Necesitamos mecenas para sacar adelante una ley urgente que prohíba los desahucios de vivienda en la Comunidad de Madrid

Las iniciativas legislativas populares (ILP) no solo tienen un alcance limitado en términos legislativos, ya que la tramitación, debate y votación de su contenido depende de los grupos parlamentarios. Además, cuestan dinero, lo que las convierte en herramientas inaccesibles para la mayoría. Más de 9.000 euros han necesitado la Coordinadora de Vivienda de Madrid-Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA), entidades promotoras de la “ILP por una ley urgente que garantice el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid” para imprimir, timbrar y pasar por notario sus cuadernillos oficiales de recogida de firmas y producir diversos materiales de difusión. 9.241 euros que han tenido que adelantar diferentes colaboradores y que ahora las tres organizaciones deben recaudar para poder devolver. A tal fin, lanzan hoy una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) a través del portal Goteo.org Una campaña de 40 días para conseguir esa cifra de mínimos, una nueva acción que aprovecharán para extender el apoyo de una ILP que cada semana, vista la sucesión de desalojos de familias sin alternativa de vivienda en la región, se hace más urgente.

Recordemos que el pasado 26 de mayo las tres entidades promotoras, que debían reunir antes de esa fecha 50.000 firmas de apoyo a la ILP, registraron en la Asamblea de Madrid 76.773 adhesiones a la propuesta legislativa. Un proyecto que persigue frenar los desahucios en la región, poner fin a los abusos bancarios y a la especulación con vivienda vacía, y garantizar los suministros de luz, agua y gas para todas las personas. En estos momentos, la ILP se encuentra en el Parlamento regional, a la espera de que los grupos con representación la admitan a trámite con objeto de que pueda ser debatida y, en el caso de que pase esta fase, votada.

Lo que los representantes políticos no hicieron en los años pasados, nosotras, ciudadanas y ciudadanos de a pie, lo hemos hecho, incluyendo en la tarea nuestro tiempo, nuestra sabiduría y nuestro esfuerzo. El proceso de recogida de firmas no ha sido sencillo. La legislación impone a los firmantes la necesidad de tener nacionalidad española, excluyendo así a gran parte de nuestras vecinas y vecinos. También obliga a sus impulsores a cumplir una serie de requisitos formales como el papel timbrado y la legitimación notarial, lo que ha encarecido la producción de los cuadernillos de firmas. Todos estos obstáculos no han logrado parar a la PAH, a la FRAVM y a ALA, que tras lograr involucrar en la campaña de recogida a cientos de personas por toda la geografía regional, ahora hacen un llamamiento para conseguir apoyos económicos. Muchas contribuciones pequeñas para levantar algo tan grande como la nueva ley por el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid. “Con tu firma de ayer y tu aportación de hoy sortearemos estas barreras a la participación. El momento histórico nos lo exige. Nuestras compañeras, amigas, vecinas nos lo piden”, sostienen las organizaciones sociales.

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