España pedirá retrasar la minería submarina desde el Consejo de ISA
En 2023 España ya tiene derecho a voto en el Consejo de la International Seabed Authority (ISA). Desde su posición, solicitará una «pausa preventiva» en la controvertida explotación minera de los fondos marinos.
EYa en 2023, España es miembro con derecho a voto del Consejo de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), que regula contra reloj la minería submarina, una actividad muy criticada por los ecologistas y que explotaría una de las pocas zonas inalteradas del planeta.
Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), España aprovechará su posición en el Consejo de la ISA para defender el “cumplimiento estricto” del principio de precaución y exigir una «pausa preventiva» en la explotación minera de los fondos marinos.
El objetivo de la moratoria es evitar toda extracción “hasta que haya suficientes conocimientos científicos y salvaguardas ambientales efectivas para evitar daños irreversibles a la biodiversidad marina, los ecosistemas o la salud de los océanos”, arguyen desde el Miteco.
Una «Constitución de los océanos»
En 1994, las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar introdujeron una disposición en el capítulo 11 de esta suerte de «Constitución de los océanos» que permite a cualquier Estado miembro presentar una solicitud para que se adopte el reglamento de explotación de los fondos marinos en un plazo de dos años.
«En caso contrario, las solicitudes de proyectos presentadas se considerarán y aprobarán provisionalmente a pesar de la ausencia de reglamento”, recuerda desde OceanCare el especialista Carlos Bravo.
Así, en 2021, Nauru, un estado isla del pacífico, dio a la ISA un ultimátum: si en dos años este organismo no desarrolla la regulación para la minería submarina, el país podrá empezar operaciones con un permiso provisional, pese a la oposición de otros miembros de ISA, como Francia, España, Chile y otras islas del Pacífico, como Palaos.
En este punto, Bravo no muestra ninguna esperanza de que el reglamento de ISA pueda estar listo para cuando finalice el plazo -en julio-, así que ahora los esfuerzos se centran en buscar “una manera legal de contrarrestar o anular esta regla de dos años”.
Algunos países -entre ellos, España- se han unido en coaliciones para exigir moratorias a la minería submarina, y otros incluso piden su prohibición, como defendió en Egipto el presidente francés, Emmanuel Macron, que aprovechó su discurso en la cumbre del clima el pasado noviembre para manifestar su rechazo absoluto a la actividad.
La alerta está, sobre todo, en el daño que puede ocasionar la extracción minera a los ecosistemas de aguas profundas, de los que apenas se tiene información pero donde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza calcula que hay una biodiversidad que puede ser de “vital importancia” para la humanidad.
También preocupa que los barcos viertan al mar los residuos tóxicos y sedimentos producidos al triturar y bombear las rocas a la superficie, algo que podría dañar ya no solo a las especies que habitan las profundidades oceánicas sino también a peces grandes como los atunes, y comprometer la salud de toda la cadena alimentaria.
Por otro lado, algunos ecologistas y expertos climáticos temen que se libere el carbono atrapado en el lecho marino, ya que al removerse la tierra podría emitirse de nuevo el CO2 y contribuir a empeorar la ya difícil situación climática mundial.
Se estima que los fondos marinos contienen metales por valor de billones de dólares, puesto que de los nódulos polimetálicos hallados en algunas zonas estratégicas se pueden extraer grandes cantidades de níquel, cobalto, manganeso o cobre, materiales críticos cuya demanda en los últimos años han experimentado un crecimiento exponencial.
Los defensores de la minería submarina argumentan que muchos de esos materiales son esenciales para el desarrollo tecnológico en parte necesario para electrificar el transporte y descarbonizar la economía, y destacan las consecuencias socio ambientales de la minería terrestre en la que, de otro modo, se tendría que apoyar la transición energética.
Desde Oceana, sin embargo, recuerdan que ya se han fabricado baterías para coches eléctricos que no requieren níquel ni cobalto, y sostienen que a la velocidad a la que avanza la investigación, para el momento en que la minería submarina sea una realidad, ya habrá baterías más eficientes -de mayor duración- o reciclables.
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