Redacción • Soft • 20/03/2017

Vuelve la STASI: Xnet Denuncia Graves Peligros para Los Derechos Civiles de la Proposición de Ley contra la Corrupción y la Protección del Denunciante

PDL de Ciudadanos apoyada por todos los partidos menos el PNV. Bajo la apariencia de una ley que llevamos mucho tiempo reclamando, una ley que proteja los alertadores y denunciantes y una ley que modifique el funcionamiento de los organismos que generan la corrupción -es decir, las cúpulas de los partidos políticos- , se esconde una propuesta perversa y de un autoritarismo trasnochado y megalomaniaco.

Globalmente, parte de un postulado profundamente erróneo y peligroso contra el que llevamos tiempo luchando: que las instituciones puedan vigilarse a sí mismas. Que son mejores que la ciudadanía haciéndolo. Se ha demostrado con creces que solo la vigilancia ciudadana puede acabar con la corrupción.

La propuesta hace todo lo contrario. Crea un organismo todopoderoso que vive de “las multas coercitivas que imponga y de las sanciones sobre las que posea competencia”. Esta institución estaría en mano únicamente de altos cargos que tienen poder absoluto para investigar, controlar y perseguir a cualquier persona sin garantía judicial y sin que este mismo organismo sea sometido a ningún régimen sancionador equilibrante.
¿Recuerdan el escándalo de la Oficina Antifraude de la Generalitat que anunciamos varios meses antes de que sucediera? Pues parece que no han aprendido nada.

En cuanto a la protección de denunciante del título, queda limitada a los funcionarios y a los cargos políticos. Las personas normales y corrientes quedan a merced de las represalias. Todo esto deja fuera, además, el sector privado cuando muchas veces las investigaciones empiezan en empresas privadas. Nosotros lo sabemos bien porque fue así con los “correos de Blesa” que sacamos a la luz pública en relación con el caso Bankia.

Además, a los alertadores de corrupción les está explícitamente negado el anonimato cuando denuncian, dejándolos todavía más indefensos, a pesar de que el anonimato es la única protección real que se le puede ofrecer a un alertador, y de que el anonimato sea reconocido como cauce justo y necesario por los procedimientos fiscales en España y por organizaciones como la ONU.

Esta prohibición de iniciar investigaciones a partir de denuncias anónimas era el gran argumento de Daniel de Alfonso al frente de la Oficina Antifrau, que nosotros denunciamos un mes antes de que saliera a la luz el escándalo, con el ministro de interior por la utilización partidista de la información; ahora esta proposición de ley vuelve a dejar en manos de la confianza ciega en las instituciones el destino de quien denuncia, en lugar de permitir el anonimato que podríamos garantizarnos por nosotros mismos. Este planteamiento es el que nos ha llevado hasta aquí.

Ya hemos ahondado en la importancia de que sea la persona que denuncia la que mantenga el control sobre su privacidad a través del anonimato:

Como si esto fuera poco, introduce elementos de persecución política creando listas de denunciantes que los fichará y estigmatizará a perpetuidad y añade elementos sin ninguna relación con la corrupción, en manos de este organismo, como desacato a la constitución o sedición, disfrazándolos hábilmente entre palabras de consenso como “terrorismo”.

La ley, además, utiliza únicamente el término “denunciante” que lamentablemente carga con algunas connotaciones negativas históricas. En otros países, en su esfuerzo por promover y normalizar la figura de quien destapa corrupción y abusos, se usa desde ya tres siglos un término diferente y con connotación positiva como “whistelblower“, en los países anglosajones, o “lanceur d’alert” en Francia, que aquí se traduce como alertador.

Por último, retoca la ley de transparencia, sin corregir sus fallos como el de crear registros de personas y particulares utilizando la excusa de la transparencia y sin ninguna lógica relativa a la lucha contra la corrupción, aumentando el desamparo de la ciudadanía de a pie.

En esto se ahonda todavía más con el registro de lobbies que, en este caso, lejos de regular los abusos de las grandes empresas, está diseñado para debilitar la sociedad civil en su trabajo de vigilancia sobre las leyes que afectan a todos y que están siendo influidas precisamente por lobbies. En lugar de considerar los datos legales y la publicación de las agendas de los cargos y altos cargos como obligatoria, pone particular énfasis en crear listas de personas que interpelan las instituciones, que, según el gobierno que haya, pueden ser considerados “disidentes”.

En pocas palabras: la STASI

Como en todo, siempre hay algunas cosas buenas.

Se elimina la posibilidad de indulto por corrupción y financiación ilegal de partidos;
Se determina la responsabilidad civil subsidiaria de partidos y sindicados en delitos de corrupción (esto no es para lanzar cohetes, pero es mejor que nada);
Se eliminan los limites a la instrucción recientemente introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (esta era fácil).

Hemos contactado con los grupos parlamentarios para saber cual será su postura al respecto y saber que alternativas ofrecen. Lo hacemos con la mayor de las preocupaciones y urgencias puesto que todos ellos -excepto PNV- han votado a favor de la tramitación de este engendro de proposición de ley.

Última actualización: EnComú y ERC han aceptado reunirse con nosotros el lunes. El diputado Yllanes de Podemos también ha contestado.

Xnet /

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