Ahora Madrid exige a Cifuentes que se revierta la venta de vivienda pública en la Comunidad de Madrid a ‘fondos buitre’
Durante más de tres años la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, se ha desentendido de los vecinos y vecinas que perdieron sus derechos con la venta de sus viviendas a 'fondos buitre'.
La proposición aprobada hoy en pleno insta a la Comunidad de Madrid a que adopte las medidas necesarias que impidan que ni una sola familia más sea expulsada de sus viviendas y se asegure el acceso a la vivienda de las personas que se vieron afectadas por la compreventa.
Hace ya más de tres años de la venta de 2.935 viviendas sociales del IVIMA a la Empresa Azora, a través de su filial Encasa Cibeles, al precio de 201 millones de euros costeados por el fondo de inversión Goldman Sachs. La ciudad de Madrid perdió en aquella venta 1.380 viviendas sociales en los distritos de Tetuán, Villa de Vallecas y Carabanchel.
A día de hoy solo el 30% de las 1.380 familias permanecen aún en sus viviendas. El incremento de los arrendamientos entre el 100% y el 500% ha llevado a muchas familias a no poder hacer frente a los pagos. Tal y como señala la plataforma de afectados “de tener la seguridad de una vivienda digna en la que construir nuestro proyecto vital, hemos pasado a la incertidumbre de si podremos o no seguir en ella por mucho tiempo, ya que, pasados los dos primeros años desde la venta, todas aquellas familias que disfrutábamos de una ayuda al alquiler la perdimos».
En Madrid hemos asistido al desmantelamiento del parque público de vivienda protegida. Los gobiernos del PP en el Ayuntamiento (EMVS) y en la Comunidad de Madrid (IVIMA) malvendieron 5.000 viviendas, a Blackstone y Goldman Sachs por 128 y 201 millones de euros, respectivamente. Esto es, cada vivienda les ha salido a estas empresas por unos 60.000 € de media; un precio bastante menor de lo que nos costó construirlas a los contribuyentes madrileños y muy por debajo también del que estos fondos buitre pretenden obtener al venderlas.
Durante estos más de tres interminables años, el IVIMA, ahora Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, se ha desentendido de los vecinos y vecinas que perdieron sus derechos con la venta de sus viviendas a ‘fondos buitre’. Mientras el Ayuntamiento desde la llegada de Ahora Madrid al Gobierno municipal ha facilitado a las familias, afectadas por la venta de 1.860 viviendas, alternativa habitacional y ha puesto en manos de los tribunales el hecho, al querellarse contra el antiguo consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por la venta de pisos a los llamados fondos buitre entre 2012 y 2013.
La operación de compraventa de vivienda pública por parte del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid fue declarada contraria a derecho y a los intereses generales de los madrileños y madrileñas por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en el Informe de Fiscalización aprobado por su Consejo el 6 de noviembre de 2015.
En el caso de la operación de compraventa por parte del Gobierno de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, un informe de abril de 2016, de la Cámara de Cuentas de Madrid destapaba un «quebranto económico» y graves irregularidades en la entrega a Blackstone de las 1.860 viviendas municipales.
Por todo ello Ahora Madrid exige que la Comunidad de Madrid impida que ni una sola familia más sea expulsada de sus viviendas y se asegure el acceso a la vivienda de las personas que se vieron afectadas por la compraventa, que se inicien los trámites para revertir la operación y se modifique el reglamento de Viviendas con Protección Pública para impedir que se pueda volver a enajenar vivienda pública en la Comunidad de Madrid.
En Ahora Madrid defendemos el derecho a la vivienda y exigimos que las instituciones del Estado dispongan y hagan uso de los recursos necesarios para garantizar el acceso a la vivienda de todos y todas. No queremos gentes sin casas ni casas sin gente.
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