La CIA contra Ecuador

En la lista de colaboradores e informantes de la CIA en Ecuador, en esos años, figuraron 200 altos funcionarios, entre ellos el senador Reinaldo Varea Donoso quien cobraba 800 dólares mensuales a la agencia.

El exagente cuenta detalladamente los métodos del trabajo de los servicios especiales de EE.UU. en América Latina con el fin de desestabilizar a los gobiernos de la región que representaran un peligro a los “intereses” de Washington.

Entre estos se cuentan la manipulación de la opinión pública, la infiltración de partidos políticos y organizaciones, la realización de atentados terroristas que son falsamente atribuidos a movimientos de izquierda, el soborno, el espionaje de la correspondencia, entre otros.

La CIA cuenta con más de 70 bases militares en América Latina y proporciona entrenamiento en la Escuela de las Américas (Instituto de Seguridad y Cooperación del Hemisferio Occidental), a donde asisten anualmente un promedio de mil quinientos militares de América Latina y el Caribe con excepción de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Cuba.

Asimismo financia a ONGs y partidos de oposición contra los gobiernos que consideran “hostiles” a los intereses de EE.UU.

Ecuador libre de bases militares extranjeras

Por orden del presidente Rafael Correa, en julio de 2009 Estados Unidos retiró su base militar ubicada en el municipio de Manta (norte de Ecuador), tras vencerse el plazo de 10 años acordado en 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad. La presencia de las tropas estadounidenses era rechazada por organizaciones políticas y sociales que denunciaron violaciones a los Derechos Humanos.

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La Base Militar de Manta o Base Militar Eloy Alfaro, inaugurada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana el 28 de octubre de 1978, funciona en un área adjunta del aeropuerto internacional del mismo nombre, en la ciudad de Manta (norte).

Desde 1999 y durante 10 años, a través de un convenio intergubernamental, tanto el uso como acceso a la pista y parte de la Base de Manta fue cedido a la fuerza aérea del Gobierno de Estados Unidos, con el argumento de luchar contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur.

Manta serviría como base de operaciones para el Plan Colombia, un acuerdo suscrito entre Colombia y EE.UU., el cual fue presentado en 1998 por el presidente colombiano Andrés Pastrana como un programa de desarrollo económico sin drogas, cuya real intención fue la instauración de fuerzas estadounidenses en ese país.

El convenio entre Ecuador y EE.UU. (llamado Acuerdo de Ortíz por haber sido firmado por el canciller ecuatoriano del Gobierno de Mahuad, Benjamín Ortíz) entró en vigencia el 12 de noviembre de 1999 pese al rechazo de movimientos sociales que lo consideraban un riesgo para la soberanía por la presencia de militares extranjeros en la nación.

El convenio fue ratificado bajo el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) para entregar además de la base aérea, el puerto naval de Manta e instalaciones relacionadas con la base sin costo alguno.

Este acuerdo garantizaba a EE.UU.:

>> Sobrevolar el territorio del país y recibir el mismo trato que las aeronaves pertenecientes a la Armada Nacional del Ecuador en los puertos marítimos del país.

>> Recepción y emisión de telecomunicaciones, libre de inspecciones, licencias, regulaciones, derechos, impuestos directos o indirectos, cargos y tarifas gravadas por Ecuador.

>> Inmunidad al personal que operaba en el convenio y a sus familiares, que en el caso de que fueran detenidos por autoridades ecuatorianas, debían ser entregados inmediatamente a los oficiales estadounidenses.

>> Los norteamericanos que trabajaban en la base podían entrar y salir del país con identificación de Estados Unidos sin pagar impuestos y mucho menos gravámenes sobre las rentas recibidas, propiedad, posesión, uso o cesión, sobre los bienes en Ecuador relacionados con su presencia.

Tras una década de operaciones Estados Unidos inició su retirada de la base militar en Manta luego de que Correa prohibiera zonas militares extranjeras. | Foto: EFE

Decisión soberana

Ante esta situación el gobierno de Rafael Correa, que inició en 2007, decidió no renovar el convenio a Estados Unidos y las fuerzas estadounidenses se vieron obligadas a abandonar finalmente las instalaciones el 18 de septiembre de 2009.

Correa aseguró que no permitirá la instalación de bases militares extranjeras en su país, donde Estados Unidos estuvo hasta 2009.

“Mientras yo sea presidente, no permitiré bases extranjeras en el suelo patrio, no permitiré injerencia alguna en nuestros asuntos, no negociaré nuestra soberanía y no aceptaré tutores para nuestra democracia”

Esta decisión de no renovar el acuerdo con las fuerzas militares de Estados Unidos fue aplaudida por la mayoría de las organizaciones sociales que trabajaron para que la nueva constitución incluyera la prohibición de establecer bases de fuerzas extranjeras dentro del territorio ecuatoriano.

Igualmente, el Gobierno de Correa restituyó el orden en Manta, donde debido a la instalación del Ejército de EE.UU. quedó en evidencia un crecimiento de la explotación sexual a mujeres y niñas, así como el narcotráfico y la trata de personas, entre otros delitos.

La Base de Manta fue clave dentro del Plan Colombia por su excelente ubicación para operar en el área gracias al sistema integrado de inteligencia electrónica que emitía datos en tiempo real sobre los movimientos de las FARC, para que fueran utilizados por los tres batallones contrainsurgentes que estaba entrenando Estados Unidos y que estarían integrados por mil hombres cada uno.

Los daños a Ecuador por la regionalización del Plan Colombia son innegables, pues bajo la premisa de la lucha contra las drogas se ejecutó una persecución contra la insurgencia colombiana, lo que arrastró a Ecuador a un conflicto fronterizo.

Fuentes oficiales ecuatorianas aseguran que en esta base se organizó el ataque perpetrado el 1 de marzo contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que fueron asesinados una treintena de guerrilleros mientras dormían, entre ellos el comandante Raúl Reyes.

Estados Unidos lo niega pero las pruebas recogidas en el lugar del bombardeo validan la sospecha, cinco bombas inteligentes arrojadas desde aviones a gran velocidad y con margen de error de un metro que ningún cuerpo militar latinoamericano posee.

La investigación reveló que los pilotos que dirigieron el bombardeo eran estadounidenses, posiblemente de la empresa DynCorp, proveedora de equipamiento que tiene contratos en el marco del Plan Colombia.

Indicios demostraron al Gobierno ecuatoriano que en esta base se entrenaron a mercenarios para ser enviados a Irak y se organizaron los vuelos fumigadores que causaron estragos en reservas selváticas de la Amazonía.

El número de trabajadoras sexuales y clubes nocturnos también creció, así como la explotación sexual a mujeres y niñas. En cualquier parte del mundo donde se instale una base militar norteamericana, se incrementa el negocio de la prostitución del narcotráfico y trata de personas, como denuncian los autores de “Los tentáculos del imperio”.

Las naves militares americanas llevaron a cabo 45 acercamientos ilegales a barcos que estaban transportando emigrantes ecuatorianos o que se encontraban en actividades de pesca. Al menos ocho barcos ecuatorianos fueron destruidos en el período de 2001 a junio de 2005, sin recibir ningún castigo por la inmunidad de los estadounidenses.

La expropiación de más de 24 mil hectáreas para actividades en la Base de Manta dejó a muchos campesinos sin tierra. También, debido a la militarización del puerto de Manta, los pescadores locales no podían llevar a cabo su trabajo lo que ocasionó el aumento del desempleo, la migración y la pobreza.

El imperio yanqui no perdona ser expulsado

El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, dijo en 2010 que “el imperio yanqui nunca le perdonará a Rafael Correa haberlos sacado de Manta y haber comenzado la Revolución Ciudadana”.

Desde entonces, han tratado de desestabilizar a ese país suramericano, muestra de ello fue el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 contra Correa, sin embargo, el pueblo ecuatoriano salió en defensa de su soberanía.

El golpe

El 30 de septiembre de 2010, miembros de la Policía Nacional ecuatoriana se sublevaron contra el Gobierno legítimo y constitucional del presidente Rafael Correa por unas prebendas económicas que les eran eliminadas por una nueva normativa (Ley de Servicio Público) recién sancionada en el Parlamento de ese país suramericano.

Los golpistas tomaron el Regimiento Quito y, en un acto de valentía y de responsabilidad, Correa llega a las instalaciones para explicarles que “ahora el policía que menos gana es 700 dólares, pero qué pasa, antes había una serie de parches, le pagaban 160 dólares -al mes- pero le daban un juguetito en Navidad para el hijo y con eso lo ponían contento y engañaban a los policías, ahora decimos: Tengan un salario digno y ustedes cómprenle el juguete a su hijo”.

A pesar del esfuerzo del mandatario, ya el plan para derrocarlo (y asesinarle) estaba en marcha. Fue agredido con gases lacrimógenos, se le intentó herir una rodilla recién operada, ingresado al hospital anexo al regimiento y finalmente secuestrado por un reducto policial.

Correa fue rescatado por fuerzas élite del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), no sin antes haber sido víctima de un intento de magnicidio, dado que los policías golpistas apostados frente al hospital lograron impactar cuatro veces el vehículo del presidente. El saldo final de la intentona fue de cinco muertos y 193 heridos.

El Gobierno de Estados Unidos dijo antes del regreso de Correa al Palacio de Carondelet que “estaban siguiendo la situación de cerca”; declaraciones ambiguas que solo se emiten cuando las piezas del tablero todavía no terminan de cuajar la conspiración.

Este hecho evidencia que no fue la primera vez que un Gobierno ecuatoriano es agredido por Estados Unidos y sus operadores locales.

El exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Philip Agee, relató en los años setenta en su libro “Diario de la CIA”, como él mismo lideró la operación para socavar al gobierno progresista de José María Velasco Ibarra hasta lograr sacarlo del poder bajo fuerza apenas al año de haber obtenido su cuarta presidencia en 1960.

Agee cuenta cómo la referida agencia penetró e infiltró organizaciones sociales, movimientos políticos, medios de comunicación y sindicatos (de derecha y de izquierda) y hasta alcanzaron captar y reclutar agentes dentro de las instituciones públicas para desmoronar al Estado desde adentro.

El escritor estadounidense John Perkins, contó en su libro “Confesiones de un Sicario Económico” (2004) que Washington asesinó al presidente Jamie Roldós Aguilera, un progresista ecuatoriano que no acató las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y murió en un confuso accidente aéreo en 1981, apenas dos años después de asumir la presidencia.

Perkins relató en una entrevista de 2008 que el Gobierno de Correa estaba bajo amenaza debido a sus políticas antineoliberales, sus relaciones con los gobiernos revolucionarios de Venezuela, Cuba e Irán, y su política que buscaba retomar el control de la industria petrolera en Ecuador y reorientarla hacia el beneficio de las grandes mayorías históricamente excluídas.

Los planes de magnicidio de la CIA

En una entrevista concedida al periodista Jorge Gestoso, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012, Rafael Correa fue consultado sobre si teme ser asesinado, a lo que respondió: “Es una posibilidad que no se puede excluir”.

Correa recordó el intento de golpe de Estado en su contra ocurrido el 30 de septiembre de 2010, cuando fue secuestrado por más de 10 horas por efectivos policiales. “Aunque la prensa quiere negar lo innegable, ahí están las fotos de los seis balazos en el capó del carro presidencial donde creían que iba. Las órdenes eran: maten al presidente”, relató.

Asimismo respaldó las denuncias del periodista chileno Patricio Mery Bell sobre operaciones de la CIA y la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) para introducir 300 kilos de droga al mes en Chile y con los excedentes financiar la desestabilización del Gobierno ecuatoriano.

Tampoco descartó que en su país existan planes de magnicidio y avaló las denuncias sobre la injerencia de la CIA realizadas por Craig Murray, exembajador británico en Uzbekistán.

Las actividades de la CIA nunca han cesado ni en Ecuador ni en América Latina, pues ha quedado demostrado que no importa la soberanía cuando el objetivo es que prevalezca dominio del imperio en la región pero también que, siempre ha habido personajes capaces de traicionar a su nación para ponerse al servicio de intereses extranjeros.