Las organizaciones participantes en el tercer encuentro contra los impactos del extractivismo exigen en Touro el fin de la impunidad de la minería

Activistas ecologistas han cerrado el tercer encuentro ibérico sobre los impactos sociales y ambientales de la minería con el despliegue de una pancarta gigante en la mina de Touro para recuperar el fin de la impunidad de la minería.

Del 1 al 3 de noviembre los colectivos participantes han hecho una puesta en común de una situación ambiental apremiante y elaboradas estrategias de coordinación y apoyo mutuo. Se celebraron distintos talleres de formación, charlas y debates sobre estrategias de defensa del medio ambiente y alternativas a la minería. Se presentó el proyecto de creación de un foro internacional contra el extractivismo, al que ya se están sumando organizaciones de varios continentes. También se expusieron los avances del Observatorio Ibérico de la Minería, un proyecto apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que mapea las malas prácticas del sector y que cuenta ya con más de 100 casos documentados.

La localidad gallega de Touro acogió este tercer encuentro, organizado por Ecologistas en Acción, por ser una zona ya muy degradada por la actividad minera en la que pretenden reabrir un proyecto minero que consideran calcado al proyecto anterior que fue denegado en 2020 con una declaración de impacto ambiental negativo por sus impactos previsibles sobre el sistema fluvial del río Ulla.

Una reapertura de la explotación minera que ahora cuenta con la reciente declaración de Proyecto de Interés Estratégico por parte de la Xunta de Galicia, a pesar de que, como señala la organización ecologista, lejos de enmendar el proyecto anterior, Atalaya Mining y su filial Cobre San Rafael vuelven a poner sobre la mesa una enorme balsa de 23 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos con 1,6 kilómetros de longitud y una altura similar a la de la Catedral de Santiago.

“El depósito de residuos de la mina de Touro estaría a menos de 300 metros del núcleo de población Arinteiro, cuya población sería aniquilada en caso de un accidente. De hecho la instalación propuesta sería ilegal en países como Brasil, Ecuador o China”, denuncia Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción.