Manifestación y Jornada #FraguasLibertad, «por un mundo rural vivo»: 23-F

«No a la represión al mundo rural concretada ahora en el caso de Fraguas.
No al destino que reservan al medio rural como espacio para explotar o escenario turístico.
No a la depredación medioambiental».

Fraguas saltó a la agenda mediática después de que sus nuevos pobladores se enfrentarán a un juicio en el que la Junta de Castilla la Mancha pedía para ellos una pena de cuatro años de prisión. Estos grandes medios, que se hicieron eco de la noticia, no profundizaron sobre qué era Fraguas además de un pueblo amenazado por la Institución. La Audiencia Provincial de Guadalajara desestimó los recursos de apelación presentados por los seis condenados por repoblar sin autorización del pueblo abandonado de Fraguas y «delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio». El tribunal confirmó penas de año y medio de prisión y del pago de una multa de 2.160 euros a cada uno de ellos. El juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara y determina «la total desestimación de los recursos interpuestos, confirmando íntegramente la resolución cuestionada». En materia de responsabilidad civil se les condena a los seis acusados a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.

Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecen a la Asociación Repobladores Rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, un antiguo núcleo poblacional, hoy perteneciente al municipio de Monasterio, en Guadalajara. La sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara es firme, por lo que no cabe presentar recurso contra ella. Sin embargo, los condenados estudian la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Isaac Alcázar, uno de los condenados, se mostró sorprendido con la confirmación de la sentencia de la Audiencia de Guadalajara a mediados de enero: «Parece que esta locura sigue para delante y que nos quieren ver en la cárcel porque no vemos otra opción que entrar en prisión«, y recordó que tienen otra condena en materia de responsabilidad civil que les obliga a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada. «Ni lo podemos pagar, ni se lo podemos pedir a la sociedad, porque estamos en desacuerdo con demoler un trabajo de muchos años en un proyecto que consideramos pertinente«, señaló Alcázar, para concluir que los condenados «prefieren mantener su integridad a traicionar sus principios y activismo«.

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