De la mina de Touro al Monte Neme: Anova denuncia la falta de control ambiental de la Xunta sobre la megaminería y sus impactos

En este sentido Anova-Irmandade Nacionalista denuncia que el actual Ejecutivo de la Xunta «desatiende la protección de algunos de los espacios más ambientalmente sensibles y representativos de Galicia para favorecer el rendimiento económico privado de directivos e inversores de las multinacionales del sector extractivo».

Es por ello que critican las manifestaciones públicas de representantes del Gobierno gallego como las de la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais Paula Uría sobre la defensa de la «minería sostenible». Para Anova la realidad «es bien distinta» ya que «la Xunta de Galicia lleva años siendo cómplice y mirando hacia otro lado ante las agresiones ambientales e incumplimientos legales por parte de diversas explotaciones mineras«.

La organización valora que del mismo modo que Anova lleva años denunciando que la avalancha eólica del oligopolio eléctrico se está produciendo en Galicia sin la normativa ni los instrumentos de protección necesarios para preservar los valores ambientales, paisajísticos, patrimoniales y los derechos de la gente del rural es necesario alertar que «ante un contexto mundial donde está creciendo la presión de las mineras para la extracción de recursos en un contexto especulativo de alta rentabilidad económica para las grandes empresas» el Gobierno gallego «sigue manteniendo la misma política de laxitud ambiental y completa falta de planificación».

Desde Anova se apunta que «uno de los ejemplos más evidentes de esta situación es el caso de Touro«, en el que la multinacional Atalaya Mining, que junto a Explotaciones Gallegas sostiene a la mercantil Cobre San Rafael, intenta hacer realidad una megamina de cobre a cielo abierto, si bien «también hay otras situaciones equivalentes» como la provocada por la multinacional australiana Rafaella Resources en Santa Comba y San Finx.

El grupo político considera que si Galicia tuviera «un Gobierno responsable», este debería contar con todos los instrumentos necesarios para garantizar la protección de la biodiversidad, de los recursos hídricos, del paisaje y la ciudadanía, algo que sin embargo no está sucediendo «por la lamentable política de la Xunta en materia de Energía y Minas».

Para Anova «la realidad a día de hoy es que Galicia carece de la normativa y de la voluntad política de controlar que la actividad minera no suponga una amenaza a nivel territorial como demuestra la total ausencia de ejemplos de restauración minera hechos conforme a la Ley y los casos de afección paisajística y contaminación dispersos por toda la geografía gallega pues la contaminación de la mina de Touro, el desastre del Monte Neme, las irregularidades de San Finx o lo que está sucediendo en la comarca de Valdeorras -con el brutal impacto de las pizarreras sobre el paisaje y los ríos- son solo ejemplos representativos de la total ausencia de control por parte de la Xunta de Galicia».

«Con una Ley del suelo que ha rebajado las exigencias permitiendo el establecimiento de la actividad minera prácticamente en cualquier lugar del territorio, la ausencia de una propuesta de ampliación de la Red Natura, desprotegiendo de facto los mejores paisajes naturales de Galicia, la carencia de un plan real de conservación y recuperación de especies amenazadas y en peligro de extinción o la dejadez con la catalogación de las zonas húmedas son ausencias fundamentales que muestran la vulnerabilidad en la que el Partido Popular deja al territorio gallego ante el incremento de la presión de las grandes transnacionales mineras. Por no cumplir, el Gobierno gallego ni ha cumplido con la obligación legislativa de elaborar el Plan Sectorial de Actividades Extractivas (PSAEG), que según la Ley 3/2008, de ordenación de la minería, ha de ser el máximo instrumento de planificación y ordenamiento en este ámbito» -explican desde Anova-.

El grupo político recuerda que «son ya 13 años incumpliendo la Ley» porque «Alberto Núñez Feijóo y su Gobierno prefieren un régimen de semiclandestinidad sin aclarar nunca sus intenciones«, como «cuando en el año 2013 el Ejecutivo sacó a información pública una propuesta del PSAEG que tuvo que retirar ante el escándalo que provocó su contenido, que daba barra libre a las empresas mineras a costa de la desprotección territorial de Galicia»-

«Desde entonces -continúa el grupo nacionalista- de lo único que se tienen certezas es de los constantes escándalos provocados por la opacidad y complicidad de la Xunta con la actividad ilegal de determinadas empresas mineras«, denunciadas por colectivos e instituciones y de manera destacada por el Defensor del Pueblo, que ha llegado a considerar al actual Gobierno de la Xunta como «Administración no colaboradora o entorpecedora».

Antón Sánchez ha denunciado en reiteradas ocasiones la dejadez y falta de control ambiental del Gobierno Feijóo sobre la actividad minera / Anova

«La complicidad con los desmanes de las mineras se disfraza de pasividad, obstáculos burocráticos ante las denuncias o dejadez. No hay actuaciones preventivas, no hay actuaciones de control y no hay, por supuesto, actuaciones punitivas frente a las infracciones. Hay complicidad e impunidad a la carta», manifiesta el portavoz nacional de Anova Antón Sánchez.

Como colofón la formación política concluye que «unos recursos limitados como los minerales, cuya explotación supone su agotamiento, no pueden ser gestionados bajo el prisma de la codicia del gran capital sino que debe primar el Principio de Cautela o Precaución y una planificación racional que tenga en cuenta las necesidades humanas y nos las especulativas«, teniendo en consideración la protección de los valores ambientales, las actividades agroganaderas, forestales y el turismo sostenible favoreciendo de este modo «un desarrollo ordenado del ámbito rural que garantice la protección ambiental, la salud pública y el mantenimiento del tejido social».