El escándalo ambiental de la mina de Varilongo marca la nueva legislatura de Ángel Bernardo Tahoces en la Xunta de Galicia

Según han denunciado Ecoloxistas en Acción, Petón do Lobo y otras entidades, las aguas residuales de la antigua mina, sin restauración alguna, estarían circulando por diferentes canalizaciones y balsas vertiéndose finalmente hacia el sur, en el conocido como «Rego da Braña Ancha». Además, el empresario José Manuel Corbal Debén,, director del «Grupo Mineiro Santa Comba», y participante en un entramado de empresas de las que forman parte Tin & Tungsten S.L., Rafaella Resources, Ulex Minerals y Eurobattery Minerals, estaría reactivando el funcionamiento de la antigua explotación sin las autorizaciones necesarias de la Consellería de Industria, Augas de Galicia y la Consellería de Medio Ambiente.

Vertido minero en Santa Comba / Ecoloxistas en Acción

Tal y como informan los grupos en un comunicado, las aguas residuales de mina, que llevan acumuladas en su interior desde finales de la década de 1980, contienen «con toda probabilidad» altas concentraciones de metales pesados, al tratarse de una explotación cuyo yacimiento alberga presencia de sulfuros (arsenopirita, calcopirita y pirita), que pueden ser susceptibles de drenajes ácidos y generar «importantes impactos sobre el medio ambiente».

De hecho, para los colectivos «las evidencias visuales de la contaminación por metales pesados son claramente perceptibles en el transcurso de los 6 kilómetros del Rego da Braña Ancha desde las instalaciones mineras hasta su confluencia con el río Xallas«, observándose precipitados metálicos en algunos puntos que aumentan en días de lluvia, lo que estaría afectando sin duda al ecosistema fluvial.

UNA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OBLIGATORIA

Los grupos recuerdan que el 25 de marzo de 2009, la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas dictó una «Resolución de transmisión de derechos mineros» que establecía que la explotación de las concesiones estaría sujeta a una declaración de impacto ambiental junto con la aprobación del proyecto de explotación y restauración correspondientes, algo que fue confirmado el 6 de agosto de ese mismo año tras el informe del ingeniero Juan Lizaur Otero.Sin embargo, a pesar de estos requisitos, los proyectos de explotación y plan de restauración del Grupo Mineiro Santa Comba nunca fueron sometidos a evaluación de impacto ambiental, lo que, a juicio de las entidades ecologistas indica que «la empresa concesionaria no dispone de autorización ambiental para realizar la actividad, y mucho menos autorización para el vaciado de las balsas y el vertido sin tratamiento de dichas aguas al dominio público hidráulico».

Por estos motivos, estas y otras entidades de defensa ambiental han denunciado los hechos ante Augas de Galicia, la Consellería de Industria y el Ayuntamiento de Santa Comba, para que procedan de inmediato a la paralización de las labores de la empresa responsable del Grupo Mineiro Santa Comba y la incoacción del correspondiente procedimiento sancionador ante los indicios de un posible ilícito penal contra el medio ambiente y los recursos naturales.

TAHOCES TROPIEZA DOS VECES CON LA MISMA PIEDRA

De manera casi inevitable, lo sucedido en Varilongo recuerda al proceso judicial abierto por la Fiscalía de Medio Ambiente en 2019 contra Ángel Bernardo Tahoces, entonces director xeral de Enerxía e Minas y actualmente responsable de Planificación Enerxética e Recursos Naturais. En aquel caso, ocurrido en la mina de San Finx en Lousame (A Coruña), la ausencia de un estudio de impacto ambiental (EIA) a la hora de reabrir la explotación, los vertidos de aguas residuales de mina y su falta de sanción, así como la falta de control y asunción de responsabilidades por la situación de las balsas mineras, marcaron el devenir del responsable del PP al no descartar el organismo que pudiera haberse cometido un delito de carácter medioambiental.

En 2019 el portavoz nacional de Anova Antón Sánchez reclamó el cese inmediato del responsable de Minas de la Xunta / Parlamento de Galicia

Ese mismo año, el diputado y portavoz nacional de Anova Antón Sánchez exigió en sede parlamentaria el cese del responsable de Minas de la Xunta no sólo por los numeros frentes legales abiertos, sino por la admisión a trámite de diversas denuncias por la obstaculización a la información púlblica en proyectos mineros y energéticos y sobre todo por ser el responsable «de unas políticas del sector minero tolerantes con la agresión al medio ambiente y la salud de las personas y contrarias al interés general», algo que, a su juicio «no son la excepción sino la norma».