Grupos ecologistas piden a los presidentes Sánchez y Aragonès que paralicen la ampliación del aeropuerto del Prat

Los presidentes de los Gobiernos español y catalán, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, han recibido una carta firmada por los grupos ecologistas Amigos de la Tierra, Depana, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. En ella, muestran su oposiciónal proyecto de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas, ubicado en El Prat de Llobregat (Barcelona), por ser insostenible desde el punto de vista ambiental.

La misiva llega un día después de la extrema llamada de atención mundial realizada por el panel de expertos en cambio climático de Naciones Unidas (IPCC) ante las alarmantes evidencias del fenómeno en todo el planeta, y en cuyo informe conminan a los Estados a acelerar el proceso de descarbonización.

“La propuesta de ampliación del aeropuerto de El Prat –señala la carta– vulnera todos los compromisos en la lucha contra el cambio climático en un momento en el que los dos Gobiernos han declarado la Emergencia Climática en Cataluña y en España, y a la que se han sumado los ayuntamientos de Barcelona y de El Prat de Llobregat. Una ampliación del aeropuerto no solo supondrá aumentar las emisiones, en vez de reducirlas, sino que fomentará un tipo de transporte, de comercio y de turismo contrario al que requiere la crisis climática y ambiental, y a las políticas de lucha contra el cambio climático que preconizan públicamente desde sus Gobiernos.

Por ello, las organizaciones ecologistas piden a Sánchez y a Aragonès que redirijan los fondos acordados hacia otros sectores que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, y a su vez, favorezcan al medio ambiente, protejan la biodiversidad y preserven el territorio; que se reorienten las inversiones de dinero público hacia proyectos que aseguren la transición a una economía descarbonizada que priorice la justicia social y el interés general.

“Sus gobiernos deberían impulsar políticas encaminadas a reducir el transporte aéreo y favorecer otro tipo de movilidad más sostenible”, apunta la carta, en la que recuerdan que “el aéreo es el modelo de transporte de mayor tasa de emisiones per capita y el responsable del 2 % de emisiones de CO2, además de otras como vapor de agua y los óxidos de nitrógeno (NOx), siendo estos últimos de los que más dañan a la capa de ozono”.

Señalan, a su vez, que “no es aceptable ninguna actuación que afecte negativamente a la zona de especial protección de las aves y las reservas naturales del Delta del Llobregat –un espacio protegido– incluso con propuestas de medidas compensatorias”. Sobre todo cuando en este momento los Gobiernos de España y Cataluña tienen que hacer frente a un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea en 2012, cuyo origen es el desvío del río para ampliar el puerto de Barcelona y la ampliación del aeropuerto con una tercera pista.

“No sería posible defender ante Europa, ni ante los tribunales españoles, un nuevo proyecto que tenga efectos negativos sobre el espacio protegido atendiendo a la legislación existente y a la situación de conservación del mismo, ya que la presión suplementaria que supondría sobre el Delta del Llobregat causará un perjuicio significativo sobre sus objetivos medioambientales lo que se añadiría a su actual mal estado de conservación que ha supuesto un procedimiento de infracción e imposibilitaría utilizar cualquier tipo de fondos europeos. Además, el Delta del Llobregat es una de las zonas más vulnerables al cambio climático, tal como muestran todas las proyecciones de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, por lo que sería una triste ironía que se lleve a cabo una infraestructura en la zona que acelere su propia destrucción”.

La ampliación, además, aumentará considerablemente los problemas de contaminación ambiental y acústica que sufren decenas de miles de personas, habitantes de los municipios cercanos. Las partículas ultrafinas, el hollín y los enormes niveles de ruido emitidos por los motores de las aeronaves representan la causa de patologías de tipo cardiovascular, discapacidades auditivas, alteraciones del sueño o deterioros del rendimiento cognitivo de la población de dichos municipios, especialmente entre los grupos sociales de mayor vulnerabilidad.

Un cambio sí, pero de la economía

Los grupos ecologistas consideran que hay que pasar de una economía del siglo pasado a una economía del siglo XXI, y destacan que:

1. La propuesta de ampliar los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Reus y Girona esuna apuesta por una economía basada en la especulación, masificación, deslocalización, destrucción del territorio, uso de recursos y de las emisiones.
2. España y Cataluña necesitaninvertir en una economía descarbonizada, respetuosa con el medio ambiente y circular, que reduzca el uso de recursos naturales y genere puestos de trabajo estables y de calidad.
3. Cataluña precisa una fuerte inversión en materia de movilidad sostenible, basada en el transporte por ferrocarril (España es uno de los países europeos con menor accesibilidad por ferrocarril). También otras inversiones en el ámbito de la transición ecológica justa, I+D+i, cultura, servicios públicos y cuidados pueden asegurar para Cataluña puestos de trabajo de calidad.
4. El futuro del Área Metropolitana de Barcelona y de Cataluña no puede pasar por aumentar veinte millones de visitantes de turismo masificado perpetuando un modelo turístico que ha causado grandes desequilibrios en el territorio, así como grandes problemas sociales y de gestión.
5. Hace falta más diálogo. “La frontal oposición tanto de la alcaldesa de Barcelona como del alcalde de El Prat a este acuerdo, y a este proyecto de AENA,demuestra que se han alcanzado sin el adecuado y necesario diálogo social”. También la voz de los colectivos sociales, vecinales, ecologistas y de la comunidad científica ha sido ignorada.

La carta finaliza con una llamada de urgencia: “La construcción de un modelo socioeconómico más sostenible, más resiliente y más eficiente que se ajuste a los límites del planeta, constituye una tarea urgente en la que la acción decidida de sus Gobiernos, con el apoyo de las entidades firmantes de esta carta y de muchos otros colectivos de la sociedad civil, resulta imprescindible”.