Redacción •  Soft •  24/07/2019

Compromís pide al Gobierno que actúe contra Google por un posible delito masivo de descubrimiento y revelación de secretos

Mulet pide igualmente que el CNI blinde la protección de los ciudadanos contra el espionaje manifiesto de Google.

Compromís pide al Gobierno que actúe contra Google por un posible delito masivo de descubrimiento y revelación de secretos
Madrid, a 24 de julio de 2019. El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido al Gobierno que dé pasos firmes contra las prácticas ilegales o irregulares del gigante informático Google después de saberse se ha espiado masivamente a sus usuarios en todo el mundo,  por ello se ha presentado una pregunta escrita “¿cómo garantiza el gobierno que el CNI no solamente nos protege de espionaje masivo de audio de compañía como Google, sino que nunca lo utilizará sin previa orden judicial expresa con las máximas garantías hasta para el espiado y sus mencionados?

Igualmente, ha exigido que se actúe con contundencia desde el efectivo ante una posible actuación delictiva del gigante “ La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) ha conseguido llevar el caso ante la Audiencia Nacional, y no vemos claro el papel de la Fiscalía, estamos hablando de un posible delito masivo tipificado en el artículo 197 de nuestro Código Penal, de descubrimiento y revelación de secretos, entendemos que se trata de un asunto con la suficiente transcendencia, que puede afectar a miles y miles de ciudadanos españoles, donde corresponde al Gobierno tomar cartas en el asunto. (denuncia disponible aquí)
 
 Tal y como se ha denuciado ante la Audiencia Nacional y ahora se exige al Gobierno actuar “ En los últimos días se han publicado muy numerosas noticias, que todas las fuentes dan por verídicas  en todo el mundo sobre espionaje internacional masivo de audio con voces de ciudadanos de prácticamente todos los países por Google, cuyos empleados transcriben conversaciones privadas. Es decir, que de manera parcial, confusa y muy cuestionable, Google admite el hecho delictivo sin que se conozcan actuaciones judiciales al respecto de lo que el Código Penal tipifica en su art. 197, al menos, en lo relativo al espionaje masivo por el sistema “Google Assistant”.
 
Google tiene antecedentes por espionaje masivo en las Diligencias Previas 2379/10 del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid en el que, pese a la mínima actividad probatoria, se demostró que el empleado de Google Marius Milner diseñó un sistema para el espionaje masivo de redes Wi-Fi por el que se recopilaron ilegalmente más de 100 Terabytes de datos ilegales (payload) por los vehículos de Google que rastreaban con potentes antenas las calles de varias ciudades españolas según se denunció.
 
Ni  Marius Milner fue interrogado, ni tampoco fue requerida Google para aportar o destruir los más de 100 Terabytes de datos espiados en España, pese a las reiteradas solicitudes nuestras.  Además de cuanto parece admitir Google por su directivo David Monsees en los sistemas relacionados con “Google Assistant”, otros muchos productos de Google pueden estar espiando masivamente, y en especial, el navegador Chrome de Google que ya fue denunciado en http://www.miguelgallardo.es/chrome.pdf recurriendo el archivo de esa denuncia (sin practicar ninguna de las diligencias que en su momento se solicitaron) en www.miguelgallardo.es/recurso-chrome.pdf y www.miguelgallardo.es/apela-chrome.pdf
 
Tanto “Google Assistant” como “Google Chrome” y cualquier otro producto o servicio o acceso que puedan tener empleados de Google o de cualquier entidad contratada por Google o con la que Google pueda relacionarse eventual o habitualmente, ponen en riesgo la seguridad no solamente de sus propios usuarios, sino de cualquiera relacionable, o simplemente, sea mencionado, por alguno de ellos. Si un juez o un fiscal utilizan algún producto de Google y se permiten un comentario que pueda ser grabado o transcrito por Google, cualquiera a quien haga referencia será afectado por lo que el juez, o fiscal, haya dicho.
 
Mulet ha exigido el traslado de este caso a la Fiscalía General del Estado por parte del Gobierno, y que se pidan judicialmente una serie de medidas como el requerimiento al representante legal de Google Spain de toda la información técnica relativa a productos de Google que hayan grabado audio delictivamente, con o sin transcripciones, como ya se ha admitido por Google, precisando desde cuándo y cuánto audio se ha grabado y se guarda, y especial, todo el que pueda haberse espiado de usuarios, o de aparatos, con cualquier tipo de micrófono o sistema de grabación, situado en España, sin perjuicio de que sean delitos perseguibles de oficio, INTERNACIONALMENTE, o que se requiera al Centro Criptológico Nacional CCN del Centro Nacional de Inteligencia CNI informe sobre la imputabilidad penal de estos hechos,  así como a cualquier otra entidad pública (INCIBE, CSIC, Agencia Española de Protección de Datos AEPD, etc) que tenga competencias en la materia, sin perjuicio de que particulares afectados o expertos puedan aportar más evidencias del espionaje internacional masivo de audio, más allá de lo admitido por David Monsees en “SAFETY AND SECURITY” de Google.


TASA GOOGLE

 

Para el senador valenciano, “ existe una gran preocupación ante la desprotección existente ante las grandes compañías como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, el último escándalo de las escuchas o espionaje ilegal, a las que se suman el constante malestar por la utilización fraudulenta de datos personas entre estas compañoas. Siendo, además, las grandes tecnológica, las que están continuamente en el punto de mira como posibles evasoras de impuestos. Por ello, además de exigir se controle este abuso e intromisión en la privacidad de los usuarios,  que se aplique ya de una la llamada tasa google, anunciada en su día a bombo y platillo por el Gobierno, y sin efectos reales, le hemos preguntado hoy por escrito que explique cuantos de los 1200 millones de euros que aspiraba recaudar mediante esta tasa, se han recaudado; sabemos la respuesta obviamente, pero es para evidenciar la impunidad de estas grandes compañías. Eso mientras vemos las medidas de países como Italia, Francia o Reino Unido que han creado un nuevo tributo que grava a las empresas que facturen más de 750 millones de euros con un 3%.

Mulet ha lamentado igualmente, que como muestra de esta impunidad, el Gobierno esté incumpliendo sus obligaciones y no está entregado la documentación requerida por este senador referente a la relación de resoluciones sancionadoras a Google, tanto a Google Spain como a Google Inc (ahora Alphabet) o entidades relacionadas con Google. (Hemos tratado de consultar aquí).
donde la última que se encuentra parece ser del PS/00149/2016 y aunque constan algunas más desde 2003, resulta impreciso y posiblemente equívoco el modo de consulta por lo que siendo relevante y público se solicitó que via la Agencia de Protección de Datos se facilitase  todas sus sanciones a Google.

El Gobierno tampoco ha respondido, a la pregunta en la cual se requería que  de todas las sanciones contra Google, cuál es el importe total recaudado y su desglose considerando el estado de las actuaciones y los recursos presentados por Google en cada caso. Es decir, que se solicitó la cuantía de cada sanción y lo efectivamente pagado por Google en cada caso, incluyendo la última que encontramos con recurso desestimado R/02232/2016 correspondiente a la ya citada sanción PS/00149/2016. Ni tampoco se aportó la relación de actividades organizadas o patrocinadas por Google en la que participan con algún tipo de autorización o constando en agendas oficiales, empleados, funcionarios o cargos de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD. Por ejemplo, pero sin limitar la solicitud de información a la “Cátedra Google de Privacidad”¿, sino a todo cuanto relaciona a Google con personal de la AEPD, sean empleados de cualquier nivel, o directivos que evidencie contactos personales por participación en actos públicos remunerados o no, y en cualquiera en el que, incluso si fuera privado, existiera remuneración del empleado público.

Mulet, en estas preguntas, exponía que “considerando todas las sanciones de la AEPD, es decir, generalizando lo solicitado en los dos primeros puntos sobre Google para cuantificar el total de las sanciones de la AEPD desde su constitución y lo total recaudado hasta la fecha, de la misma manera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC cuantifica en solamente en un 3% lo recaudado por sanciones, según puede leerse, entre otras fuentes publicadas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto desde su creación, a finales de 2013, un total de 272 sanciones por valor de 914,66 millones de euros, aunque lo recaudado apenas supone el 3% de esa cantidad, sólo 29,81 millones, esto demuestra la impunidad de esta empresa ante las administraciones españolas”


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