Colectivos de trabajadoras sexuales se reúnen con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante el peligro de encarcelamiento que les puede suponer el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual

El pasado martes 11 de mayo los colectivos de trabajadoras sexuales y feministas procedentes del ámbito jurídico y activista se reunieron con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, y la concejala de Feminismos y LGTBI Laura Pérez, debido a la inminente tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuyo articulado modifica el Código Penal afectando directamente al colectivo de trabajadoras sexuales del Estado Español.

Las compañeras presentaron la campaña a nivel estatal iniciada a partir del manifiesto “Escuchar para Legislar. Por una ley de libertad sexual que no criminalice a las mujeres” que ya han firmado 200 colectivos y organizaciones, así como cerca de 3000 individualidades.

Del mismo modo que ya hicieron en la ronda de reuniones con partidos políticos en el Congreso (ERC, CUP, Bildu, Compromís, BNG, Junts, PNV), las activistas advirtieron de las consecuencias de la Ley de “Sólo sí es sí” para las trabajadoras del sexo: desahucios, problemas de acceso a la vivienda, persecución y aumento de presencia policial -con las consecuencias que esto comporta para las compañeras migrantes-, clandestinidad -y, por lo tanto, de inseguridad y agresiones impunes. Además, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Libertades Sexuales va mucho más allá de las consecuencias criminalizadoras y de la vulneración de derechos que han implicado en los últimos años las Ordenanzas Municipales y la Ley Mordaza. El texto solicita el encarcelamiento por tercería locativa y proxenetismo no coactivo con hasta cuatro años de prisión, lo que tal y como está planteado por el Ministerio de Igualdad puede llevar a cárcel a miles de trabajadoras sexuales en el estado español.

Tras escuchar todas las intervenciones, Ada Colau mostró su preocupación por la falta de participación de las trabajadoras sexuales en el proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales y el déficit democrático que ello supone. Coincidió en que es esencial escuchar la voz de las trabajadoras sexuales a la hora de elaborar cualquier normativa que les afecte, y que, más allá de las diferentes posturas ante la prostitución, la prioridad siempre ha de ser garantizar sus derechos. Asimismo, la alcaldesa reafirmó su compromiso en acompañar a las trabajadoras sexuales en la lucha por la descriminalización. Por todo ello, Colau se comprometió a trasladar el manifiesto y la demanda de los colectivos de trabajadoras sexuales al Ministerio de Igualdad y abogó por seguir haciendo incidencia política en clave positiva y constructiva, buscando un diálogo sereno que ponga en el centro la vida y los derechos de las trabajadoras sexuales.