Barcelona vuelve a incumplir en 2022 el límite legal de dióxido de nitrógeno, mientras Madrid lo iguala
- La contaminación del aire causa cada año 6.000 muertes prematuras en Barcelona y Madrid, en su mitad debidas al dióxido de nitrógeno emitido por los automóviles.
- Las zonas de bajas emisiones de Barcelona y Madrid resultan insuficientes para proteger la salud de los 6,2 millones de habitantes de ambas aglomeraciones.
Con los datos provisionales de la calidad del aire proporcionados por la Generalitat de Catalunya, durante el año 2022 el Área de Barcelona habría retornado al incumplimiento del valor límite anual establecido por la normativa para el dióxido de nitrógeno (NO2), tras el respiro concedido por la pandemia de la COVID-19 durante los años 2020 y 2021.
Así, la estación barcelonesa l’Eixample habría sido la única en todo el Estado español que incumplió el año pasado este límite legal, alcanzando una concentración de 42 microgramos por metro cúbico (µg/m3), cuando la máxima permitida está establecida en 40 µg/m3 desde el año 2010. Barcelona acumula así más de una década de incumplimiento normativo.
En contraste, con los datos provisionales municipales, por primera vez desde que se dispone de registros sistemáticos de NO2, la contaminación del aire en la ciudad de Madrid no habría superado dicho valor límite anual, igualándolo en la estación Plaza Elíptica con una concentración de 40 µg/m3, frente a los 41 µg/m3 alcanzados en 2020 y 2021.
La contaminación por NO2 en las dos principales áreas urbanas españolas se mantiene así en niveles muy elevados, que igualan o superan el vigente valor límite anual, de forma que la semana pasada el Tribunal Europeo de Justicia condenó al Reino de España por el incumplimiento sistemático y continuado desde el año 2010 del valor límite anual del NO2.
Además, los niveles de NO2 en ambas aglomeraciones duplican el nuevo valor límite anual propuesto por la Comisión Europea para 2030, 20 µg/m3, y cuadruplican la recomendación anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijada en 10 µg/m3.
Según el Instituto de Salud Global, la contaminación del aire ocasiona cada año hasta 6.000 muertes prematuras en las ciudades de Barcelona y Madrid, la mitad de ellas atribuidas directamente al NO2 que emiten fundamentalmente los tubos de escape de los automóviles alimentados por combustibles fósiles, y muy en especial los vehículos diésel.
En este contexto, las zonas de bajas emisiones de Barcelona y Madrid se están demostrando como insuficientes para reducir de forma eficaz la contaminación del aire, en el caso de Barcelona por afectar a muy pocos automóviles y en el caso de Madrid por limitarse a dos ámbitos muy reducidos de la ciudad y ser cada vez más permisivas.
El objetivo de las zonas de bajas emisiones no debería ser acelerar la renovación del parque de automóviles, sino conseguir una rebaja sustancial de los vehículos en circulación, que permita reducir la contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de gases con efecto invernadero, los accidentes de tráfico y la ocupación abusiva del espacio público.
En opinión de Ecologistas en Acción, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid deberían reducir de manera drástica y urgente el tráfico motorizado que accede y circula diariamente por ambas ciudades para conseguir una mejora significativa de la calidad del aire que respiran sus 6,2 millones de habitantes, potenciando con la asistencia de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña el transporte público metropolitano y favoreciendo la movilidad activa peatonal y ciclista, en las distancias urbanas más cortas.
Respecto al resto de ciudades españolas, la organización ambiental advierte de que, pese a no incumplir el valor límite anual vigente, la mayoría también exceden tanto el nuevo valor anual propuesto para el NO2 por la Comisión Europea como la recomendación de la OMS, por lo que también deberían estar implantando medidas eficaces de reducción del tráfico.
La organización ambiental considera negligente el comportamiento de los principales ayuntamientos españoles, que han decidido incumplir la obligación legal contenida en la Ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética de establecer zonas de bajas emisiones en sus ciudades antes de 2023, en perjuicio de la salud de sus vecindarios.
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