El despliegue del 5G se realiza sin garantías ambientales ni sanitarias
- Ecologistas en Acción pide al Ministerio de Economía y Empresa la revisión de oficio del Plan Nacional 5G y de todos los actos que se han aprobado en desarrollo del mismo.
- El plan no tiene la preceptiva evaluación ambiental estratégica ni una evaluación de impacto en la salud.
- Al mismo tiempo, no existe la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, que debería velar por las condiciones de despliegue de las redes inalámbricas.
El despliegue de la tecnología 5G se está realizando en España de forma muy irregular y sin las garantías suficientes. Alertado sobre ello, el Defensor del Pueblo, en su resolución de 21-8-2019, concluye que el Plan Nacional 5G no se sometió a evaluación ambiental estratégica y que dicha decisión se adoptó unilateralmente por el órgano promotor del plan, el Ministerio de Economía y Empresa, sin consultar con el órgano ambiental, el Ministerio para la Transición Ecológica, sobre la procedencia de efectuar dicha evaluación. Por tanto, el plan incumple los requisitos exigidos por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental estratégica e incluso podrían suscitarse dudas en relación con la falta de aprobación formal.
Del mismo modo, tampoco se ha realizado la evaluación del impacto en salud que prevé el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Ecologistas en Acción ha presentado ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa un recurso extraordinario de revisión contra el Plan Nacional 5G y todos los actos que se han aprobado en desarrollo del mismo. A su vez, ha solicitado a la ministra Nadia Calviño la revisión de oficio del Plan Nacional 5G y de todos los actos que se han aprobado en su desarrollo.
Ecologistas en Acción también ha enviado una carta tanto a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como a la ministra de Transición Ecológica. En ella se les solicita que, teniendo en cuenta las consideraciones de la resolución del Defensor del Pueblo, en la que considera que “el análisis de estos aspectos y del potencial riesgo para la salud del empleo de la tecnología 5G a través de la banda de 26 GHz excede las funciones de esta institución y requiere la intervención de órganos y administraciones públicas distintas de la Secretaría de Estado, entre ellas las sanitarias”, se elabore conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el proyecto de reglamento por el que debe regularse la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, y que se apruebe por el Consejo de Ministros.
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