaciones vecinales con el apoyo de abogacía comprometida, redactaron una proposición de ley en base a las competencias autonómicas en vivienda y protección al consumidor, que en apenas 3 meses consiguió 77.000 avales y superó los filtros legales y presupuestarios impuestos a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El próximo 8 de noviembre inicia el trámite parlamentario de toma en consideración en la Asamblea de Madrid. De superarse entraría en fase de enmiendas para la redacción consensuada de una Ley del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, requisito para que este derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución pueda ser exigible. De no superarse, este proceso de participación ciudadana quedaría en papel mojado.

Dado que a nivel municipal implica seguir contrayendo gastos impropios, véase desde Servicios Sociales, amén de cronificar la lista de espera de demandantes de vivienda pública asequible, UPyD inició negociar una declaración institucional para que “tomando la ILP en consideración, la Asamblea de Madrid tomase el asunto con la debida premura y coordinara actuaciones con el Ayuntamiento”. PSOE, Ciudadanos, Sí Se Puede e Izquierda Unida la firmaron y el PP le dijo que “accedería a firmarla si a su vez se sacaba adelante su plan urbanístico para Los Carriles”.

La negativa recibida a Los Carriles hacía esperar la abstención del PP, sin embargo, votó en contra de la toma en consideración de la propuesta de ley argumentando su portavoz Ramón Cubián que la cesión de uso por hasta 3 años como posible sanción a las entidades financieras con vivienda vacía que no quisieran conveniar con la Agencia de Vivienda Social le parecía “prácticamente chavista” (sic). Todos los grupos parlamentarios le recordaron que lo que se estaba votando era precisamente tener la oportunidad de aportar mejoras al texto (65 artículos), cuya redacción definitiva sería fruto de las enmiendas de todos los partidos. Lo que se trataba de reconocer era la participación ciudadana, en el cauce de un debate urgente y necesario sobre lo que inquieta en la calle. A ese respecto, García de Vinuesa replicó que “esas más de 50.000 personas que firmaron la iniciativa no habrán leído su propuesta, sino que firmaron por ser a favor de la vivienda” (sic) y a continuación lo que propuso es que, no tomándola en consideración, fueran los grupos políticos quienes hicieran una propuesta de ley, bajo el liderazgo de actual de Cifuentes en la materia.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alcobendas (promotoras de la Iniciativa junto a la Federación Regional de AAVV y la Asociación libre de abogados) no entienden cómo se puede tumbar la única vía de participación ciudadana directa regulada, cuando ha superado todos los requisitos y máxime en una materia tan básica como la vivienda. La toma en consideración es sencillamente aceptar debatirlo para entonces redactar el texto final (en manos de los partidos políticos) y considera que “es un suspenso en democracia huir del debate que supone cada artículo, a cambio de que a futuro se cocine una ley que el PP nunca ha presentado. Lo lógico, cuando dices que quieres hablar de propuestas por el bien de los vecinos, es poder debatirlas, máxime cuando no sólo viene avaladas por 77.000 firmas sino también por el respaldo de organizaciones como Amnistía internacional, Ecologistas en acción, la Plataforma para la defensa del trabajo social o la Cámara oficial de inquilinos, entre muchas otras”.

Desde la PAH se alegran que la moción haya salido adelante gracias al apoyo de Ciudadanos y concluyen que “García de Vinuesa como máximo representante del Ayuntamiento de Alcobendas tiene que cumplirla y comprometerse a no votar en contra en su toma en consideración”. Podría en conciencia abstenerse. Desde la PAH le piden que “por leal responsabilidad, tenga en mente a vecinos sin una estabilidad en su vivienda debido a la crisis económica, entre quienes se encuentran votantes suyos”.

Sobre el citado artículo remarca su legitimidad: “La ciudadanía ha rescatado a los bancos y a cambio pide una contraprestación social por los pisos que tiene vacíos, así se pronunciaban los firmantes”. Y aclara su contenido: “Al tomar el artículo suelto, omite que la Ley ofrece en primer lugar unos incentivos y la posibilidad de hacer un convenio, es cuando se comprueba un uso antisocial dentro de un proceso administrativo garantista cuando se obliga a un alquiler por 3 años o bien una multa. En realidad, es menos lesivo para el banco que las moratorias o expropiaciones que han realizado gobiernos del PP, y menos costoso para las arcas públicas que soluciones como el banco malo. Se puede etiquetar ideológicamente como se quiera, pero los bancos están vendiendo las viviendas aun teniendo inquilinos, a fondos buitres en grandes paquetes. Lo terrible no es un párrafo enmendable, sino la inacción política cuando hay vidas en juego. Tanto conservadores como progresistas deben empezar a regularlo por ley tomándolo en consideración el 8 de noviembre en la Asamblea de Madrid”.

El miércoles 8, las asociaciones de vecinos estarán muy pendientes del voto del Alcalde-diputado de Alcobendas en la Asamblea de Madrid, cuyo Ayuntamiento se ha posicionado favorable a debatir la ILP en el parlamento autonómico.