Indignación ante la condena a Isa Serra a 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación tras participar en la resistencia a un desahucio en Lavapiés en 2014

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a un año y siete meses de prisión a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014. En la sentencia, la Sala le impone también una multa de 2.400 euros que se suman a los 5.250 euros de indemnización a los dos agentes heridos y los 19 meses de inhabilitación para «el derecho al sufragio pasivo».

Según la misma, está «probado» que el 31 de enero de 2014 la diputada protagonizó una serie de agresiones hacia dos policías durante la protesta vecinal por la ejecución de un desahucio en la calle Tribulete, situada en el barrio de Lavapiés (Madrid). La Red Jurídica, que defiende a Serra ha manifestado su sorpresa, pues «la acusación ejercida por el Ministerio Fiscal no se apoyaba en ninguna prueba objetiva (fotografías o vídeos), sino únicamente en las pruebas subjetivas que son las declaraciones de los funcionarios«.

El TSJM la sentencia a 19 meses de prisión por un delito de atentado en concurso ideal con otro de lesiones leve y daños, al que aplica la atenuante de dilaciones indebidas, aunque en principio la condena no implicaría el ingreso en la cárcel.

Sí que la absuelve de desórdenes públicos al considerar que no quedó acreditado, pese a la violencia desarrollada y las lesiones, que su intención fuera la de atentar contra la paz pública.

La Fiscalía pedía para la diputada, que siempre defendió su inocencia y negó todas las acusaciones, una pena de 23 meses de prisión por los incidentes del 31 de enero de 2014.

Con todo, la resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Supremo, algo que su defensa ya ha anunciado que «hará sin duda» para demostrar la inocencia de Serra.

Los jueces consideran probado que Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés increpó e insultó a los agentes de policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial, hasta el punto de obligarles a retroceder para protegerse del aluvión de objetos que les lanzaban.

E incluso, añaden, verse obligados a salir de un vehículo para evitar que los congregados se llevaran algún objeto, después de que lograran abrir el portón trasero del último furgón policial.

Dice la sentencia que «la acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal».

A esta le dijo: «Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros», mientras que a otra agente le dirigió frases como «Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’. ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro».

«La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos», explican los magistrados, que recuerdan que como consecuencia de estos episodios, dos agentes municipales resultaron heridos, cuyos testimonios constituyen la principal prueba de cargo junto a los informes periciales.

En su fundamentación, los jueces destacan que el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de reunión pacífica, «son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y sirven como vehículos para canalizar protestas, en principio legítimas, como el caso presente de solidarizarse con una persona desahuciada de la vivienda que ocupa».

«Ahora bien -añaden-, al igual que otros derechos fundamentales, su ejercicio tiene límites, siendo uno de ellos el que su legítimo ejercicio no puede amparar comportamientos ilegales o castigados por el Código Penal».

Por otra parte, los jueces dejan claro que «no se ha juzgado a un representante de la clase política por el hecho de ser política, ni la acusación, solo mantenida por el Ministerio Público, obedece a tales motivaciones«, como subrayan que tampoco ha sido una supuesta «cabeza de turco» de los hechos, ya que otras personas han sido condenadas.

Así, la Sala aprovecha «el contexto en el que se enmarcan los hechos» para «despejar cualquier duda sobre la imparcialidad y estricta sujeción en nuestra labor de enjuiciamiento a los principios y garantías que rigen en nuestro procedimiento penal».

Se refiere así a las palabras de Isa Serra el 13 de febrero en las que, tras reiterar su inocencia, añadió que solo entendía «políticamente» algunas de las acusaciones vertidas contra ella, a lo que el presidente del TSJM, Celso Rodrígez, contestó que «jamás» consentiría una acusación basada solo en motivos políticos.

Durante el juicio se visionaron 54 vídeos del desahucio a petición de la defensa, y solo en dos de ellos se ve a Isa Serra, en uno de ellos dos veces. En dos de esas tres imágenes se la ve de pie, quieta, cerca del concejal Jorge García Castaño, y en otra detrás de un grupo de personas que se enfrenta a los agentes, primero mirando y luego alejándose del altercado, con las manos en los bolsillos y, según sus letrados, «clara cara de miedo».

REACCIONES ANTE UNA SENTENCIA DESPROPORCIONADA Y SOLO FUNDADA EN LAS DECLARACIONES DE LOS POLICÍAS QUE EJECUTARON EL DESAHUCIO

Las reacciones a la desproporcionada condena no se han hecho esperar. Desde la PAH Madrid declaran desde redes sociales: «Esto es una vergüenza. Cientos de vecinos y vecinas estuvimos allí y sabemos que Isa Serra y el resto de personas condenadas son inocentes. Otro montaje policial para criminalizar la lucha por el derecho a la vivienda y #Stopdesahucio.

Diversos diputados de Unidas Podemos, de organizaciones sociales, en particular de aquellas que luchan contra los desahucios desde hace años, han expresado desde las redes sociales su indignación ante la condena.

Rafa Mayoral: «Defender el derecho a la vivienda no es delito. Defender los DDHH es una obligación. Que prevalezca la acusación frente a pruebas documentales es indefensión. Un abrazo fraterno a @isaserras frente a la injusticia».

Juanma Del Olmo: «El tribunal que condena a Isa Serra da un PLUS DE CREDIBILIDAD a los testimonios que le acusan de acciones violentas. Testimonios que contradicen cientos de vídeos y fotografías. Que prevalezca la acusación frente a pruebas documentales es indefensión».

IU Madrid: «Sorprendidos e indignados con la sentencia en el juicio la compañera @isaserras, una muestra de criminalización de la protesta social y la defensa de los derechos de los más vulnerables. Con todo nuestro apoyo y esperando que se resuelva este dislate».

Jessica Albiach: «Mucha fuerza Isa. Es una barbaridad, una condena sin pruebas objetivas y un atropello contra el derecho de manifestación. Quienes jalean esta condena no pueden creer en la justicia. Tienes todo mi apoyo».

Otros muchos compañeros de Serra, periodistas, activistas, y miembros de diversos colectivos sociales se han pronunciado en términos parecidos.