Participa traslada al pleno “la incertidumbre” que se vive en los 230 pisos de Protección Oficial de los Bermejales

Según le han trasladado diferentes vecinas a la formación emergente, en los últimos meses, el miedo se ha extendido en estos pisos de los Bermejales, ya que la promotora les quiere obligar a acogerse a un nuevo contrato, con condiciones más ventajosas para ésta, y además les están amenazando con denunciarles y un posible proceso de desahucio si no lo hacen. “Una actitud totalmente despreciable por parte de esta empresa, al igual que el silencio de la Junta y del Ayuntamiento durante todos estos meses”, ha reconocido Honorato, que al menos ha confiado en que la justicia, como ya ha pasado, siga dando la razón a los inquilinos y que estos puedan permanecer en sus viviendas a pesar de las presiones de la promotora.

Estas viviendas de Los Bermejales fueron ofertadas como viviendas en alquiler con derecho a compra a los 25 años, sin embargo, como denuncian sus inquilinos, cuando solo han pasado ocho años la promotora pretende que se firme un nuevo contrato y si no lo hacen les amenazan con echarles, perdiendo todos sus derechos.

“Urbanismo y los responsables municipales no se pueden olvidar de que concesionaron el suelo para crear vivienda protegida, y que el derecho a la vivienda digna está por encima de los intereses de una empresa”, ha denunciado Honorato, que también ha reconocido que en este caso se han producido un conjunto de irregularidades en la relación contractual entre inquilinos y empresa en la que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía tienen responsabilidad.

Un proceso lleno de irregularidades

La formación emergente recuerda que la Junta financió con ayudas la construcción del residencial Arttysur, así como supervisó el proceso de contratación ya que esta promoción forma parte del III Plan de Vivienda y Suelo andaluz 2003-2007. “Nos tememos que esto no sea un caso aislado y que se pueda repetir en otras promociones que la Junta de Andalucía haya financiado. Una vez más la lógica neoliberal se impone ante los derechos de las personas, ya que las administraciones muestran una permisibilidad total con el sector del ladrillo y su único interés por el máximo beneficio económico posible”, según Honorato.

Desde que en septiembre de 2003, la Gerencia de Urbanismo facilitó el suelo para la construcción del residencial Arttysur sus inquilinos no han dejado de denunciar abusos por parte de la constructora. Primero, se redujo la superficie de las viviendas construidas para aumentar su número hasta las 230, frente a las 164 que como máximo le permitía Urbanismo. “¿Por qué se autorizó esta modificación del proyecto? ¿Cuáles son las responsabilidades que este Ayuntamiento tiene en el proceso?”, se ha preguntado esta mañana Cristina Honorato tras registrar la pregunta para el próximo pleno.

El aumento del número de viviendas no fue el único cambio que se produjo desde que el contrato se firmó con Urbanismo hasta que se construyó. “En estos últimos 10 años, el Ayuntamiento ha mirado para otro lado y ha permitido que la constructora hiciera lo que quisiera olvidándose de que su labor principal, que es defender los derechos de la gente”, ha reconocido Honorato. El edificio incumple la normativa de accesibilidad a los espacios comunes, además las viviendas no están adecuadamente adaptadas a personas con movilidad reducida, como marca la ley. Algunas rampas de acceso tienen una pendiente hasta cinco veces superior a la estipulada o los baños de estas viviendas no están adaptados.

También en 2014 una sentencia del TSJA obligaba a eliminar unas pistas de pádel construidas en vez de un patio comunal como aparecía en el proyecto. Ahora dos años después parece que la Gerencia de Urbanismo va a obligar a restituir estas zonas comunes. “Esperemos que este anuncio de Urbanismo sea un punto de inflexión en la actuación hasta este momento”, ha concluido la portavoz adjunta de Participa Sevilla, Cristina Honorato.