El senador Guardingo pregunta al Gobierno por el anuncio de Vodafone de cobrar por los trámites de atención al cliente

Vodafone anunció hace escasos días su intención de cobrar a sus clientes 2,50€ por cada vez que utilicen servicios como consultar PIN o PUK, consulta sobre permanencia, solicitud de duplicados de factura, cambio en la dirección de facturación o cambio del número de cuenta bancaria. Otras compañías, como Orange o Movistar, han optado por aumentar sus tarifas, justificando la medida con su intención de prestar mejores servicios a sus clientes.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios señala, en su artículo 21, que, cuando exista una línea habilitada para la comunicación con los clientes, el coste de la llamada no podrá ser nunca superior al de la tarifa básica. De hecho, el Abogado General de la Unión Europea considera que, para estos casos, un coste superior al de la tarifa básica tiene un carácter disuasorio para el consumidor. Es decir, muchos ciudadanos y ciudadanas, ante los elevados costes impuestos, pueden desistir de ejercer sus derechos cuando realizan consultas comunes y rutinarias.

Resulta sorprendente que la tarifa y precio medio impuestos por las compañías que prestan servicios telefónicos y de telecomunicaciones en España se encuentren entre los más caros de toda Europa, cuando países con rentas más altas, como Finlandia o Francia, tengan precios más asequibles.