La dictadura perfecta: censura política y control definitivo de Internet

Esta nueva ley deroga la promovida por Barack Obama en 2015, que tenía como eje central la «Neutralidad de la Red» y los subsidios a las tarifas a las familias de bajos ingresos. En principio puede parecer que Trump está recortando derechos a las personas en contraposición a Obama, pero la realidad es que esta nueva política es sólo un paso más para consolidar Internet como el proyecto de ingeniería social más grande de toda la historia mientras las empresas ganan bastante dinero.

¿Neutralidad y libertad?

Al decir «Neutralidad de la Red» se hace referencia a elementos técnicos y económicos de la misma: velocidad de descarga, velocidad de subida, acceso a nombres de dominio, tarifas, etc. En ningún caso se habla de neutralidad de contenidos, neutralidad política o de neutralidad informativa.

Hay quienes piensan que Internet debe ser preservado sin censura, sin limitar el acceso a ningún sitio y sin condicionar la velocidad de acceso a alguna página en específico. Así como masificar cada vez más el acceso sin discriminación económica, social o política.

El otro bando considera que la «Neutralidad de la Red» tiene consecuencias económicas que recaen únicamente en los hombros de las empresas proveedoras de Internet. Es decir, en función de garantizar todas esas exigencias, las empresas proveedoras deben asumir las tarifas preferenciales, mantener velocidades de navegación altas, planes de Internet ilimitados y la imposibilidad de proveer servicios priorizados hacia ciertos sitios web o servicios mediante pago (ya sea que pague la página o el usuario). El argumento de los proveedores de Internet es que la red no evoluciona porque no hay suficientes incentivos que estimulen la investigación e implementación de nuevas tecnologías.

Ambos centran el discurso en la protección al usuario y en la «libertad de Internet», el primero dentro de un esquema liberal que sólo tiene ojos para problemas técnicos y el segundo desde un esquema, también liberal, pero con un matiz completamente económico.

La política e Internet

La «Neutralidad de la Red» es consecuencia de considerar Internet un derecho. Desde organismos internacionales como la ONU y su apéndice la Unesco se han promovido acuerdos entre los países para enrumbar el acceso a Internet desde su categoría inicial de lujo excéntrico hasta convertirse en un derecho humano. La categoría de derecho conlleva por definición algunas reglas básicas que garanticen ese estatus.

La Unesco en un principio se enfocó prioritariamente en el problema del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Algunas de las políticas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han nacido de propuestas de esta organización: las Canaimitas, los Infocentros, las tarifas de telefonía e Internet reguladas y el satélite Simón Bolívar con su banda reservada para uso civil. Muy pocos países han igualado a Venezuela en este sentido.

Recientemente las preocupaciones se han hecho más complejas, ahora los tópicos más sonados son el acceso libre, la gobernanza de Internet, el Big Data, la privacidad y la mentada neutralidad.

Dado que una decena de empresas concentra más de la mitad del tráfico de Internet a nivel mundial, es difícil crear un entorno de orden entre 10 gigantes que sólo quieren competir y devorarse entre ellos. Los recientes años han estado marcados por adquisiciones de parte de Facebook, Google y Microsoft hacia otras empresas más pequeñas como WhatsApp, Android y Skype respectivamente. Tal como sucede en el mundo de las farmacéuticas y la biotecnología, en Internet cada vez hay menos dueños.

El otro elemento importante en la ecuación de Internet es el ente físico que presta el servicio: quien mantiene los cables interoceánicos, los satélites, los radio enlaces, los centros de datos, el soporte técnico, las celdas, los servidores y las antenas. Toda esa infraestructura tiene dueño también. La relación entre estos dueños, los usuarios y los gobiernos es el contexto de esta ley que hoy causa tanta controversia en EEUU y en las redes sociales.

De parte de la «Neutralidad de la Red» tenemos generalmente organizaciones mundiales y regionales conformadas por usuarios, en parte apoyados por entes gubernamentales, como la misma Cantv en años recientes, pero el músculo financiero más grande proviene de las organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Ford y el festival de ONGs de George Soros.

Estas organizaciones de usuarios tienen la función de «lavar» las intenciones de quien pone el dinero, camuflándose entre la masiva actividad que suelen tener estos espacios de participación tan concurridos. De esta forma parece que la visibilidad lograda es producto del esfuerzo sostenido de una «masa crítica» y no de la chequera de un magnate que se infiltra financiando ciertos movimientos que en sumatoria le favorecen.

En general, dentro de los eventos organizados por las asociaciones de usuarios en favor de la «Neutralidad de la Red» resuenan siempre las ideas del «Open Goverment» o «Gobierno Abierto», una iniciativa para crear mecanismos digitales de auditoría total de los entes gubernamentales para acabar así con la corrupción. El «Open Goverment» es un movimiento con características comunes con las organizaciones de usuarios de Internet; detrás de un colectivo de personas desinteresadas se encuentra la chequera de la Open Society Foundation, la institución que George Soros usa para mover sus fichas en el ajedrez del poder mundial.

Es curioso que estas organizaciones nunca apelen por un mecanismo digital de libre consulta para auditar las actividades de los dueños de empresas, siendo que existen empresas con economías más grandes que algunos países y la riqueza sólo proviene del trabajo. No parece ser muy popular la idea de que un trabajador conozca a dónde va a parar el producto de gran parte de su esfuerzo, pero sí se promueve que sepa cómo se invierte el relativamente pequeño porcentaje de IVA cobrado por el Gobierno.

Las corporaciones y la Web

Aunque se presione mediante cabildeo al Congreso estadounidense por el control corporativo de Internet, desde sectores privados se han formado iniciativas para preservar el relato de los grandes medios alineados a la política occidental. El proyecto First Draft, de Google, provee un mecanismo de censura que se encargaría de eliminar las «noticias falsas» (provenientes de medios no occidentales) de las pantallas de los usuarios; medios como RT o Sputnik, y cualquier otro proyecto que muestre una versión alterna de la realidad, entran en el paquete de generadores de «fake news».

Sin embargo, son las mismas corporaciones de la información las que se encargan de propagar «fake news» y sentar las bases definitivas de un relato único de la realidad en favor de los monopolios privados a nivel global. El veto del Congreso de EEUU al canal de noticias ruso RT, al que se le suspendieron las credenciales de prensa en ese país, es un ejemplo más de que se trabaja en pro de la agenda corporativa mientras se ataca a la Federación Rusa: otra maniobra en el marco de la «nueva guerra fría», en la que se intenta aislar, censurar y deformar las informaciones -y los medios- que contravengan la narrativa de Occidente.

Internet ha sido transformado en un campo de batalla, donde quien logre imponer sus reglas tiene una amplia ventaja para vender una realidad interesada con fines geopolíticos, a escala mundial; por ejemplo, «injerencia rusa» en los asuntos internos y procesos electorales desde EEUU hasta España. Un asunto de programación psicológica de la «audiencia mundial» de acuerdo a los intereses económicos de las grandes empresas.

Así, pareciera que los proveedores de Internet estuvieran ganando la batalla por el momento, después de varios años en que la «Neutralidad de la Red» parecía el único argumento posible. Aun así no pueden celebrar todavía, en la administración estadounidense existe la figura de NPMR (siglas para «Notice Of Proposed Rulemaking»), una instancia de participación ciudadana a través de Internet donde las personas pueden discutir y comentar sobre propuestas de ley, tal como se ensayó en nuestro país con la Ley de Infogobierno y más recientemente con la aplicación Ve-Ideas para contribuir con propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente.

Allí se librará la batalla final en este respecto ya que los del Partido Demócrata estadounidense están apelando la decisión porque consideran que hubo un manejo ventajista dentro del NPMR para esta ley; ellos argumentan que no se tomaron en cuenta una gran cantidad de comentarios en favor de la «Neutralidad de la Red».

Esta es otra muestra de cómo se mueven los intereses entre las grandes corporaciones, ahora que la política tradicional está resurgiendo a pequeños pasos y se puede notar un retroceso en las políticas de quienes promueven el debilitamiento del Estado-nación.

Para el resto del mundo esta ley es importante porque la gran mayoría de los cables interoceánicos responsables del tráfico de Internet se conectan con los de EEUU, así que cualquier regulación o desregulación que realicen afectará el sistema mundial. Esta ley deja abierta la posibilidad de que un proveedor de Internet venda acceso a cierto servicio, sólo necesitará notificarlo en el contrato. Es decir, es probable que en el futuro cercano la forma en que se provea Internet sea más parecida a cómo operan las empresas de televisión satelital y las cableras, donde hay canales básicos, premium, pay per view, etc. Bajo este método controlarían los filtros de información de tal manera que sólo se distribuirían como legítimas aquellas que hagan quedar bien a las potencias occidentales y sus corporaciones.

De cualquier forma, Internet sigue teniendo la potencialidad de ser una red entre personas, los desarrollos en redes P2P son cada vez mayores, y a pesar de los monopolios y las empresas que concentran la mayoría del tráfico, cualquier persona puede crear, alojar y servir contenidos desde su casa. Por ahora.