Una ley para proteger a quienes apoyan a las víctimas de violencia machista

Para abordar la lucha contra la violencia de género, un paso imprescindible es que las víctimas tengan el apoyo de su entorno y evitar que queden aisladas. Pero ¿qué ocurre si las personas de ese entorno no son a su vez protegidas? El trabajo de Jose Ramón Flecha García, fundador del instituto Community of Research on Excellence for All (CREA), y de diversos equipos académicos, ha llevado a la aprobación en el parlamento catalán de la primera legislación sobre el acoso sexual de segundo orden (SOSH, por sus siglas en inglés).

En la ley 17/2020 del 22 de diciembre se ha incluido el siguiente punto: Violencia de segundo orden. Consiste en la violencia física o psicológica, las represalias, las humillaciones y la persecución ejercitadas contra las personas que dan apoyo a las víctimas de violencia machista. Incluye los actos que impiden la prevención, la detección, la atención y la recuperación de las mujeres en situación de violencia machista.

“Hubo unanimidad en el parlamento. El amparo legal que esta ley ofrece a quienes apoyan está teniendo ya un impacto social y político en Cataluña. Un número creciente de instituciones y organizaciones está reflexionando sobre cómo incluir esa misma protección en sus protocolos. Los ataques a quienes apoyan a las víctimas, que hasta este momento iban contra la ética, ahora también van contra la ley”, dice a Sinc Flecha García, que analiza esta forma de violencia en un artículo que se publica en la revista Violence Against Women.

Para el científico, las víctimas solo pueden transformarse en supervivientes si encuentran apoyo “y este apoyo solo se da, salvo honrosas y heroicas excepciones, con legislaciones y actuaciones institucionales decididas en contra de las crueles represalias que sufren quienes apoyan. Sin estas legislaciones, la ley que se impone es la ley del silencio, que es la principal aliada de los acosadores, ya que garantiza el aislamiento de las víctimas”, añade.

“En Cataluña, tanto desde el movimiento asociativo como desde personas investigadoras comprometidas con la superación de la violencia de género, llevamos tiempo trabajando de manera conjunta. En el marco de la primera investigación sobre violencia de género en las universidades españolas, ya se identificaban algunos casos de violencia de segundo orden”, explica a Sinc Patricia Melgar Alacantud, profesora e investigadora en la Universidad de Girona y miembro del Grupo de Mujeres de CREA.

Este trabajo publicado en 2016, coliderado por Melgar Alacantud, recogía datos muy significativos en este ámbito, como que el 91 % de los casos de agresiones en las universidades españolas no se denuncian.

“No me cabe duda de que pronto otras comunidades autónomas, así como otros países, incluirán también este tipo de violencia en sus leyes. El artículo de Ramón Flecha tendrá un papel relevante. Su valiente trabajo analiza con rigor esa realidad que todos y todas conocemos y deja en una difícil posición a quienes acostumbran a perpetuar el silencio respecto a la violencia de género, a aislar a las víctimas, sembrando el terror a través de sus represalias. Digo valiente porque investigar sobre violencia de género, atreverte a visibilizar su existencia en determinados contextos, tiene un coste personal y profesional”, denuncia la investigadora.

Las consecuencias legales de este paso al frente en Cataluña supondrá que la protección a las víctimas, así como todos los recursos a los cuales tienen derecho las víctimas directas de violencia de género, estarán también ahora a disposición de quienes sufran violencia de segundo orden. Esto se refiere, por ejemplo, a acompañamientos, asistencia psicológica o jurídica.

El testimonio de quienes lo han sufrido

En su estudio, Flecha García cuenta con el relato de seis personas —cuatro mujeres y dos hombres— que han sufrido acoso sexual de segundo orden en España. “Sus historias nos permiten definir las características de este tipo de violencia y aportan elementos clave para aprender a combatirla”, explica.

Un profesor de secundaria, una profesora de primaria, una investigadora, un hombre cuya hermana sufrió abusos por un amigo de la familia, una mujer que es miembro activo de un partido político y una empleada de una organización sin ánimo de lucro se convirtieron en víctimas de SOSH porque mostraron su apoyo a las víctimas.

Todos ellos y ellas sufrieron violencia psicológica, represalias personales y en algunos casos, laborales. Además, en un caso hubo violencia física. Marina (nombre ficticio) relata cómo el individuo que abusaba sexualmente de la chica intentó agredirla físicamente tras uno de los casos de abuso sexual que esta denunció.

La investigación muestra que los acosadores cometen el acoso sexual de segundo orden a través de la humillación, las amenazas y las mentiras destinadas a manchar la reputación personal y profesional de las víctimas y socavar su credibilidad.

El miedo a las represalias

En la investigación de Flecha García, las seis personas que prestaron sus testimonios dieron su consentimiento a participar, supeditado a preservar su identidad anónima y no ofrecer ningún dato que pudiera identificarlas. En todos los casos la vivencia de acoso sexual de segundo orden se prolongó por un tiempo mínimo de un año. La recogida de datos se centró en analizar las características de este tipo de violencia, identificar las particularidades de cada contexto y las interacciones sociales que rodearon esas vivencias. “Por desgracia, el miedo también estaba presente en esas entrevistas”, continúa Flecha.

“Las represalias son tan crueles que, si las dejamos solo en manos del heroísmo individual, la mayoría seguirá mirando para otro lado en los casos concretos y seguiremos siendo muy pocas las personas individuales que apoyamos a las víctimas”, subraya Flecha García.

Flecha relata casos de familias donde el padre abusa de su hija pero esta no recibe el apoyo esperado porque “la sola denuncia interna en la familia provoca un gran rechazo”. También señala que en la propia universidad, miembros de las comisiones de igualdad, tras haber apoyado a las víctimas, “han sido expulsados de esas comisiones y tienen tanto miedo que no quieren que se hable”; y recuerda uno de los casos más famosos en España, el de un catedrático de la Universidad de Barcelona investigado tras haber recibido denuncias por acoso sexual de 14 personas, que se envió a fiscalía cuando ya habían prescrito los delitos.

Una violencia a la vista de todos

Para Melgar Alacantud, que estas realidades hayan comenzado a visibilizarse en medios de comunicación y redes sociales “empezó a crear un caldo de cultivo, pero a su vez constituyó una realidad incómoda ante la cual, o te conviertes en cómplice, o te sumas a los esfuerzos por transformar”, recalca. En esta segunda opción confluyeron algunas personas investigadoras, abogadas, movimientos sociales y responsables políticas que dieron importancia a fundamentar las modificaciones de la ley en evidencias.

En otros ámbitos, como en algunas escuelas en España y otros países, se han desarrollado clubs de ‘valientes violencia 0’. Estos grupos hacen de escudo de la víctima potencial para que no llegue a serlo. “Esas actuaciones de éxito hay que extenderlas a toda la sociedad aprobando las legislaciones adecuadas”, argumenta Flecha.

La investigadora de la Universidad de Girona también apunta que es importante diferenciar entre lo que aportan los resultados de investigaciones como la de Flecha y lo que después será el despliegue de la ley. “Tengo grandes esperanzas depositadas en este avance, pero también las tenía en los protocolos contra el acoso cuando empezaron a extenderse y, en algunos casos, dejaron mucho que desear”, indica.

Todavía es pronto para saber cómo acotará la protección de estas personas el despliegue de la ley, pero de lo que sí son conscientes los expertos es que protegiéndolas a ellas se estará promoviendo el apoyo a quienes sufren de manera directa la violencia de género.