La Diputación coruñesa aprueba la moción de Marea Atlántica a favor de la restauración del desastre ambiental provocado por la mina de Touro y contra la reapertura de la explotación

La mina de cobre de Touro, operativa desde los años 70 hasta finales de los 80, ocupó una superficie de más de 600 hectáreas a cielo abierto, provocando a su clausura una problemática a gran escala al contaminar con metales pesados y otras sustancias tóxicas todos los cursos fluviales de su área de influencia debido a las filtraciones provenientes de las balsas y escombreras, que fueron abandonadas sin ningún tipo de restauración posterior provocando la que hoy en día está considerada como la mayor catástrofe ambiental de Galicia.

Para Marea Atlántica, la mina de Touro es el arquetipo del «modelo» que defiende el PP, «basado en vender los recursos naturales a empresas multinacionales que destrozan el territorio» y en opinión del portavoz provincial Alberto Lema «un claro ejemplo de malas prácticas y explotación descontrolada de los recursos naturales con una huella que permanece después de tres décadas ante la dejadez de la Xunta de Galicia».

En una visita realizada el 16 de septiembre y acompañado por el portavoz nacional de Anova Antón Sánchez, Lema pudo comprobar personalmente el elevado nivel de contaminación de los cursos fluviales, que presentan un intenso color naranja y bajos niveles de pH, lo que prueba la presencia de aguas ácidas que contaminan gravemente el entorno derivando en primer lugar a la cuenca del Ulla y finalmente a la ría de Arousa, que a través de actividades como el marisqueo, la pesca y el turismo da empleo a miles de familias por su elevada productividad derivada de la influencia beneficiosa derivada de la influencia de la corriente del golfo sobre la costa gallega.

EL MUNDO DEL MAR, CONTRA LA REAPERTURA DE LA MINA DE TOURO

Al igual que Marea Atlántica, el mundo el mar también ha manifestado su firme oposición a un proyecto que considera carente de licencia social, exigiendo que se afronte cuanto antes la restauración del desastre ambiental causado en el curso medio del río Ulla en las últimas tres décadas.

El mundo del mar se opone a la reapertura de la mina / Archivo

Así, hasta siete cofradías de pescadores, diversas agrupaciones marisqueras e incluso el Consello Regulador do Mexillón han unido sus fuerzas a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y numerosos colectivos de los ámbitos ambiental y social de Galicia en su contundente rechazo al plan industrial que Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas pretenden desarrollar a través de la mercantil Cobre San Rafael.

Las entidades denuncian el chantaje de las empresas impulsoras al condicionar nuevamente la restauración de la zona afectada por la mina abandonada con el desarrollo de un nuevo proyecto, recordando que tanto la Ley de Minas de 1973 como el Real Decreto 2994/1982, sustutuído posteriormente por el 975/2009, ya establecían la obligatoriedad de restauración de proyectos extractivos como la mina de Touro, por lo que las afirmaciones de los impulsores del proyecto «tienen credibilidad nula».

MÁS ALLÁ DE LA MINA: PROBLEMÁTICA GENERADA POR EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Para Marea Atlántica, además, el uso actual de los terrenos para el tratamiento de lodos de depuradora por parte de la empresa Tratamientos Ecológicos del Noroeste (TEN) «sólo ha contribuido a empeorar la situación» por la generación de malos olores y emisiones de gases tóxicos, tal como ha venido denunciando durante años la asociación Cheiros Non y más recientemente Ecoloxistas en Acción.

Pancata contra la actividad de Tratamientos Ecológicos del Noroeste (TEN) en Touro / Ecoloxistas en Acción

Para ambos colectivos, desde la entrada en funcionamiento de esta planta de residuos la población ha denunciado de manera reiterada el incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada «ante los sucesivos episodios de emanaciones tóxicas», unos «olores nauseabundos» que «se producen a diario y a cualquier hora del día» impidiendo a las vecinas y vecinas el desarrollar una vida con normalidad, dado que «tienen que refugiarse en casa» para huir de esta situación.

Cheiros Non y Ecoloxistas en Acción han exigido a las Administraciones públicas, de hecho, que instalen cuanto antes una estación medidora de calidad del aire en las inmediaciones de la planta de residuos para determinar, por ejemplo, a qué sustancias tóxicas como el amoníaco se está exponiendo la población, para así poder determinar la afección sobre la salud del vecindario.

UNA GUARDERÍA EN SUELO CONTAMINADO POR LA ANTIGUA MINA 

La moción de Marea Atlántica ha alertado, además, de que la situación se agrava por la mala planificación urbanística, ya que sobre las escorrentías de la antigua mina y a escasos metros de una zona altamente contaminada, se encuentra hoy una escuela infantil y un centro para la tercera edad, entre otros inmuebles.

Ignacio Codesido, alcalde del PP en la localidad de Touro / xunta.gal

Fue Ignacio Codesido Barreiro, el actual alcalde del PP en Touro, el que autorizó la recalificación como suelo dotacional público de un área perteneciente a la antigua mina en una zona donde se recogían los lixiviados tóxicos del proyecto.

Para Alberto Lema, muy crítico con la situación: «estamos ante un claro ejemplo de malas prácticas y explotación descontrolada de los recursos naturales con una huella que permanece después de tres décadas ante la dejadez de la Xunta de Galicia».

UNA MOCIÓN QUE MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA AMBIENTAL PARA TOURO Y SU COMARCA

Ante la gravedad de la situación, la moción de Marea Atlántica, ya aprobada por la Diputación coruñesa, insta al Ejecutivo de la Xunta y a los ayuntamientos de Touro y O Pino como entes afectados, a realizar los trabajos de inspección necesarios para evaluar el estado de las aguas y tierras afectadas y a realizar todas las intervenciones necesarias para poner fin a más de 30 años de irregularidades.

Por otra parte, exige a Explotaciones Gallegas S.L. como empresa responsable de los hechos referidos a que proceda a asumir la restauración y depuración de terrenos y aguas afectadas, al tiempo que se compromete a seguir luchando para que la compañía cumpla con sus obligaciones y las Administraciones realicen un seguimiento estricto de su cumplimiento.