Tras el dramático desahucio ejecutado el pasado miércoles 28 de noviembre, la asamblea de Stop Desahucios Móstoles queremos manifestar lo siguiente…

Comunicado

El desahucio es la consecuencia directa de la nefasta gestión por parte del gobierno del Partido Popular hace del parque público de vivienda de la CAM. Desde la fraudulenta venta de casi 3000 viviendas vendidas a fondos buitres por debajo de su precio de construcción, dejando la vida de cientos de familias en manos de especuladores de capital extranjero, la CAM y el órgano que gestiona el patrimonio de vivienda social la Agencia de Vivienda Social (anterior IVIMA), acumulan despropósitos como el de ayer, no solo negándose a negociar alquileres sociales, sino penalizando sobremanera a las familias que se han visto obligadas a buscar una solución habitacional fuera de la legalidad, perpetuando y agravando la situación de vulnerabilidad. Ademas las cifras estiman que la AVS acapara más de 500 viviendas vacías desatendiendo la función social de las mismas, en este contexto han sido incapaces de dar una solución a Raquel y su familia a pesar de que llevaban más de cuatro años residiendo sin titulo en una vivienda pública.

Es consecuencia también de la irresponsable falta de legislación en materia de vivienda en la Comunidad de Madrid, pese a que es cada vez mas evidente la burbuja de los alquileres y los terribles efectos del aterrizaje de los fondos buitres en Madrid. Sobre todo cuando la sociedad civil había puesto una ILP de vivienda encima de la mesa con el aval de más de 70.000 firmas y que PP y Ciudadanos se negaron a debatir.

Pero además, lo vivido ayer contó con el respaldo de la judicatura, obviando los más elementales Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del niño, desoyendo el dictamen DESC de Naciones Unidas de 26 de Junio de 2017 y cometiendo irregularidades procedimentales siempre en beneficio de los grandes tenedores de vivienda sean estos públicos o privados, vulnerando incluso el derecho internacional y no teniendo en cuenta un “juicio de proporcionalidad“ de los intereses en juego, sobre todo cuando están implicados menores.

La única administración que intervino fue el ayuntamiento de Móstoles, lo hizo in extremis, pese a tener conocimiento del caso desde 10 días antes del desahucio, esperamos que la solución de alojar a Raquel y su familia en un hostal sea provisional, y entre las administración en den una solución digna y estable a nuestra vecina.

Exigimos al ayuntamiento que desarrolle un protocolo de detección e intervención de casos de desahucio y el seguimiento constante y minucioso del mismo, ya sea hipotecario, de alquiler o de ocupación sin titulo, para que no se vuelvan a vivir escenas como las que vivimos el miércoles. Así como que cumpla los compromisos adoptados en pleno en materia de vivienda vacía, en especial la vivienda gestionada por la AVS y reclame el uso social de las viviendas vacías del municipio.
Los vecinos de Móstoles y la Plataforma de Stop Desahucios vamos a velar siempre y de manera continuada por el cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestro municipio.