PP y PSOE votan en contra de una moción de Unidos Podemos para que la SAREB y los bancos aporten sus inmuebles vacíos al Fondo Social de Vivienda

A pesar de que el derecho a una vivienda digna está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como en el artículo 47 de la Constitución Española, la realidad es que en el Estado Español, según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al tercer trimestre de 2016, cada mes se desahucia a más de mil familias de sus viviendas habituales. La moción presentada por la senadora Garrido apunta que “el acceso a una vivienda digna no ha sido una prioridad para los poderes públicos españoles” y que este derecho “se ha dejado en manos del mercado y de los bancos”. La mayoría absoluta del PP en el Senado hacía presagiar el rechazo a la iniciativa. Sin embargo, más sorprendente ha sido el voto negativo del Grupo Socialista.

Pilar Garrido apuntaba en la moción que “es hora de que los bancos asuman responsabilidades y obligaciones”, apuntando que “existe una especial responsabilidad” que “se debe traducir en la obligación de contribución con viviendas idóneas al Fondo Social de Viviendas”. La senadora vasca de Unidos Podemos recuerda además que “ni siquiera la SAREB (el llamado banco malo, creado para absorber los activos procedentes de la reestructuración bancaria) forma parte del Fondo Social de Vivienda, aunque así se lo haya pedido el Defensor del Pueblo”.

La moción de Unidos Podemos se sustentaba en cuatro pilares que permitirían abordar el grave problema de acceso a una vivienda digna que padecen cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por una parte, la moción hoy rechazada por PP y PSOE, apostaba por “convertir el Fondo Social de Vivienda en un instrumento capaz de garantizar el derecho a la vivienda a los grupos sociales más vulnerables, incorporando las situaciones de desahucio por imposibilidad del pago del alquiler”, actualmente no reconocidas. La senadora Garrido instaba también al Gobierno a que se obligue a la SAREB, el denominado banco malo, a aportar su parque inmobiliario al Fondo Social de Vivienda. En tercer lugar, la moción de Unidos Podemos instaba a la creación de un “registro de viviendas vacías y desocupadas” que son propiedad de las entidades financieras, como paso previo a la obligarlos a “colaborar con el Fondo Social de Vivienda mediante la puesta a su disposición de sus viviendas desocupadas”. Por último, la iniciativa de Unidos Podemos reclamaba algo tan de sentido común como que “el Fondo Social de Vivienda se coordine y colabore con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda”, algo que en la actualidad no sucede.

Pilar Garrido, tras la negativa de PP y PSOE a dar vía libre a la moción, ha apuntado que “nos esperábamos el no del Partido Popular a nuestra propuesta, pero nos ha sorprendido la negativa de un PSOE que sigue más preocupado por defender los intereses de las entidades financieras que los de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”. La senadora vasca ha añadido que “aquellos que imponen un estado de excepción en Catalunya, supuestamente para defender la Constitución, se olvidan de que nuestra Carta Magna reconoce a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna, que actualmente no se garantiza”.