El PSOE abandona a las víctimas del amianto con sus enmiendas al proyecto de creación de un fondo de compensación

Las enmiendas presentadas desmienten sin paliativos el discurso que hasta la fecha se había venido trasladando a las diferentes asociaciones de personas afectadas por la exposición al asbesto desde el registro el pasado 13 de abril de 2021 de un proyecto de ley que en su momento contó con el voto favorable de 296 parlamentarios, incluidos la totalidad de integrantes del grupo socialista.

De forma completamente sorpresiva, el PSOE atenta contra el espíritu de la norma propuesta por el Parlamento Vasco (donde contó con el apoyo unánime de los parlamentarios) y propone excluir del efecto protector del futuro fondo de compensación a las personas afectadas que han padecido la exposición a este material en el ámbito laboral. Concretamente, de este colectivo de víctimas y de un modo que sólo puede ser calificado de cínico, se dice que ya cuenta con un marco legal “muy favorable que facilita la protección adecuada de los trabajadores afectados”. Además, las enmiendas también proponen severas limitaciones a víctimas ambientales y domésticas -las únicas, según la propuesta, susceptibles de ser compensadas por el Fondo- a la hora de acceder a las compensaciones, puesto que se pretende excluir de este derecho a quienes tengan reconocida una pensión o prestación, tenga un grado de discapacidad inferior al 33% o no hayan residido en España durante al menos 10 años.

Con la perspectiva que nos aporta más de 4 décadas de lucha jurídica y social en defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al asbesto y tras haber conseguido desde nuestro despacho las primeras sentencias del Tribunal Supremo que establecieron la responsabilidad de las empresas infractoras por las enfermedades y defunciones tanto de antiguos trabajadores como de víctimas domésticas y ambientales queremos posicionarnos con rotundidad frente a las restricciones que se pretende imponer en el acceso al Fondo de Compensación. Y en este sentido, respondemos a los argumentos falsos y erróneos con los que el PSOE pretende justificar una postura que, una vez más, antepone los intereses económicos del Estado a la voluntad de compensar los efectos del amianto sobre la salud de las personas expuestas:

1. El marco jurídico no es en absoluto favorable

Ni la normativa existente en materia de prevención y Seguridad Social ni el conjunto de la legislación en vigor pueden definirse como propiciadores de un tratamiento “muy favorable que facilita la protección adecuada de las víctimas”. Y para comprobarlo tan solo hay que atender a estudios como el realizado por el catedrático Alfredo Menéndez de la Universidad de Granada que señala que en más de un 93% de los casos de defunciones provocadas por un mesotelioma causado por exposición laboral al amianto que afectan a hombres y en un 96% de los casos que afectan a las mujeres la patología no fue reconocida como enfermedad profesional por la Seguridad Social. Un dato referente a una concreta patología, el mesotelioma o cáncer de pleura, cuyo único origen conocido es la presencia de fibras de amianto en el sistema respiratorio. Si eso sucede con una enfermedad únicamente vinculada al amianto, es fácil deducir qué sucede con otras patologías potencialmente mortales relacionadas con la exposición al amianto como puede serlo el cáncer de pulmón cuya etiología es más diversa. No en vano, España es uno de los países de la UE que menos casos de enfermedades causadas por el amianto reconoce anualmente.

2. Largos y dolorosos procesos judiciales

La falta de reconocimiento administrativo por parte del INSS incluso en aquellos casos de etiología indiscutible o cuando la patología está explícitamente recogida en el Cuadro de Enfermedades Profesionales obliga de forma invariable a víctimas y sus familias a recurrir al amparo judicial y embarcarse en largos procedimientos judiciales que, muy a menudo, acaban llegando hasta el Tribunal Supremo por iniciativa de empresas, mutuas de trabajo y el propio INSS. En la inmensa mayoría de casos, el procedimiento finaliza cuando la persona afectada ya ha fallecido.
A pesar de que el propio PSOE declaraba que evitar este periplo judicial era uno de los efectos perseguidos con la creación del Fondo de Compensación, ahora se remite a la posibilidad de recurrir a los juzgados como razón para excluir a trabajadores y trabajadoras del paraguas protector que éste debiera ofrecer.

3. Víctimas ambientales y domésticas sin derecho cuando perciban prestaciones o pensiones

Otra forma de reducir en extremo el volumen de personas afectadas por el amianto que puedan llegar a beneficiarse de la creación del Fondo. Las patologías causadas por el amianto tienen periodos de latencia -es decir, el tiempo transcurrido desde la exposición hasta el desarrollo de la enfermedad- que pueden alcanzar los 40 años. Resulta extremadamente previsible que muchas de las personas expuestas en el ámbito doméstico (casi siempre como consecuencia de los incumplimientos de las empresas que empleaban a familiares y convivientes) o incluso en el ambiental, podrían estar ya percibiendo una pensión de jubilación en el momento de verse afectadas. Una medida artificiosa sin otro objetivo ni justificación más que impedir que un mayor número de personas puedan llegar a ver compensadas sus patologías.

4. Prestaciones de la Seguridad Social e indemnizaciones no son conceptos que puedan ser compensados entre sí

En el momento de impulsar el proyecto de ley que debía concluir con la creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto se explicitó que este fondo debía satisfacer el deseo que su nombre enunciaba: compensar a las víctimas por el hecho de serlo y, de este modo, reconocer que buena parte de la responsabilidad sobre esta afectación debía atribuirse a la inacción de la propia Administración. Sin embargo, el PSOE se desmarca radicalmente de este proyecto y considera que quien tenga reconocida la situación de Incapacidad Permanente no debe ser compensada por el Fondo. Situación injusta que interesadamente pretende ignorar que la prestación por IP está concebida para evitar la falta de ingresos de quien por razón de su estado físico ha perdido total o parcialmente la capacidad para desarrollar una actividad profesional mediante la cual asegurar sus sustento económico. No se trata, por tanto, de una “indemnización” cuya propia naturaleza refiere a la obligación de reparar un daño y conlleva en sí misma el concepto de responsabilidad. Esa misma responsabilidad que, una vez más, el Gobierno español se niega a aceptar ni por la permisividad del pasado ante el riesgo evidente para la salud que supone la exposición al amianto ni por su negativa presente a reconocer los derechos de las personas afectadas.

5. Desprotección de las personas afectadas por empresas desaparecidas o con perspectiva de cesar su actividad

Coemac, la antigua URALITA, principal fabricante de productos derivados del amianto, se encuentra actualmente en situación de concurso de acreedores y sigue sin hacer frente al pago de numerosas indemnizaciones fijadas mediante sentencias y ya firmes. Como Coemac, muchas de las empresas responsables de la exposición al amianto de miles de trabajadores y trabajadoras, de sus familias e incluso de las personas residentes en áreas cercanas también han desaparecido. Apelar a los procedimientos judiciales y a la acción protectora de la Seguridad Social supone ignorar que muchas de estas personas no percibirán nunca las indemnizaciones otorgadas por los tribunales y que sus derechos no se limitan al reconocimiento de la afectación sobre su condición física y salud, sino también a percibir los correspondientes recargos de prestaciones que derivan de la existencia de eventuales incumplimientos de las normas de seguridad y protección de la salud. Un derecho que les corresponde y que está siendo defraudado ante la inacción de la Administación.

6. Se reitera y prolonga el incumplimiento del compromiso de facilitar el acceso anticipado a la jubilación para las personas expuestas al amianto a lo largo de su vida laboral

Por iniciativa de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Catalunya (AVAAC) se instó a los diferentes grupos parlamentarios a acoger en sus enmiendas la antigua y justa reivindicación de aplicar coeficientes reductores a la edad de acceso legal a la jubilación en atención a la insalubridad de sus condiciones de trabajo y a una menor esperanza de vida (riesgo que no desaparece tras abandonar la actividad laboral, como ya hemos dicho). ERC, CUP, PNV y Unidas Podemos han añadido esta petición a sus enmiendas pero no lo ha hecho así el PSOE, quien mantiene paralizado desde el pasado mes de junio el compromiso trasladado por el Ministro Escrivá tanto a AVAAC como a nuestra propia cooperativa de impulsar “de manera inmediata” la tramitación del acceso anticipado a la jubilación para este colectivo.

Por todo lo expuesto, y recordando que anualmente se dan en España 1900 nuevos casos de patologías relacionadas con el amianto y que la UE estima que la exposición al asbesto será responsable de alrededor de 60.000 defunciones en España hasta el año 2040, desde Colectivo Ronda expresamos nuestra indignación con el intento de desdibujar irremisiblemente un proyecto concebido para compensar a quienes han visto sus vidas truncadas por un material sobre cuya peligrosidad se tenía plena conciencia desde décadas antes de su prohibición.
Es por ello que, conocedores en primera persona del sufrimiento causado por el amianto en nuestro país, volvemos a unir nuestra voz a la de todas las víctimas de nuevo engañadas y abandonadas y nos ponemos a disposición de cuantas acciones de movilización y denuncia pública quieran realizar las víctimas.

El día 16 de marzo, se inicia el trámite parlamentario que ha de concluir con una Ley que cree un Fondo Público de Compensación Para las Víctimas del Amianto similar a los que existen en países como Francia, Bélgica o Países Bajos. Similar, aunque con una dotación económica muy inferior puesto que en España se prevé destinar 25 millones de euros a este Fondo en contraposición a los más de 300 que anualmente destina Francia a compensar a las víctimas del amianto. El PSOE todavía está a tiempo de actuar con la debida responsabilidad y respeto a su propia palabra para no agravar la situación de histórico abandono y olvido que afecta a las personas que en España han padecido y padecerán los efectos del amianto.