IU exige al Gobierno de Sánchez que “cumpla” y “desarrolle importantes compromisos” para mejorar el sistema científico y la estabilidad laboral del personal investigador
Carmen Domínguez, responsable federal de Ciencia y Universidad, adelanta que Izquierda Unida “va a solicitar una reunión urgente con el Ejecutivo” para tratar de forma expresa esta cuestión, porque “responder a las reclamaciones históricas de los/as investigadores requiere una Ley de Ciencia y un marco laboral que no dejen los equipos a merced de las crisis, los gobiernos o los desacuerdos”.
Izquierda Unida traslada al Gobierno de Pedro Sánchez su exigencia para que “cumpla y desarrolle” una serie de compromisos negociados y plasmados en el acuerdo presupuestario alcanzado con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en relación con el sistema científico español y el personal investigador que trabaja en él, según explica Carmen Domínguez, responsable federal de Ciencia y Universidad.
Estas reivindicaciones han formado parte ya de las exigencias de Izquierda Unida como oposición al Gobierno del PP y han estado muy presentes en las mesas sectoriales de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, del Estatuto del Personal Investigador en Formación y demás ámbitos de diálogo y acuerdo con colectivos, sindicatos y organizaciones políticas.
Domínguez destaca que para IU “la ciencia es un sector estratégico y la apuesta por la investigación es clave en la construcción de un nuevo modelo de país. En esta nueva etapa han mejorado las expectativas sobre una estrategia que repare el daño de nuestro sistema científico, pero nuestra exigencia no disminuye. Por ello, mantenemos nuestro compromiso con los colectivos en conflicto y con sus reivindicaciones, organizadas en torno a Carta por la Ciencia, Marcha por la Ciencia y numerosas plataformas de jóvenes investigador@s y organizaciones sindicales.
Con estos antecedentes y junto al completo trabajo realizado por la Red de Activistas de Ciencia se han concretado estos compromisos en los siguientes:
• La dotación presupuestaria recogida en el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno es claramente insuficiente. Se trataría de llegar en 2020 a la financiación de gasto real (capítulos 1 al 7) de la Función 46 de los PGE correspondiente a 2009 (4.176 millones de euros) Esto significa un incremento de 668 millones en los Presupuestos de 2019 y otros 668 en los del año siguiente.
• El plan de choque para recuperar al personal perdido a causa de los recortes debe contemplar y articular el retorno paulatino de los investigadores que quieran volver, estudiando los recursos posibles a asignar para su incorporación a grupos o centros. Este plan se financiará con fondos de gasto real, mejorando y aumentando las ofertas de contratos y la Oferta de Empleo Público en los OPIs y el CSIC. Estas OEP deben contemplar el aumento sustancial de efectivos en todas las escalas: personal investigador, personal técnico y personal de gestión.
• Eliminación de las trabas burocráticas que ralentizan o directamente impiden la correcta ejecución de los fondos obtenidos por los OPIs. Se debe eliminar totalmente la intervención previa en los OPIs y reducir la burocracia creciente. Se debe derogar la Ley 40/2015, de reforma de la Administración Pública aprobada por el Gobierno del PP y que retrotrae la administración a los años 50.
• Cumplir con los compromisos de desarrollo del Estatuto del Personal Investigador en Formación, reivindicados por los colectivos de investigadores/as predoctorales, en particular las relacionadas con la indemnización al final del contrato. Esta indemnización sigue sin contemplarse en el texto del Gobierno y en una respuesta al sindicato CC.OO ha informado recientemente de forma expresa que no tiene ninguna intención de incluirla.
Carmen Domínguez adelanta que Izquierda Unida “va a solicitar una reunión urgente con el Gobierno para tratar de forma expresa el cumplimiento de todas estas cuestiones esenciales, a las que se suma la preocupación por la situación del EPIF”.
Apunta la “innegable necesidad de que se concreten fórmulas de contratación que eliminen la precariedad y garanticen la estabilidad en el empleo. Esta es una lucha histórica de los/as investigadores/as, para la cual son necesarias una Ley de Ciencia y un marco laboral que no dejen los equipos a merced de las crisis, los gobiernos o los desacuerdos”.
La responsable federal de Ciencia y Universidad exige al Ejecutivo del PSOE que “cumpla, como primer paso, el acuerdo presupuestario alcanzado con el grupo de Unidos Podemos, aunque también creemos necesario que vaya un paso más allá, sea coherente y cumpla también con todo lo que exigía al Gobierno de Mariano Rajoy cuando estaban en la oposición”.