Convocada manifestación contra la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona el 19 de septiembre

Ayer, los Gobiernos catalán y central anunciaron un acuerdo para ampliar la infraestructura aeroportuaria despierta fuertes críticas de ecologistas, de los municipios limítrofes y de fuerzas políticas como En Comú Podem y la CUP. La inversión «extraordinaria» inicial ascendería a 1.700 millones de euros. También está prevista la inyección de  1.600 millones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para acometer otra ampliación.

El pacto encuentra el apoyo de la Cámara de Comercio de Barcelona y la patronal Foment del Treball y la oposición de los principales municipios afectados por el ruido y de diversas organizaciones ecologistas además de sindicatos combativos. Asimismo, desde el Gobierno de la Generalitat, se muestran contrarios En Comú Podem y la CUP, lo que puede afectar, en este último caso, a los acuerdos con ERC de apoyo al Govern. La decisión tampoco cuenta con el aval de la comisión de estudio que impulsó el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Un acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para ampliar el Aeropuerto de El Prat e impulsarlo para convertirlo en un hub internacional.⁰⁰Esta inversión generará 83.000 empleos directos, 365.000 totales y supone un 8,9% del PIB catalán.

?@isabelrguez #LaEspañaQueHacemos_ pic.twitter.com/I5bUE06nDn

— PSOE (@PSOE) August 2, 2021

Hasta 120 organizaciones sociales demandan que los casi 3.400 millones de euros presupuestados para los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona se inviertan en un modelo de movilidad que priorice aquellos modos de transporte más utilizados por el conjunto de la población y más sostenibles, como el tren. Argumentan impactos climáticos y ambientales, impactos sociosanitarios en la población, y que estos proyectos especulativos van en contra del interés general. Demandan la paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación (tanto ampliación de pistas, como nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre aeropuertos) así como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a costa de  la población y del  planeta; además de la puesta en marcha de un plan de redimensionamiento de AENA que incluya el cierre de aeropuertos ya deficitarios antes de la pandemia y la eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, entre otras cuestiones.

Greenpeace, que forma parte de la Plataforma ZeroPort, denuncia la falta de compromiso con el clima y el medioambiente mostrada por ambas administraciones al dedicar 1.700 millones de euros para una infraestructura que potencia el uso de combustibles fósiles y que además perjudica notablemente la calidad de vida del área metropolitana. Añaden que «con esta decisión, que se suma a la inversión de 1.600 millones para ampliar el aeropuerto de Madrid-Barajas, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra su falta de compromiso en el desarrollo de un modelo de transporte limpio y eficiente». Greenpeace recuerda que el avión es el modo de transporte más contaminante por persona transportada, hasta 20 veces más que el tren.

Entre los sindicatos opuestos, la CGT de Catalunya cree que «lo ocurrido en El Prat no es una granizada, no ha caído del cielo: es responsabilidad de los partidos políticos que están a los dos gobiernos, al servicio del empresariado en esta y otras cuestiones y de toda la supuesta oposición que gestiona su participación institucional y los desencuentros, sin llamadas a acciones efectivas de resistencia, con un cálculo que los hace cómplices».

El comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, remitió a finales de julio una carta a la consellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, en la que asegura que si una evaluación sobre el impacto de la ampliación de la tercera pista del Aeropuerto del Prat «confirma que producirá efectos negativos en un lugar Natura 2000 [La Ricarda], en principio el proyecto no podrá autorizarse«. Añade el comisario que  «es necesario abordar las deficiencias» en el Delta del Llobregat, por las cuales el ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos de infracción. Concluye que «corresponde a las autoridades nacionales elegir el modelo de desarrollo más adecuado para la zona en cuestión, también en lo que se refiere a garantizar la coherencia con sus objetivos políticos para lograr la protección del clima y la biodiversidad», pero a continuación indica: «No obstante, deben hacerlo respetando plenamente el Derecho de la UE».

Crecen las voces en desacuerdo

Ayer el @govern y @desdelamoncloa pactaron la ampliación del aeropuerto de El Prat. Un acuerdo ciego y sordo a los impactos ambientales y sociales. Por eso, el19 de septiembre nos sumamos a las movilizaciones #DecrecimientoAviación.#MenysAvionsMésVida https://t.co/lCTMeFxOr2

— Ecologistas en Acción (@ecologistas) August 3, 2021

⚠?Es frustrante que haya que recordar esto, PERO
la ampliación del aeropuerto de El Prat destruirá una zona natural protegida. #Natura2000
Tanto @DEPANA como nosotros expresamos nuestro absoluto rechazo. (?HILO) #ElPrat
?‍?https://t.co/fIMVwT74HN pic.twitter.com/YO3zdHOe86

— SEO/BirdLife (@SEO_BirdLife) August 3, 2021

Veo que la colaboración entre dos gobiernos ‘progresistas’ -el español y el catalán- se vuelca en una lamentable apuesta por ampliar el aeropuerto del Prat. Será para resolver perentorios problemas sociales y para rebajar una huella ecológica desbocada. No había caído en ello.

— Carlos Taibo (@carlos_taibo) August 2, 2021

Aeroport del Prat. Ni cambio de modelo productivo ni emergencia climática. Regalar dinero público a los de siempre, sin condicionalidad, para que hagan lo de siempre. Pero que nadie se preocupe, que el Gobierno tiene un documento para el 2050.

— Íñigo Errejón (@ierrejon) August 3, 2021