Manifestación en Madrid contra la entrada en prisión de los repobladores de Fraguas
El pasado sábado 23 de febrero la Plaza de Tirso de Molina y calles aledañas se llenaron de manifestantes en apoyo a los repobladores de Fraguas, exigiendo al gobierno “PSOE-PODEMOS una actuación rápida para que no entren en prisión”. La manifestación comenzó a las 12:00 en Tirso de Molina, y llegó hasta la calle de Atocha. Contó con organizaciones sociales y personas independientes solidarias con la causa de Madrid, Guadalajara, otras ciudades y municipios, antiguxs pobladorxs de Fraguas en apoyo del proyecto, artistas populares…
Las repobladoras de Fraguas han sido condenados a un año y nueve meses de cárcel cada una, y una sanción de 16.380 € por reconstruir el pueblo de Fraguas, ubicado dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Además, se les condena a la demolición de lo construido, valorada en 2017 en 27.000€. Si no se hace efectivo el importe de las sanciones supondrá la entrada en prisión, ya que la condena pasa a convertirse en 2 años y 3 meses.
El sindicato STE-CLM ha recordado que el pasado mes de junio la sentencia del juzgado nº1 de lo Penal de Guadalajara condenaba a los seis repobladores de Fraguas por delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio. De igual modo, les condenaba a costear la demolición de la reconstrucción de Fraguas (casi 30.000 euros).
“La sentencia recogía así todas las pretensiones de la acusación particular encarnada por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, compuesto por el PSOE y Podemos. STE-CLM mostró su indignación con el papel desempeñado por la Junta en este juicio, y la solidaridad con los repobladores de Fraguas a través de una Resolución de nuestro pleno de junio”, recordaron.
Según STE-CLM, más de medio año después, el recurso de los repobladores de Fraguas a la Audiencia Provincial de Guadalajara se ha mostrado “infructuosa, en parte por la nueva personificación de la Junta como acusación particular“;
Asistimos a la criminalización de aquellos/as que quieren buscar formas de vida alternativas que puedan revitalizar nuestro tan maltratado medio rural, son perseguidos y encarcelados por un gobierno que, por otra parte, se muestra absolutamente incapaz de parar la despoblación galopante que viven nuestros campos. Parece ser que propiciar macrogranjas que ahondan el desequilibrio ecológico y no paran el despoblamiento rural, que financiar con dinero europeo la construcción de casas rurales para las que ni siquiera se pide el empadronamiento de los propietarios, o mirar para otro lado como ha hecho el Consejero de Agricultura con las vacas abandonadas de Navalpino es fomentar el ámbito rural. Lo cierto es que estas políticas no están logrando paliar el despoblamiento de nuestros campos. En Guadalajara, por ejemplo, donde la población se concentra en el Corredor del Henares (237 habitantes por Km2) y donde los servicios públicos son más rentables, el contraste con el resto de la provincia es enorme, ya que da una densidad que no llega a los 5 habitantes por Km2, por no mencionar zonas como Molina de Aragón, con densidades aún menores. Pero esto no es fruto de la casualidad, sino más bien de políticas públicas que fomentan la concentración de la población así como de los servicios que esta demanda, en la creencia de que así estos se rentabilizan mejor. Políticas que el actual gobierno de PSOE-Podemos ha continuado en los últimos años, con el agravante de que están tratando de meter en la cárcel a aquellos que plantean otro modelo de sociedad y de vida que
pudiera suponer un paso adelante para nuestro desarrollo rural. Por eso, STE-CLM hace un llamamiento a todos y todas las docentes para que defiendan nuestro medio rural solidarizándose con los repobladores de Fraguas, y hace un llamamiento a la manifestación que el próximo sábado 23 de febrero tendrá lugar en la Plaza de Tirso de Molina de Madrid a las 12.00 horas.
Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecen a la Asociación Repobladores Rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajaban en la rehabilitación de Fraguas. Pero no tenían la correspondiente autorización, lo que motivó la denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha y la correspondiente sentencia.
Los acusados defendieron ante el juez que en ningún caso su proyecto pretendía destruir la naturaleza sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada.