La Delegación del Gobierno en Cantabria acepta las recomendaciones del Defensor del Pueblo tras una queja de PAH Santander

En Julio de 2015 Óscar fue denunciado ante la Delegación de Gobierno por agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante una acción en una oficina de Liberbank, tras una instrucción nula Samuel Ruiz firmó una sanción de 601 €, confirmada después por el Ministerio del Interior. Presentado el caso ante el juez, este decretó la nulidad del procedimiento por haber violado Samuel Ruiz y la instructora del procedimiento la presunción de inocencia de nuestro compañero.

Posteriormente, y con intención de que una situación así no se repitiese, se presentó una queja ante el Defensor del pueblo que ha resultado en una serie de recomendaciones que el Delegado del Gobierno ha tenido que aceptar. Son las siguientes:

1. “Que en la tramitación de los procedimientos sancionadores de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. de protección de la seguridad ciudadana, el instructor practique de oficio todas aquellas pruebas que puedan llevar a un mejor esclarecimientos de los hechos denunciados”

2. “Que el instructor, al solicitar la ratificación de la denuncia, exija a los agentes denunciantes que se refieran explícita y detalladamente a las alegaciones formuladas por los interesados.”

Con ello creemos más que demostrado que la sanción solo tenía intención de amedrentar a los activistas sociales para no realizar protestas públicas usando la “ley mordaza” de forma ilegal, como ha quedado demostrado en este caso. Esto es un paso más en la intención represiva de las instituciones frente a los que usan su derecho a protestar, con casos sonados como el de los estudiantes juzgados por “preguntar no es delito” o acciones contra periodistas y líderes sindicales.

Si Samuel Ruiz tuviera la más mínima integridad dimitiría, pero dudamos que la tenga, por lo que seguirá agarrado a la poltrona y tendrá a la PAH delante para evitar que vuelva a violar la presunción de inocencia de nadie.