10 bloques y 105 personas amenazadas de desahucio en Vallecas
Vecinas de 10 bloques de Vallecas han presentado la campaña "Bloques En Lucha" este martes por la tarde en una rueda de prensa frente a la sede de la Junta Municipal de Puente de Vallecas. Estos 10 bloques se enfrentan a diversos procedimientos de desalojo en las próximas semanas o meses, y el resultado podría ser el desahucio de 105 personas si no se llega a un acuerdo con las propiedades respectivas, todas grandes tenedores.
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Los 10 bloques se encuentran repartidos en los dos distritos vallecanos y presentan diferentes conflictos por la no renovación de los alquileres, subidas abusivas de alquiler, impago por insolvencia sobrevenida o desalojo por procedimiento de usurpación. Entre sus propietarios se encuentran el Banco Santander, la socimi Fidere, o propiedades menos conocidas como la empresa Afflux o el fondo Coral Homes. La primera orden de desahucio está prevista, de manera irregular, para el domingo 26 de mayo y afecta a un bloque de 10 pisos de inquilinos a quienes el Santander no reconoce su contrato con la anterior propiedad, en la calle Talamanca del Jarama del distrito de Villa de Vallecas. «Sólo pedimos seguir pagando el alquiler que veníamos pagando con la anterior propietaria. Nosotros no tenemos ninguna culpa de que esa empresa haya quebrado», ha señalado Raquel Cortés, una de las vecinas del bloque.
«Se trata de una foto fija de lo que está sucediendo con la vivienda en el distrito de Puente de Vallecas: es el distrito de Madrid donde más ha subido el precio del alquiler, y aquel en el que la entrada de los fondos Goldman Sachs y Blackstone en 2013 ha abierto camino a la entrada de aún más empresas que están provocando cientos de desahucios», ha señalado Lotta Tenhunen, portavoz de PAH Vallekas y del nodo vallecano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, «entre 15 y 20 a la semana sólo entre los dos distritos vallecanos».
«Es la entrada de estos fondos, a quienes los bancos les vende a precio de saldo su stock de viviendas procedente de los desahucios hipotecarios ilegales, la que explica la subida de precios del alquiler y la nueva oleada de desahucios», ha insistido Tenhunen. «Mientras no logremos que cambien las leyes para proteger al inquilinato y obligar a los grandes tenedores a congelar las rentas y a dar alquileres sociales en sus pisos vacíos, la única opción para los afectados por estos desalojos es la unión y la denuncia».
«Ya hay casos de éxito como el reciente triunfo de dos bloques del barrio barcelonés del Raval, que han conseguido la renovación por tres años con congelación del alquiler frente a la Socimi Optimum», recuerda Patricia Tamarit, vecina de uno de los bloques. Sin salir de Vallecas, 6 portales de la calle La Granja de San Ildefonso han conseguido que la Socimi Vivenio no subiera los alquileres: «Solo tuvimos que poner dos pancartas y dar una rueda de prensa. Si no nos hubiéramos movido, ahora pagaríamos un 30% más de alquiler o habríamos tenido que abandonar nuestras casas», asegura.
La PAH y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos han anunciado que se pondrán en contacto con todos los grupos municipales que obtengan representación en las elecciones municipales para tratar de la situación de estos bloques. «No vale escudarse en la falta de competencias. Lo primero que haga el siguiente gobierno municipal y autonómico, incluso sin ninguna ley en la mano, es sentar a las diferentes propiedades con los afectados para tratar de llegar a un acuerdo», ha señalado la portavoz de PAH Vallekas.
La portavoz madrileña de la PAH, Alejandra Jacinto, ha intervenido para recordar la responsabilidad de la administración autonómica. «La Comunidad de Madrid no dispone de una Ley de Vivienda, mientras se permite que haya 253.000 viviendas vacías estamos en niveles de desahucios similares a los peores de la crisis», ha señalado. La Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Sindicato de Inquilinos y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid han intentado el compromiso previo a las elecciones de las distintas formaciones con posibilidades de obtener representación en la Asamblea de Madrid para que la Ley presentada mediante ILP autonómica en 2016 pueda ser tenida en cuenta en esta legislatura. «Tanto al PP como a Ciudadanos les resulta más cómodo hacer demagogia criminalizando a la población empobrecida, y ni siquiera han querido tener en cuenta esta propuesta de ley», ha criticado Jacinto.