Los fondos buitre aceleran una brutal desposesión de las familias endeudadas

Gracias a la campaña internacional lanzada por el CADTM, se conoce muy bien la acción nefasta de los fondos buitre con respecto a las deudas soberanas: compran títulos de la deuda soberana a precio de saldo (de un 5 a un 20% del valor inicial) antes de recurrir a los tribunales para recuperar el máximo del valor de la deuda.

El mismo tipo de actividad está en plena expansión en el ámbito de las deudas familiares. Hay que señalar que las posibilidades son enormes, ya que en Europa el volumen de créditos privados en suspensión de pagos llega a un billón de euros (1.000.000.000.000 €).[1] Debido al empobrecimiento de las clases populares, el volumen de estos impagos de deudas familiares y de microempresas aumentará inevitablemente.

El modus operandi de los fondos buitre en el ámbito de las deudas privadas es simple. Compran paquetes de deudas impagadas, principalmente, a bancos,[2] a sociedades de telefonía móvil, a sociedades de crédito inmobiliario o empresas de suministro de energía a particulares. En general, esos fondos buitre adquieren esos impagos al 10 % de su valor, y luego mediante el acoso a las personas endeudadas, y también por procedimientos legales, tratan de recuperar del 20 al 30 % del valor inicial de la deuda.

Parece que en Europa, las sociedades financieras especializadas en ese tipo de actividades carroñeras se desarrollaron activamente, en primer lugar, en Escandinavia, debido a la crisis bancaria de los años 1980-1990. Hablamos de la firma sueca Intrum y de Aktiv Kapital (una filial del grupo estadounidense PRA).

Según un estudio publicado por el banco Morgan Stanley, el volumen total de paquetes de deudas impagadas, en posesión de las siete principales sociedades financieras especializadas en la recuperación de la deuda familiar en Europa, se duplicó entre 2014 y 2017, pasando de cerca de 4.000 millones de libras esterlinas a algo más de 8.000 millones (Financial Times, 23 de noviembre de 2017). En 2016, Intrum obtuvo unos beneficios de 197 millones de euros. Cabot, una sociedad británica, 155 millones de euros; Arrow, británica, 118 millones de euros; Hoist, británica, 93 millones de euros; Kruk, una sociedad polaca, ganó 91 millones de euros. En la página web de Arrow podemos leer que 4 millones de familias se encuentran en suspensión de pagos en Gran Bretaña.

En octubre de 2017, Intrum compró en Grecia un paquete de deudas impagadas por un monto de 40 millones de euros. Pero, probablemente, haya pagado solamente 1,2 millones de euros por esa adquisición, o sea, el 3 % de su valor nominal. Según el director de Intrum, Mikael Ericsson, el mercado griego de deudas impagadas de familias ofrece un extraordinario potencial de expansión, ya que en 2017 cerca del 50 % de las deudas están en suspensión de pagos.[3] Es el equivalente, dice, del mercado formado por Europa central y del este.

Con una competencia en aumento entre los fondos buitre, el rendimiento desciende. Mientras que hace 5 años, una «inversión» de un millón de euros en la compra de deudas impagadas podía permitir obtener 3 millones, en 2017 los fondos buitre sacan entre 1,8 y 2 millones.

Hay otros fondos buitre activos en la compra de esas deudas, como el tristemente célebre fondo Elliot, cuyo dueño es Paul Singer. Elliot compró a dos bancos españoles, Bankia y Santander (que adquirió el Popular en junio de 2017), paquetes de deudas impagadas.

Recientemente, tras la ‘resolución’ del Popular,  Elliot sondeó el mercado para comprar antiguos bonos de Popular a precio de saldo (véase Fátima Martín, «Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz», http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitre-carronean-con-lo). El grupo estadounidense Blackstone se volvió también muy activo en España (véase en castellano: Fátima Martín, «Blackstone, el casero buitre global: De los alquileres protegidos de Madrid a los narcopisos de Barcelona», http://www.cadtm.org/Blackstone-el-casero-buitre-global). Blackstone tiene actividades muy diversificadas: en principio, se especializa en la concesión de créditos de riesgo a microempresas y a PYMES. Para eso, Blackstone se dotó de una división especial de desarrollo de ese tipo de actividades: GSO. Esa división propone contratos de deudas simplificados, mucho más arriesgados y con mayor remuneración, lo que le permite atraer a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que ya no tienen acceso a los créditos bancarios normales. Por otro lado, GSO atrae igualmente a los inversores en búsqueda del máximo rendimiento, en particular, a los fondos de pensiones. A éstos les propone que den un anticipo de fondos para prestarlos a las microempresas privadas y a las PYMES. En cierto modo, el Financial Times, en su edición del 17 de noviembre de 2017, hace sonar la alarma al anunciar que los fondos de pensiones hacen correr grandes riesgos al ahorro de sus miembros, debido a su inversión en los productos creados por GSO.[4] Por lo tanto, en principio, Blackstone es un prestamista —que atrae los fondos de pensiones a la búsqueda de altos rendimientos— y finaliza el ciclo comprando las carteras de deudas impagadas.

Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en Japón (años 1990), en Estados Unidos (2006-2007), en Irlanda e Islandia (2008), en España (2009), decenas de millones de familias de clases populares fueron abocadas a la suspensión de pagos, y comenzaron a ser víctimas de desalojos masivos. En Estados Unidos, desde 2016, 14 millones de familias fueron desposeídas de sus viviendas por los bancos. En España, son más de 300.000 familias. En un contexto en el que el salario real está bajando, el desempleo es masivo y las condiciones de préstamos son abusivas, esas deudas provocan efectos catastróficos para una parte creciente de las clases populares. A veces, esa población tiene que financiar a crédito su consumo corriente, puesto que sus ingresos normales no alcanzan para pagar los gastos de alimentación, vivienda, vestimenta, calefacción, electricidad, salud, educación… Hay firmas que se especializan en las ventas a crédito a sectores frágiles de la población. A menudo, esos préstamos comienzan con un interés cero, con el fin de atraer a los clientes, pero los tipos de interés aumentan rápidamente si aparecen retrasos en el pago, y comienza el acoso. Otra vez más, nos enfrentamos en los países del Norte a un fenómeno masivo de brutal desposesión. Las deudas privadas tienen un papel clave. En Estados Unidos, la justicia contabilizó no menos de 500.000 casos de contratos inmobiliarios abusivos y fraudulentos, pero la cifra real es, indudablemente, mucho más elevada. En España, la legislación utilizada por los banqueros para desalojar a las familias de sus viviendas data de la época del dictador Franco. En Grecia, en el marco del tercer memorando aceptado por el Gobierno de Tsipras en 2015, los bancos comienzan a tener las manos libres para desalojar a las familias incapaces de pagar sus deudas hipotecarias.

La nueva crisis internacional, que comenzó en 2007, reveló el comportamiento fraudulento de los bancos. Como consecuencia de las expulsiones masivas de las viviendas que se sucedieron en Estados Unidos, España y otros países, cada vez hay más personas que cuestionan esas deudas. Y esto pasa incluso en países donde la obligación de pagar un crédito era, en general, incuestionable. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde 2015, reunió alrededor de su persona un importante apoyo popular por haber participado activamente en la plataforma contra los desalojos, realizados por los bancos, de familias incapaces de continuar pagando sus hipotecas. Algunos años antes, hubiera sido inimaginable que una mujer o un hombre fuera elegido para ejercer altos cargos después de haber organizado ocupaciones ilegales de bancos, para defender a las familias que no podían seguir pagando sus deudas.

Por todo el mundo, los movimientos sociales y el CADTM cuestionan el pago de deudas privadas ilegítimas, ya sean hipotecarias o de estudiantes, ya sean reclamadas por grandes bancos privados, por agencias de cobro de deudas, por fondos buitre o por agencias de microcrédito.

NOTAS
[1] Un billón € de deudas en suspensión de pagos (conocido también por la sigla inglesa NPL, Non performing loans). Eso representa, según la Autoridad bancaria europea, el 5 % del total de los créditos concedidos por los bancos de la Unión Europea.
[2] Los bancos son presionados por las autoridades de control y por el BCE para deshacerse de las deudas impagadas (NPLs) revendiéndolas a precios de saldo a terceros, como los fondos buitre.
[3] Sobre las causas de esa elevadísima cantidad en Grecia, véase Éric Toussaint «Grecia: los bancos en el origen de la crisis», publicado el 11 de enero de 2917, http://www.cadtm.org/Grecia-los-bancos-en-el-origen-de
[4]  Financial Times, «Blackstone offers “cove-lite” business loans», 17 de noviembre de 2017.

Autor del libro ‘Le système dette. Histoire des dettes souveraines et de leur répudiation’, Les liens qui libèrent, 2017. El libro será publicado por Icaria en Enero 2018.