Organizaciones en defensa del derecho a una vivienda digna convocan concentraciones frente a las sedes del PSOE: «los alquileres nos ahogan»

Bajo el lema «Los alquileres nos ahogan, exigimos al PSOE que regule el precio de los alquileres ya!», se convocan concentraciones en cuatro ciudades (por el momento) frente a las sedes del PSOE. El primero de los sindicatos y asociaciones en defensa del derecho a la vivienda y contra los desahucios que aparece en cartel, el Sindicat de Llogaters de Barcelona, ya se presentó en su día con el objetivo de plantar cara al “lobby del negocio inmobiliario” y presionar al Gobierno para cambiar la ley de arrendamiento, cosa que, a día de hoy, no ha ocurrido. Para este colectivo, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), una normativa “totalmente injusta ideada para asegurar únicamente los intereses de los propietarios de viviendas”. En especial los de las entidades financieras, que tienen un parque importante del alquiler de nuestro país “después de haber sido rescatadas con el dinero de los contribuyentes”.

En Madrid, el incremento en los precios de los alquileres está conduciendo a que el 78% de los desahucios que se ejecutan sean por impago del alquiler. Es decir, ocho de cada diez personas que son expulsadas de sus casas tenían un contrato de alquiler. Solo la supera Soria, con un 87,5% de desahucios por este motivo. En Barcelona, uno de cada tres ciudadanos vive de alquiler, cifra que no es muy diferente en el resto de las capitales españolas. El 65% de los desahucios se deben a impago del alquiler.

El costo promedio mensual de la vivienda en alquiler en nuestro país es de una media de 670 euros mensuales. El alquiler de un apartamento de una habitación de 60 metros cuadrados, de aproximadamente 450 a 500 euros mensuales. Para estas elevadas cifras motivadas por una creciente burbuja del alquiler, más de 1,5 millones de asalariados españoles ingresaron de media 464 euros brutos al mes según el INE, que establece en menos de 710 euros los ingresos considerados «por debajo del umbral de la pobreza». Por debajo del salario mínimo actual de 900 euros se encuentra el 20% de los asalariados, es decir, más de 4,6 millones de personas de los que tres millones no llegan a los 700 euros/mes.

Con esta situación la Ley de la PAH fue rechazada en el Congreso en septiembre de 2018. Las cinco medidas planteaban soluciones a esta situación: Regular la dación en pago retroactiva; Garantizar un alquiler asequible con una reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano que dote de seguridad y estabilidad; Acabar los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda Fomentar las viviendas sociales; y Asegurar los suministros básicos, es decir, la garantía de que no se corten nunca los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes conocer la situación de las afectadas. En su lugar, la nueva Ley Hipotecaria llevada al Congreso por el PSOE fue contestada por la PAH calificándolo como «el nuevo partido de los desahucios». Para la PAH, esta ley «blanqueaba y moderaba» la cláusulas abusivas en vez de «prohibirlas expresamente», no establecía la dación en pago «como fórmula normal de solución» de los impagos y tampoco «prevenía ni prohíbía» los desahucios de colectivos especialmente vulnerables.

La la PAH y el Sindicato de Inquilinas recuerdan que hay desahucios considerados como «invisibles»: «Cuando un contrato se cumple y de manera unilateral no se renueva o se sube de forma que no lo pueden pagar, no se contabiliza en ningún lado el abandono de la vivienda».