El fallo del caso LuxLeaks, que llevó al banquillo de los acusados a Antoine Deltour y Raphael Halet revela la necesidad de cubrir legalmente a los filtradores
El Tribunal de Apelación de Luxemburgo dictó sentencia este miércoles pasado en el conocido como caso LuxLeaks, por revelación de datos sobre corrupción y malas prácticas entre grandes corporaciones y el fisco de Luxemburgo. Aunque el tribunal ha reconocido que Antoine Deltour ha cometido ese delito, ha dictado una sentencia de seis meses de prisión en suspenso y 1.500 euros de multa; mientras que Raphael Halet fue condenado a una multa de 1.000 euros. Por su parte, el periodista de investigación Edward Perrin, que difundió esa información, fue absuelto nuevamente.
Presente en la audiencia, el secretario general de la Federación Europea de Periodistas (FEP) -a la que pertenece la FeSP-, Ricardo Gutiérrez , manifestó que hallaba incoherente la denuncia y la detención:
«La decisión del tribunal deja un sabor amargo. Por primera vez, la Justicia de Luxemburgo reconoció el estado de denunciantes. Antoine Deltour despedido por violación del secreto profesional.
También damos la bienvenida al hecho de que la Corte reconoció finalmente que Edward Perrin siempre ha actuado como un «periodista responsable» como la FEP defendió. Sin embargo, la condena de Antoine Deltour y Rafael Halet sigue siendo escandalosa. La investigación ha demostrado claramente que siempre han actuado en favor del interés público. Antoine Deltour fue considerado como denunciante y autor del robo, el fraude informático y el blanqueo de dinero, todo inconsistente. Edward Perrin, Antoine Deltour y Rafael Halet nunca deberían haber sido procesados».
Por su parte el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun ha manifestado que “esto demuestra la indefensión de denunciantes e informadores, incluso cuando se trata de cuestiones de interés público” y agregó “nunca podríamos haber demostrado la existencia de estos acuerdos fiscales inmorales e inaceptables entre las grandes empresas y la administración tributaria de Luxemburgo”,
Por otro lado el jefe del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, ha enfatizado que “los filtradores de estos documentos han puesto en riesgo su carrera profesional y su integridad personal” y opina que “deberían tener el reconocimiento de la sociedad por su valentía”.
Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, cree que hay que “establecer un estatuto de protección” del delator, para que quienes deseen denunciar un suceso, sepan que no tendrán represalias.