«Las ejecuciones hipotecarias expulsan a las personas del sistema social»

En el caso de Soledad García, ella y su ex-marido, con sus dos viviendas -ya pagadas- en Moraleda de Zafayona, deciden «emprender» y montan un restaurante en la localidad de Loja. Para ello, piden un préstamo que avalan con sus dos propiedades. El negocio, que en un principio va bien, se viene abajo. Agobiados por la situación económica, dejan de pagar el préstamo y la entidad bancaria inicia en los juzgados un proceso de ejecución hipotecaria; proceso que tiene como resultado la adjudicación del banco de las tres propiedades y una deuda para esta familia de 250.000 €. Soledad, divorciada, con dos hijos a su cargo y un trabajo en precario,   tiene por delante un desahucio -fijado por el juez para el día 20 de octubre- y una deuda con el BBVA que, probablemente, nunca va a poder pagar.

Daniel y María José son pareja y compran una vivienda en Albolote en el año 2007. Posteriormente amplían el préstamo y los avala Ana, hermana de María José, con su vivienda de Pulianas. En el año 2012 se quedan sin trabajo y dejan de pagar la hipoteca. Esta entidad bancaria, de la que hablamos, inicia contra ellos una  ejecución hipotecaria, fruto de la cual se adjudica en subasta las dos viviendas, amén de quedarles a la pareja una deuda de 30.000 €. En la vivienda de la avalista vive, también, su padre que ronda la edad de 80 años. En el año 2016 acuden, desesperados, a Stop Desahucios porque tienen previsto el desahucio para el mes de abril. Este movimiento social, a través de varias actuaciones en el juzgado, consigue aplazar el lanzamiento, que el juez, con el objetivo de darles un respiro para negociar con el banco, fija para el mes de mayo del año 2017. En el momento actual, Maria José-separada de su pareja- tiene a su cargo dos hijas de 11 y 19 años respectivamente, un trabajo temporal, una deuda de 30.000 € (la comparte con Daniel) y la angustia de  ver como su padre y su hermana puedan verse, también, en la calle.

En la sucursal, aparte de entregar sendos escritos pidiendo a esta entidad bancaria la condonación de las deudas de estas familias, y en el caso de María José un alquiler social, un representante de Stop Desahucios ha conseguido hablar por tlf. con una responsable del banco, de la situación de estas personas. La respuesta del BBVA, a través de esta persona, es  que se estudiarán los casos «a un alto nivel» y que darán una respuesta lo más pronto que puedan.

Stop Desahucios seguirá, con insistencia, reclamando el derecho a la vivienda de estas personas y el derecho a tener una vida digna. La no condonación de la deuda supone, en la práctica, que estan familias quedan abocadas a la exclusión social, ya que, salvo suerte o milagro, jamás podrán pargar estas deudas.