Una asociación vecinal deja en evidencia la histórica falta de compromiso de Cobre San Rafael con la restauración de los cursos fluviales afectados por la mina de Touro
Cornado Mina Non pone en duda las intenciones de la empresa coparticipada por Explotaciones Gallegas y la multinacional Atalaya Mining e insta a la mercantil a cumplir la Ley y a disculparse ante la ciudadanía por defender un proyecto extractivo rechazado por los técnicos «como un ejemplo de minería sostenible y moderna».
El colectivo denuncia la masiva campaña de propaganda financiada por la minera en medios afines como La Voz de Galicia y El Correo Gallego y el hecho de que casi 30 años después de que la máxima accionista de la empresa, Explotaciones Gallegas adquiriera los terrenos mineros de Touro, lo que incluía su responsabilidad sobre los pasivos ambientales, haya anunciado un proyecto de más de un millón de euros para la creación de dos plantas de tratamiento para las aguas de los ríos Portapego y Pucheiras.
A juicio de la entidad, lo que más llama la atención son las palabras de su máxima responsable Eva Gómez Portela, al señalar que su empresa no ha sido la responsable de la situación, olvidando, para Cornado Mina Non, «que el documento de compra no sólo implicaba la adquisición de los terrenos y derechos mineros sino también su rehabilitación», una obligación que «nunca fue asumida por la empresa concesionaria de los terrenos tal y como demuestran los numerosos expedientes sancionadores y denuncias por vertidos contaminantes al dominio público hidráulico, hecho refrendado por el hecho de la Fiscalía esté llevando actualmente una investigación por supuestos delitos contra el medio ambiente.
Cornado Mina Non recuerda además que el proyecto de restauración presentado inicialmente por la compañía en su intento de reabrir la mina «fue denegado por la Xunta por cuestiones técnicas que demostraban su inviabilidad». Para el grupo «es en este contexto», muy alejado de la publicidad corporativa, en el que se debe entender el anuncio de la creación de plantas de tratamiento de aguas», más teniendo en cuenta que hace tan sólo unas semanas el Gobierno gallego «anunciaba un nuevo expediente sancionador a la empresa por la falta de restauración» algo que deja en entredicho las promesas ahora anunciadas. En esta línea la asociación se pregunta «quien puede creer a una empresa que lleva treinta años incumpliendo la Ley» y que intenta imponer un proyecto que según los informes técnicos «pone en riesgo la vida de las personas y su entorno socioeconómico».
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