Nosotras, las ciudades, reclamamos el derecho a la vivienda

Ahora que está a punto de aprobarse el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela reclamamos medidas urgentes e imprescindibles para garantizar el derecho a vivir dignamente en la ciudad.

Para ello es necesario un cambio estructural que potencie, en primer lugar, la dignificación del alquiler. Consideramos imprescindible impulsar reformas legales que protejan a las personas que viven de alquiler. Esto significa modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar la duración de los contratos de 3 a 5 años, e impedir aumentos indiscriminados de los precios entre contrato y contrato. En países como Francia, Holanda y Alemania, los municipios disponen de competencias para regular los alquileres. En España también deberíamos disponer de índices de precios de referencia que permitan dirigir las ayudas a la rehabilitación a los propietarios que alquilen a precios asequibles, y penalizar, en cambio, los incrementos abusivos de las rentas. El Plan, sin embargo, pasa de largo de una cuestión tan importante como es dar seguridad al alquiler.

Otro aspecto fundamental para promover el derecho a la vivienda es el impulso de una política fiscal que acabe con la especulación inmobiliaria. Se trataría entre otros aspectos de acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMIS, unas empresas cuyas ganancias superan los 5.000 millones de euros, gracias a excepciones de tributos y bonificaciones fiscales y cuyo negocio consiste en convertir viviendas en pisos de lujo expulsando al vecindario  y en contra del derecho a la ciudad.

Esta política es la misma que promueve casas sin gente regalando la tarjeta de residencia a personas extranjeras que compren viviendas de más de 500.000€ y apostando porque la SAREB ceda voluntariamente sus viviendas vacías, cuando sabemos perfectamente que estos convenios voluntarios han sido un fracaso rotundo.

Las ciudades, en cambio, tal y como ya sucede en Austria y Canadá, exigimos que se penalice fiscalmente la compra de vivienda habitual por parte de personas o entidades extranjeras no residentes, y que la cesión de viviendas vacías de la SAREB sea obligatoria.

Igualarnos con los países más avanzados también supone converger a nivel presupuestario. Es decir, pasar del 0’059% de inversión actual del PIB a un 1’5%. Y para ello es imprescindible romper con la tendencia actual de recortes de más de 1.000 millones en vivienda en los últimos 8 años. En concreto, para revertir la situación, es preciso que el presupuesto para 2018 se incremente desde los 467 millones actuales hasta los 2.000 millones de euros.

Tan solo una decidida inversión será capaz de superar el ridículo 2% de vivienda pública disponible en España y acercarnos al promedio de 15% disponible en los países de la Unión Europea. Inversión pública y medidas de tipo financiero, como que el Instituto de Crédito Oficial disponga de líneas de financiación específicas para proyectos de vivienda protegida; que desde el Gobierno se dé apoyo técnico y financiero para solicitar financiación y ayudas europeas; y que se establezca un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública, social y asequible para conseguir la convergencia europea.

Y es vital reconocer nuevos modelos de tenencia, como el derecho de superficie en cesión de uso que garantiza la propiedad pública del suelo, promoviendo nuevas experiencias como la “co-vivienda”o la “masovería urbana”.

Por último, las ayudas a la rehabilitación han de priorizar a los pequeños propietarios, y han de prever  medidas para que las mejoras que se realizan con fondos públicos no puedan repercutir en un aumento excesivo del alquiler, expulsando a vecinos y vecinas. Una rehabilitación que ha de ser proactiva, para intervenir en los barrios más necesitados, y dirigida al ahorro energético.

Los Ayuntamientos somos las administraciones más próximas a la ciudadanía y, por tanto, las que sufrimos más directamente la falta de recursos y políticas estatales que garanticen realmente el derecho a la vivienda, especialmente para las unidades de convivencia más vulnerables. En la medida que somos las ciudades las que debemos afrontar directamente la emergencia habitacional, somos las que tenemos el derecho y el deber de reclamar un cambio imprescindible.