Ciberacción contra la ‘doctrina del shock digital’ y por una moratoria del 5G

Los planes de estímulo europeos, como los 750.000 millones de euros del ‘Next Generation EU’, vinculan y condicionan el acceso de cada estado a dichos fondos, presentados como una oportunidad única de un Nuevo Pacto Verde, con la aceptación previa del proceso de digitalización total de su economía: “La inteligencia artificial, la ciberseguridad, los datos y la infraestructura de computación en nube, las redes 5G y 6G, los superordenadores y los ordenadores cuánticos, y las tecnologías de cadena de bloques”.

Se presenta a la digitalización del capitalismo y a la transición ecosocial como fenómenos complementarios, pero Ecologistas en Acción considera que son antagónicos: la extensión cada vez mayor de Internet y las TIC supone un aumento exponencial del consumo de energía y materiales críticos (profundizando el extractivismo, las emisiones y la destrucción ecológica). Al mismo tiempo, fomenta una aceleración del crecimiento capitalista. Según la organización ecologista, no se necesita un crecimiento “verde” e “inteligente”, sino frenar, repensar y decrecer con criterios de justicia, igualdad y autonomía.
Se utiliza la crisis de la COVID–19 para aplicar una “doctrina del shock digital”. Para Ecologistas en Acción se usa la confusión y el dolor social para llevar a término, de manera acrítica y antidemocrática, el proyecto de digitalización mundial total propugnado por las grandes multinacionales tecnológicas desde hace décadas, en colaboración con gobiernos del todo el globo. “Una distopía de alta tecnología”, como alerta la ensayista y pensadora Naomi Klein.

La organización ecologista considera alarmante esta huida hacia adelante tecnológica, en la que el 5G es a la vez símbolo y piedra angular, y que se hace desoyendo las advertencias de científicos e instituciones internacionales anteriores y posteriores a los planes de despliegue del 5G, tal y como se constata en el texto de la ciberacción lanzada públicamente por Ecologistas en Acción junto a organizaciones sociales de todo el Estado español.

A llamamientos como el International EMF Scientist Appeal o posicionamientos como el de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que declaraba las radiofrecuencias riesgo emergente y animaba a aplicar ya el principio de precaución, se suman otros, defendidos por decenas de miles de personas pertenecientes a la comunidad médica y científica que advierten de los riesgos potenciales de las ondas milimétricas del 5G y de que éstas vendrán a sumarse a las radiofrecuencias ya existentes. Asimismo, el Comité Científico de Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes (SCHEER) declara como máxima prioridad y urgencia sanitaria y ambiental estudiar los «efectos potenciales sobre la vida silvestre de aumentos en la radiación electromagnética» ante el despliegue de redes 5G.

Lejos de atender estas advertencias, de las que aseguradoras de todo el mundo toman nota negándose ya a dar cobertura al despliegue actual de esta nueva tecnología inalámbrica, las instituciones se escudan tras la coraza de las fake news para desoírlas.

En ese sentido, a Ecologistas en Acción le parece especialmente preocupantes las conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 9 de junio de 2020. En su artículo 36, amparándose en la necesidad de negar las teorías que vinculan la extensión del 5G con la pandemia de la COVID-19, tachan de falsa cualquier posición que defienda que dichas “redes suponen una amenaza para la salud”. Con ello no solo desoyen el actual estado de la evidencia científica, sino que dejan la puerta abierta a profundizar prácticas de censura sobre los grupos opositores al 5G, que plataformas como Facebook o YouTube llevan meses desplegando.

El Defensor del Pueblo confirmó en 2019 la ausencia de evaluación ambiental para el “Plan Nacional 5G” y sus proyectos piloto, así como la ausencia de la “aplicación del principio de precaución” en “el uso de la banda de 26 GHz”. Reseñó la falta de “una atención especial a las personas electrosensibles” y recordó la obligación del Estado español de “seguir las recomendaciones” de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre “los peligros potenciales de los campos electromagnéticos [CEM] y sus efectos sobre el medio ambiente”, que contempla “adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los CEM”.

Ecologistas en Acción solicita detener inmediatamente el despliegue de las redes 5G y atender a los requerimientos de los llamamientos internacionales referidos, del Defensor del Pueblo y de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y llama a participar en los actos del 24 de junio que se celebrarán en diferentes localidades del Estado español en esta línea.