Carmen Molina lamenta que el Gobierno andaluz siga sin ofrecer una solución habitacional a las miles de personas que la demandan

La coportavoz de EQUO Andalucía Verdes y diputada en el grupo parlamentario de Podemos, Carmen Molina, ha lamentado que el Gobierno andaluz haya sacado adelante el Proyecto-Ley de retracto en desahucios de viviendas obviando todas las aportaciones que se le habían hecho para mejorarlo y dar realmente respuesta a las necesidades habitacionales de la mayoría ciudadana. Los socialistas han optado en cambio por Ciudadanos como “socio preferente y único”, pese a ser el partido cuyo grupo parlamentario que en el Congreso ha presentado la Proposición de Ley de garantía de la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas, que viene a “criminalizar la pobreza y partir una lanza a favor de los desahucios”.

Así, Molina ha valorado que mientras el proyecto de ley debería ser la respuesta de los poderes públicos andaluces a la situación de emergencia habitacional provocada por la crisis hipotecaria y la colisión de derechos en el arrendamiento, “viene de nuevo a aliarse con los poderes financieros, manteniendo la desprotección de la ciudadanía”.

En palabras de la coportavoz de EQUO Andalucía Verdes, esta ley “rescata bancos, no personas, porque la compra de los inmuebles sometidos a ejecución hipotecaria va a favorecer a las entidades bancarias”. Además, deja fuera de la solución y dentro del problema a los lanzamientos provenientes del alquiler, y “es una ley obsoleta e insuficiente desde antes de su aprobación, porque no contribuye a rebajar esta segunda burbuja inmobiliaria de los precios del alquiler originada por fenómenos como la concentración en la tenencia de vivienda, su función inversora y su uso turístico”.

Igualmente, “si tuviera una dotación económica mínimamente seria, sería un estímulo a la subida de los precios de venta de los inmuebles por cuanto garantiza el cobro de los préstamos al banco”, y “el grifo de la financiación sigue cerrado para quien no dispone de, al menos, el 30% del valor de la vivienda ahorrado, por lo que el alquiler es, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, la única opción posible, aunque buena parte de la población también comienza a estar excluida de este mercado”.

La falta de transparencia y de acceso a la información se mantiene con esta nueva norma, que contempla una ampliación del parque público de viviendas “tan irrisoria que es un insulto a todos los andaluces y andaluzas que se encuentran inscritos en los registros de demandantes”.

“Este proyecto de ley, en definitiva, no nos gusta, pero nos hemos involucrado al máximo con otras fuerzas de la cámara en adecentarlo presentando numerosas enmiendas y no oponiéndonos a la tramitación, pues entendíamos que no debemos poner obstáculos a cualquier medida que, por mínima que fuera, pudiera redundar en beneficio de alguna de las personas que lo están pasando tan mal”, ha explicado Molina, que asegura que desde su grupo parlamentario insistirá “con más iniciativas, más respuestas a las preguntas que nos lanza la sociedad, y más respuestas a los problemas de los y las andaluzas”.